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Geografía de la multitud y la asonada municipal

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Nuestro sistema político nacional, en clave territorial/local, tuvo varias tensiones que derivaron en reformas políticas, no necesariamente sincronizadas con un sistema democrático deseado, ni menos con las demandas ciudadanas más consientes. Quizás una excepción estuvo en la reforma que permitió la elección directa de los alcaldes en el año 1992. Este acto, torció la tendencia que instaló la constitución de 1980, respecto de cómo elegir las autoridades. El mecanismo político para que ello se diera, fue instalando la iniciativa en el Primer Programa de Gobierno de la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia, como prioritario de gestionar cuando se instalara el nuevo gobierno.


La evidencia indica que la asociación permitió una capacidad de articulación, asertividad política y presión sobre el sistema político nacional, que debiese proyectar reedición para otras varias ocasiones, teniendo en este Proceso Constituyente

De ahí en más, se vinieron una serie de modificaciones de tipo administrativa y de financiamiento municipal, desde ajustar el Fondo Común Municipal (FCM), como fiscales por medio de las leyes de renta I y II. También hubo modificaciones en el sistema de elección de autoridades municipales-locales. Así, en el año 2004, se celebraron las primeras elecciones separadas de alcalde y concejales, transparentando las voluntades políticas de los candidatos a ocupar cargos en el Concejo Municipal. Antes de esta modificación, todos los candidatos querían ser alcaldes, operando del mismo modo cuando sólo alcanzaban el escaño de concejal, situación que no permitía la gobernabilidad política del sistema político local.

En el año 2011, vía ley 20.500, se modificó la participación ciudadana que se encontraba, entre otros dispositivos institucionales, representada en la figura de los Consejo Económico y Social Comunal (CESCO), reemplazándolo por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), hecho que reconfiguró el mecanismo de participación en algunas funciones y atribuciones, como también en su mecanismo de elección y representación (estamentalmente organizados y elegidos en guarismos funcionales al número de concejales de cada comuna). Reconocido es, que la nueva figura está muy contenida, producto de que la presidencia por ley recae en la máxima autoridad edilicia de turno, impidiendo definiciones vinculantes en ámbito municipal, cuando de la participación de la ciudadanía se refiere. Así, han existido otras varias modificaciones, las cuales tienen que ver con aspectos de tipo administrativo/burocrático/político asociado a: 1.- las plantas municipales, 2.- mejoramiento de dietas a concejales, 3.- creación de la figura de notable abandono de deberes por parte de los concejales, 4.- creación de los Consejos Comunales de Seguridad Pública, etc. Por espacio, no es posible profundizar en cada una de estas otras modificaciones que suponen mejorar la gestión local.

En pleno despliegue de la Geografía de la Multitud, se evidenciaron otras situaciones que venían sistemáticamente estudiadas, sistematizadas y representadas por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en orden al excesivo centralismo político, económico y fiscal que caía y cae sobre la gestión local del territorio. La Geografía de la Multitud, dejó en evidencia manifiesta, la necesidad de más descentralización, la importancia de la gestión local, democratizada, por cierto, y atender así, las desigualdades estructurales de todo tipo, existentes en el territorio patrio. La realidad de lo anterior (que termina pareciendo caricatura), se evidencia cuando se comparan los per-capitados de la Comuna de La Pintana v/s los de Providencia, y qué decir, los anclados en territorios locales rurales v/s los urbanos, ni hablar de los territorios aislados de Chile. En términos generales, el gasto público, por esta escala de la gestión del Estado, con suerte alcanza el 10% o 13%, evidencia de la falta de descentralización de todo tipo.

Sin perjuicio de ello, el municipalismo chileno, con sus luces y sombras, ha instalado una problematización permanente en la diversidad de aspectos que debe atender desde los territorios en los que se ancla, no sólo con escasez de recursos de todo tipo, sino que también con la NO coherencia de gestión con las otras escalas de la Administración del Estado, sea en su expresión de Gobierno Regional (figura que hoy se encuentra en transición, producto de la votación popular del gobernador regional, quien reemplaza al Intendente, que sin perjuicio de no venir con todas las funciones y atribuciones claras, es un paso adelante, cuestión que debería subsanarse ahora), como de los diferentes sectores que se encuentran comprometidos en la gestión del mismo (salud, educación, desarrollo económico y, así, otras).

