El acuerdo

Si algo destaco del diputado Gabriel Boric fue una idea que expresó en 2015 sobre Camila Vallejo y Giorgio Jackson, luego de aquellos pactar con la Concertación en el contexto de la futura Nueva Mayoría.  Matías del Río le consultó si consideraba que los dirigentes habían traicionado al movimiento estudiantil.

Respondió el joven magallánico que “creo que los apelativos morales son muy desafortunados y lo que yo tengo en ese aspecto son algunas diferencias políticas y no morales.  Ahora, esa diferencia política no impide ni me ciega a entender que tenemos que tener que trabajar en conjunto, en una cantidad grande de temas en que vamos a tener convergencia”.

Y en la controversia actual, la hoy diputada Vallejo señaló que “podremos tener diferencias con  @RDemocratica  y  @labeasanchez  sobre el ‘Acuerdo por la Paz’ pero condeno tajante y absolutamente funa q sufrieron el día de hoy. Así no podremos avanzar, necesitamos entre tod@s asegurar participación del Pueblo en proceso para Nueva Constitución!”.

Estos planteamientos no son originales, por cierto. Forman parte de todo proceso de transformación social por la dificultad humana de aunar criterios en la diversidad de miradas sobre diagnósticos, prioridades, objetivos finales, procedimientos para alcanzarlos.  Crisol en el cual es preciso, siempre, distinguir los propios temas accesorios de los esenciales.

Han pasado los días y mucho se ha debatido sobre los alcances del acuerdo.  Un ejercicio fundamental entre quienes participamos desde hace ya varios años y por distintas vías en el proceso de terminar con la Constitución de Pinochet, sumándonos a otros y otras que, como el Partido Comunista, lo han impulsado desde el día 1: el 8 de agosto de 1980, cuando fue promulgada la Carta Magna dictatorial que, de paso, oficializó su clandestinidad gracias al infame artículo 8º.

Las certezas han dado paso a las dudas, los claroscuros a las claridades.  Todo nutrido por el bombardeo de análisis sobre si lo alcanzado es bueno o malo, si nos permitirá avanzar hacia ese país más democrático, justo y equitativo que se anhela.  También si fue correcta la forma en que se fraguó todo, si era el momento para llegar a un acuerdo o se podía seguir esperando mejores condiciones en un contexto de presión social.

A la luz de la discusión en la izquierda y el Frente Amplio, mucha ciudadanía y organizaciones sociales, está claro que sigue habiendo disímiles interpretaciones.   Quizás porque estas no habían sido explicitadas antes y porque, ya en la praxis, van apareciendo materias por algunos no considerados previamente.  Hacer buena política es, precisamente, hacerse cargo de aquello.

Veamos.

El objetivo ha sido desde hace tiempo ya la Asamblea Constituyente.  Pero en algún momento, convencidos de la dificultad de lograrla directamente y por fuera de la institucionalidad, una parte creímos que la ruta era la reforma constitucional para lograr un plebiscito donde el pueblo dirimiera sobre su pertinencia y mecanismo.  Todo ratificado por un nuevo plebiscito.  ¿Era o no era esta la demanda de muchas y muchas?  Lo era. Lo es.

El problema es que, enfrentados a la posibilidad concreta, surgen elementos de la política real.

Negociar mientras se reprimía al pueblo.  Un tema complejo, considerando las comprobadas violaciones a los derechos humanos de agentes  del Estado al pueblo movilizado y a quienes cometieron actos de vandalismo.  Incluyo expresamente a los responsables de saqueos porque vulnerar garantías fundamentales no tiene contexto ni excepciones, por mucho que ciertos actos violenten.  Y esto queda claro cuando en el texto, que lleva por título la paz, tiene una leve mención a los crímenes institucionales y no alude a la justicia.

El problema son los que faltan, no los que sobran: las organizaciones que han puesto la demanda de nueva Constitución y Asamblea Constituyente en la mesa, tanto históricamente como hoy en un contexto de movilizaciones.

También por los actores que fueron parte del proceso.   En esto, en realidad, no es cuestión quienes participaron, incluida una derecha que desde el origen ha buscado mantener la Constitución actual y, en caso de no lograrlo, trabar sus cambios.  No, no cuestiono que se haya conversado con el oficialismo, más allá de la máxima de Tomic tan recurrida en estos días: cuando se negocia con la derecha es la derecha la que gana.

Porque si se quiere una salida institucional e incluso si se busca una Asamblea Constituyente, quienes piensan distinto tienen que estar en el proceso (aunque esto suene de Perogrullo cuando hablamos de democracia). El problema son los que faltan, no los que sobran: las organizaciones que han puesto la demanda de nueva Constitución y Asamblea Constituyente en la mesa, tanto históricamente como hoy en un contexto de movilizaciones.  Pero esas lógicas no necesariamente las digiere la política tradicional.  De hablar con la ciudadanía, porque de dialogar con los poderes empresariales mucha práctica sí tiene.

Hay otro aspectos bastante visibilizados.

La transmutación de asamblea constituyente en “convención constitucional”, el momento del plebiscito (donde abril es un buen mes: diciembre muy encima para educar e informar, enero y febrero plenas vacaciones, marzo de un lento reinicio a la normalidad, mayo demasiado lejano), la forma de elección de los delegados (paridad, pueblos originarios, no solo mayores de 18 años para votar y ser electos, posibilidades para independientes).

Las inhabilidades para ser candidato a delegado (no debiera bastar con renunciar a cargos de representación popular, los de alta visibilidad también y desde el momento en que se realice el plebiscito), las inhabilidades para ser candidato a cargos de elección una vez terminado el mandato, donde más allá de un año o más, hay quienes incluso cuestionan la figura porque se piensa que eso permitiría “que se elijan en el Parlamento los mismos que ya están, al restarle competidores”.

Están también los 2/3 para los acuerdos, donde temas relevantes a incorporar a la Constitución no pueden ser zanjados por simple mayoría, aunque es falso que sea un formato igual al de los enclaves de Jaime Guzmán porque es muy diferente 2/3 para reformar (que da una minoría derecho a veto a las modificaciones) que para incorporar (que obliga grandes acuerdos).  Un idea, que las diferencias sean dirimidas vía plebiscito.

Es esta una acotada lista.  Y lo razonable entre quienes comparten la visión de fondo de la transformación, se debata en clave política, no desde el púlpito de la superioridad moral.  En el fondo, hacer política.  Y para ello desde el viernes en la madrugada Chile ha estado en un diplomado express.

Entender aquello es lo que permitirá la unidad necesaria empujar el cerco de lo necesario e ir dejando atrás el principal legado de la dictadura y Jaime Guzmán, su Constitución.

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Patricio Segura

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