¿Vacío legal o desacato?

Soy Marcela Abedrapo Iglesias, concejala de la comuna de La Florida, elegida con la primera mayoría comunal y con la segunda mayoría de votos a nivel nacional entre todos los concejales del país. Perdí una querella por Injurias y Calumnias, por hechos ocurridos hace cuatro años atrás, en un juicio aplazado varias veces por la pandemia. Pedí disculpas, que no fueron aceptadas, me pedían 10 millones de pesos, que no tengo, y finalmente se me condenó a 82 días, reemplazados por un año de firma mensual. Por el mismo tiempo de condena se me suspendió de mi cargo, aclarando el Tribunal, que dicha suspensión era de 82 días, independiente de que se haya remitido la pena y que deba seguir firmando por un año. 

El 6 de julio debía volver a mis funciones. Me presenté en Secretaría Municipal, donde se me comunica que para retomar mi cargo debía presentar un certificado de cumplimiento de condena que supuestamente emitiría el Tribunal. Me extrañó la respuesta, puesto que el 14 de junio la Secretaría, y a través suyo la Administración Municipal, fue notificada de la aclaratoria de sentencia, en la que se corroboraba que la suspensión era por 82 días. 

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El 14 de junio la Secretaría, y a través suyo la Administración Municipal, fue notificada de la aclaratoria de sentencia, en la que se corroboraba que la suspensión era por 82 días. 

Pedí, entonces, junto a mi abogado, que el Tribunal emanara el certificado solicitado por la Municipalidad y se me respondió que no correspondía que se emitiera sólo por el cumplimiento de la suspensión y que este sería otorgado luego del cumplimiento del año de firma. Insistí en el Tribunal, explicando en detalle la situación y se me vuelve a decir que el certificado no se despachará y que me remita a Contraloría. Detallé todos los actos administrativos, a través de los cuales se me imposibilita ejercer mi cargo por parte de la Municipalidad, pero la Contraloría me responde que no emitirá pronunciamiento por tratarse en el fondo de una sentencia judicial. Luego de aquello, vuelvo a acudir al Tribunal y a la fecha espero una respuesta, en la cual se le ordene al Municipio aceptar mi incorporación. 

¿Se trata de un vacío legal o de un desacato por parte de la Municipalidad? El propio alcalde dijo en sesión de Concejo que no se aceptará mi reincorporación luego de un año, el Director Jurídico elaboró un documento que contradice la aclaratoria de sentencia del Tribunal, el Administrador y la Secretaria Municipal, ambos también abogados, no dan respuestas aclaratorias, y en la página web municipal aparece destacado con rojo que yo estaré suspendida hasta el 23 de abril del 2023, además de haber publicado una nota en  el mismo portal en donde se señala que ha cambiado la composición del Concejo Municipal. 

Ya van tres sesiones ordinarias y una extraordinaria de Concejo, en la cual se ha impedido mi participación con mis plenos derechos. En vista de ello, en solidaridad, la mayoría de concejales decidió el martes pasado exigir el cumplimiento de sentencia, para permitir que ingrese con plenos derechos para cumplir con la representación de los vecinos. Minutos antes de iniciado el Concejo, nos encontramos con la sorpresa que ingresarían a la sala niños y niñas de diversas edades a presenciar el desarrollo de la sesión, razón por la cual algunos concejales plantearon que no ingresarían porque de hacerlo se expondría a los y las niñas a una situación de conflicto. No es aceptable que la infancia presencie discusiones en el espacio público ni privado, y los adultos debemos actuar con responsabilidad cuidando su integridad psicológica. 

El alcalde acusa ahora, que los concejales no cumplen sus funciones, cuando es su propia administración la que no respeta una resolución judicial y termina exponiendo a niños y niñas. ¿La justicia se acata sólo a veces? ¿La infancia primero? Sólo decimos, no más abuso de poder.