Con todo, y en plena Geografía de la Multitud, fueron los municipios los que se instalaron en la primera línea, sea porque el Gobierno los convocó a las primeras reuniones como mecanismo de canalización de la energía social desplegada, o bien, porque gradualmente se instalaron empoderada-mente como expresión institucional y territorial prioritariamente conectados con:

a.- las dinámicas sociales (son los municipios con sus departamentos de asistencia social, los que conocen los paupérrimos sueldos, incapacidad de gestión de vivienda, indignas pensiones, mala salud y educación, vulneración de derechos, entre otros); b.- de seguridad pública (vía Consejos Comunales de Seguridad Pública, son conocedores de las precariedades de la forma institucional que ellos mismos administran, como también de las diferenciadas y mínimas posibilidades que tienen para gestionar la fuerza pública y el aumento del flagelo de tráfico y micro-tráfico de drogas, entre muchas más); c.- de ordenamiento del territorio (vía planes reguladores hacen carne el centralismo político, cuando los planes intercomunales y regionales urbanos graban los usos de suelos, permitiendo, como ha sido la tónica hasta hoy, verdaderas segregaciones urbanas); d.- el desarrollo económico diferenciado y desigual (mientras algunas comunas acumulan patentes comerciales significativas en monto, otras tantas, luchan por los permisos de circulación que anualmente se despliegan sobre sus territorios o de otros, o bien gestionan desregulada-mente, el pequeño comercio, como son las ferias libres, o algunos negocios establecidos como el almacén de barrio); e.- de las precariedades para avanzar en adecuada gestión ambiental (si bien, los últimos ajustes de la ley de medio ambiente, obliga a los municipios a crear, por lo menos oficinas del ramo adscritas a las Dirección de Aseo y Ornato, las mismas no dan abasto para involucrarse de forma adecuada en los instrumentos de evaluación ambiental que muy superficialmente puede revisar e involucrarse, menos de educación ambiental y promoción del medio ambiente); f.- de la necesidad de la modificación del cambio de régimen político (fuera de gastar/invertir muy poco del presupuesto público nacional, el actual régimen político hiper-presidencialista y centralista, impide legislar adecuadamente para fortalecer esta escala de gestión territorial, sea para democratizar el régimen político local, el cual replica los mismos vicios que el nacional, sea para democratizar el presidencialismo imperante, o bien, derechamente gestionar un semi-presidencialismo, buscando de esta forma una mejor cobertura hacia lo local y lo regional, cuando de la administración del poder se refiere). Estas son sólo algunas de las múltiples conexiones existentes en términos territoriales.

Esta irrupción del mundo local-municipal en el marco de la Geografía de la Multitud, que tensionó al sistema político general, no es gratuita. Tiene una explicación ‘simple/compleja’, la cual se explica en las anteriores descripciones, pero también desde la gestión política, a propósito de la capacidad de asociación municipal transversal en lo político-territorial. Pasó lo que pasó gracias a la plataforma política que se viene fortaleciendo desde la década de los 90’, cuando se crea la ACHM, la cual, durante años, fue capaz de agrupar a la mayoría de los municipios de Chile, con el propósito de: a.- mejorar los servicios municipales por medio de la experiencia comparada; b.- negociar con el gobierno central más recursos para EL hacer territorial/sectorial (no siempre con los mejores resultados); c.- fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de alcaldes, concejales y funcionarios municipales; d.- proyectar internacionalmente el mundo municipal chileno con el latinoamericano, pero también con el global y así otras consideraciones que no es posible en esta opinión consignar. Cabe indicar que la fortaleza de la misma, desde sus inicios, fue que operó sin existir legislación ad hoc para su funcionamiento (incluida su transversalidad política).

Con justicia, se puede afirmar que esta Asociación explica significativamente el municipalismo actual, el cual, en cuanto categoría de análisis, como también expresión política, fue capaz de liderar, o bien, crear condiciones para la cristalización de otras asociaciones a otras escalas geográficas, en vínculo con la misma (o bien, autónomas), organizadas por cuestiones políticas, territoriales, regionales/sectoriales, del turismo (temáticas), entre otras varias oportunidades de organización. Además, el municipalismo puede entenderse más robusto, gracias a la creación de la ley que le dio otro soporte legal, esto es, la ley 20.527 (regula asociaciones municipales, publicada el 06/09/11), la cual viene a modificar la 18.695 (Regula al municipio), antecedida por la ley 20.346 (que aprobó la reforma constitucional para el Asociacionismo Municipal, ello en mayo del 2009). Estas leyes, vinieron a permitir la creación de las personas jurídicas de las mismas, situación inexistente previo a ello, dificultando una serie de gestiones para el fortalecimiento de la asociación municipal/municipalismo.

Hoy, la evidencia indica que la asociación permitió una capacidad de articulación, asertividad política y presión sobre el sistema político nacional, que debiese proyectar reedición para otras varias ocasiones, teniendo en este Proceso Constituyente, terreno fértil para tal acción. Difícilmente, se les podrá negar el mérito de haber contribuido a que el Presidente Piñera, accediera a cambiar la constitución en la fórmula que ya se le conoce (plebiscito de entrada, deliberación vía Convención Constituyente, plebiscito de salida). Los municipios celebrarían una Consulta para la primera semana de diciembre, que ante el giro presidencial, se tuvo que ajustar para la segunda semana de diciembre, sumando a más de 200 municipios a la consulta, utilizando diversos medios tecnológicos y clásicos para llevarla a cabo, superando los 2 millones de vecinos y vecinas pronunciándose, no sólo reafirmando lo vivenciado desde el 18 de octubre en adelante, como es, el cambio de la constitución, sino que también validando una serie de aspectos de interés de chilenas y chilenos, a escala local funcionales a una agenda social verdaderamente territorial.

