El estallido social y la crisis política institucional que se arrastra ya por cerca de 5 meses, plantea un conjunto de desafíos que se derivan de las demandas de la población, sin que el gobierno muestre la intención de hacer cambios profundos a las estructuras economico-sociales responsables del régimen de abuso imperante en el país.
Lo cierto es que se observa un denodado esfuerzo por torcerle el rumbo a la movilización social, mediante tibias reformas, operaciones políticas hacia sectores confiados en reposicionarse en sectores medios y, sobretodo, se observa un esfuerzo sistemático por reducir la crisis a un mero asunto de orden público.
No han sido estos los únicos intentos. Previo a estas operaciones de verano, se buscó culpar al movimiento social del escaso crecimiento económico, cuando sabido es que antes del estallido el gobierno nunca logró hacer crecer significativamente la economía.En efecto, durante todo el primer año de gobierno, la derecha se concentró en desarmar lo avanzado en materia de reformas por el gobierno de Bachelet, junto a medidas radicales de expulsión de trabajadores del sector público acusados de “operadores políticos”.Ganar el plebiscito del 26 de abril es solo el primer paso, porque el proceso no termina allí. El principal y más acuciante problema radica en la representación política que es necesario construir en poco tiempo.
Era tal el exitismo, que hace tan solo un año, el mismo Presidente de la República, se erigió en salvador del pueblo venezolano al asistir al show mediático de Cúcuta y buscó instalarse como líder de la derecha latinoamericana. Luego de hablarle a la prensa internacional del “oasis” chileno, varios de sus ministros de estado hacían gala de un lenguaje hiriente para la población. Estaban en plena ofensiva política y la oposición en el suelo.
Se han buscado últimamente las causas del desplome campante en el país, en razonamientos ridículos del tipo de la injerencia extranjera o el famoso estudio Big Data sobre la misma idea. Todas estas acciones han estado dirigidas a torcerle el rumbo a un malestar social profundo del pueblo chileno, al que el capitalismo salvaje agotó en el abuso.
Lo de fondo sigue sin solución y sin un derrotero claro, salvo por el plebiscito del 26 de abril, que la derecha dura busca tumbar. Digamos que lo de fondo está en las inequidades existentes en el país, una Constitución tramposa que ha impedido el juego de la política, el abuso en las relaciones sociales y económicas, el costo de la vida, los bajos salarios, el sobreendeudamiento de la población, amen de lo archi-sabido sobre las pensiones, la salud, la educación, la corrupción de las instituciones y el desacople de la política institucionalizada de la sociedad. Todo ello ampliamente documentado por instituciones serias de la sociedad civil o incluso la ONU, sin que la elite se diera por enterada.
El estallido social representa un cuestionamiento profundo al modelo neoliberal, pero también plantea un cuestionamiento a la política institucional actualmente existente, que incluye tanto a las instituciones del Estado como al sistema político partidario en su conjunto.
Ello porque venimos viviendo al amparo de un Estado convertido desde los tiempos de la dictadura en el garante de la reproducción abusiva del capital y los privilegios; una política pervertida y colonizada en muchos casos por el clientelismo, las prevendas y la antipolítica, una cultura hiperindividualista derivada tanto de la ideología neoliberal y la incapacidad de la política por resolver las contradicciones de la sociedad, son en lo esencial los procesos que en nuestro país fueron pavimentando el camino para el despliegue agresivo que fue consiguiendo el neoliberalismo en las relaciones sociales y económicas, porque además logró anular a la política como factor de cambio, cuando no comprarla.
Quien crea que la ideología neoliberal se limita solo a quienes profesan su religión y se benefician de su modelo, y que el resto de la sociedad se mantuvo pura e indemne al peso de su influencia, a la espera de su derrumbe, solo les recordamos de su fuerza parlamentaria y en todos los demás niveles de representación de la sociedad y el Estado, electos además democráticamente, más centros de reproducción ideológica en universidades y centros de estudio.
En nuestra opinión, el neoliberalismo es una realidad ideológica, política, social y cultural, digna de estudio. No por nada esta ideología ha sido también capaz de ganar a su lado a personas que alguna vez pensaron distinto y estuvieron comprometidas con el cambio, la solidaridad y la justicia social.
Dicho lo anterior, la derecha dura pinochetista resistirá hasta el final la existencia de una nueva constitución democráticamente decidida por el pueblo de Chile y hará lo imposible por mantener sus privilegios.
Pero el camino es claro. El esfuerzo sustantivo hay que colocarlo en el proceso constituyente que abrieron las movilizaciones sociales, darle un amplio respaldo a la opción SÍ Apruebo y la Convención Constituyente.
En este sentido, la carta firmada por 231 dirigentes de la exconcertación pasan por alto el protagonismo de la sociedad chilena que quiere cambios reales y no acuerdos insustantivos y elitistas.
Cómo ya lo hemos dicho, ganar el plebiscito del 26 de abril es solo el primer paso, porque el proceso no termina allí. El principal y más acuciante problema radica en la representación política que es necesario construir en poco tiempo.
Al respecto, son muchos los ejemplos de la historia que nos enseñan que la energía y generosidad de los pueblos por alcanzar mejores espacios democráticos resultan insuficientes cuando carecen de conducción política responsable y capaz de ponerse a la altura del proceso y sea ciertamente reconocida y legitimada por la población. Es una tarea hoy difícil por el desprestigio de la política, pero ineludible de acometer.
Lo esencial del momento político hoy, radica en evitar que la derecha dura haga abortar el plebiscito del 26 de abril, por lo que resulta imprescindible asegurar la soberanía popular sin chantajes ni desvíos militaristas. Desatado ese nudo, habrá que concentrarse en la elección de los delegados constituyentes, para que puedan acometer su función soberana.
Sin embargo, el sentido estratégico para superar la brecha entre “lo social y lo político”, podrá cobrar sentido y forma en la Nueva Constitución, mediante formas modernas de participación ciudadana, que redistribuyan el poder político entre los representantes públicos electos según convenciones de la política institucionalizada y formas de democracia social directa, que le permitan a la ciudadanía revocarle el mandato a aquellas autoridades gravemente incompetentes para asegurar la convivencia de la sociedad o probadamente corruptas, entre otras razones de alto interés público.
Aun en el caso de la política institucionalizada, será necesario reformar profundamente el régimen político, para evitar que el espacio público sea el escenario para la movilidad social o el espacio para el negocio sectorial y privado. Debido proceso en todos los casos, pero es necesario acotar las licencias del poder político tanto como el económico.
Pero el primer paso para empezar a dejar atrás la fundada percepción ciudadana de que la política se ha hecho parte del problema, es abandonando los egos y el individualismo exacerbado de mucho líder, para dar paso a acciones concretas y sinceras de unidad en pos de las demandas sociales.
La salida a la actual crisis por la que atraviesa el país es simple y clara: más y mejor democracia con justicia social, un Estado moderno al servicio de sus ciudadanos y basado en el respeto irrestricto y en todo momento a los derechos humanos.
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