Ante la legítima observación crítica, respecto de que pudo ser más la ciudadanía que debió participar, se debe indicar que la misma tuvo que hacer frente a: 1.- Un gobierno que no la promovió, es más, fue ausente de la misma; 2.- un Servicio Electoral que no se sumó; 3.- Algunos municipios, por la premura y convicción, no pudieron hacer más por difundir (costos incluidos); 4.- Una tendencia histórica a no participar en proceso electorales (abstencionismos), sin perjuicio de las masivas geografías multitudinarias a toda escala que se desplegaron por territorio nacional; y así otras. Por lo tanto, el resultado fue de éxito, asegurando de paso, varios dispositivos ciudadanos (base territorial) articulados localmente para lo que significará el siguiente acto plebiscitario del 26 de abril.

Así, una de las tantas conclusiones que se pueden sacar en limpio, miradas desde el lente de la Ciencia Política, es que los Gobiernos Locales tienen una oportunidad histórica para serlo definitivamente. Demostraron una capacidad de articulación inédita, por lo menos en la opinión pública. Nunca nadie discutió la importancia del municipio en el sistema político general, en cuanto primera puerta de conexión entre la comunidad y el aparato del estado, pero nunca, por lo menos desde que se recuperó la democracia, habían tenido una relevancia estratégica, en cuanto variable independiente que obligó al gobierno nacional a allanarse al cambio constitucional, con Convención Constituyente, inclusive.

También, desde la ciencia política, se puede constatar cómo los municipios o el municipalismo, fue capaz de lograr una inflexión en la correlación de fuerza interior del Estado cuando de poder se refiere, esto es, cómo las relaciones de poder del municipalismo, fueron (son) capaces de desbalancear los equilibrios de poder atávicos de nuestra República. Tal situación proyecta un desafío para esta escala sub-nacional, cual es, cómo capitalizar tal situación. Ni el Congreso, ni los partidos políticos, ni otras organizaciones intermedias fueron tan asertivas para instalar una cuestión de fondo, como es el cambio constitucional, hecho que, si bien se logró en un contexto de Geografía de la Multitud sistemática en tiempo y espacio durante más de dos semanas, demostró que la coherencia argumentativa transversal desde lo local, es capaz de mover la brújula hacia los más cercanos sentidos de realidad, como es la dinámica territorial, apelando a más democracia.

Entre las formas concretas de capitalizar esta situación podrían consignarse, en lo general: a.- seguir problematizando el proceso descentralizador, consolidando y mejorando lo logrado en la escala regional; b.- resituándolo paralelamente en la escala local y de forma urgente, sobre todo en el Proceso Constituyente. Entre las medidas más específicas: a.- pasar de administración local a un gobierno local efectivo; b.- aumentar el gasto/inversión pública en la escala local con otro Fondo Común Municipal; c.- democratizar el sistema político local, sea re-balanceando el poder al interior del concejo municipal, o bien, re-perfilando los COSOC[5]; d.- permitir la iniciativa de inversión económica local desde el municipio, así, entre varias otras.

Si desde la Ciencia Política, se pueden realizar estas lecturas, más otras, desde la Geografía, y en específico desde la Geopolítica, se pueden realizar algunas complementarias. Así, la Geopolítica Clásica, preocupada de la seguridad del Estado Nacional a propósito de su integridad territorial amenazada por otra potencia, entre otras, hoy la geopolítica, desde un lente crítico, debe preocuparse de cómo las expresiones sub-nacionales se alinean para conseguir justos y democráticos intereses. Hoy se es testigo, cómo, esta expresión sub-nacional local irrumpe des-alineando el sistema político, pudiéndolo hacer en profundidad en Momento Constituyente. La escala sub-nacional, es lo que es, además por las comunidades territorializadas más o menos organizadas, pero que, cuando irrumpen en clave de multitud geográfica, se potencia con los aparatos municipales locales, cuestión refrendada en estos momentos, esperando su profundización y problematización en Momento Constituyente para lograr una democracia más territorial, más solidaria y más justa, posibilitando una República inclusiva, tolerante, sustentable, fraterna, paritaria, esto es, una República centrada en la persona humana.

TAGS: #ChileDespertó #Municipalidad #ParticipaciónCiudadana #ProcesoConstituyente Geografía de la multitud

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