El 12 de mayo fue publicado en El Diario Oficial el decreto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que constituyó la Comisión Asesora contra la Desinformación. De la queja y el lamento constante, tanto nacional como global, el gobierno dio un paso adelante y se hizo cargo de un problema que pasó de amenaza a obstáculo para el ejercicio de la democracia. Entendida ésta como la voz del pueblo (correctamente informado, por algo están regulados los procesos electorales).
Ha sido la vocera Camila Vallejo a quién le ha correspondido poner no sólo la voz sino la cara para sacar adelante la tarea. Desde una cartera que, seamos honestos, partió en 1932 como Secretaría General de Gobierno (Segegob) pero que fue durante la Dictadura (militar y de derecha) que asumió el rol ministerial de “ejercer la rectoría suprema del sistema de comunicaciones del Estado y facilitar la comunicación entre gobernantes y gobernados”, nos recuerda el portal institucional.Hace unos días, tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron proyectos tendientes a desbancar esta comisión. Acusan que sería un medio para censurar, a pesar de que dicha instancia no tiene poder ejecutivo, resolutivo ni legislativo
Fue a su alero, a través de la División de Organizaciones Civiles (hoy Sociales), que en los años setenta nacieron la Secretaría Nacional de la Mujer, la Secretaría Nacional de la Juventud, la Secretaría Nacional de los Gremios y la Secretaría de Relaciones Culturales. Negra época en que la Segegob intervino la sociedad civil, censuró a los medios mediante la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos) y digitó el asesinato del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Tucapel Jiménez.
Fue recién durante el gobierno de Patricio Aylwin que su enfoque se orientó a la coordinación comunicacional del Ejecutivo, su interrelación con la ciudadanía y el fortalecimiento de la participación ciudadana, como puntales de toda sociedad democrática.
Los problemas que un sistema mediático desbalanceado y sin responsabilidad con respecto a lo que se difunde están ampliamente estudiados. No sólo por las nuevas tecnologías: de ello supo muy bien la Dictadura que, apoyada por las cadenas Copesa y El Mercurio, montó efectivas operaciones de desinformación y manipulación. El asesinato de la dirigenta del MIR Lumi Videla por agentes de la DINA, el infame titular de La Segunda “Exterminados como ratones” o la caricatura del dibujante Lucas mofándose del ajusticiamiento de la propia Videla son una acotada muestra de que el manejo comunicacional ha sido parte fundamental del ejercicio del poder. O una forma de hacerse de él, incluso.
Así lo supo el mundo con el caso de Cambridge Analytica en 2018, cuando se conoció que empresa utilizó información recopilada a través de un inofensivo test en Facebook (que accedía de forma no autorizada información privada de los usuarios) para generar mensajes personalizados que cambiaran las preferencias electorales en la campaña de 2016 en que Donald Trump derrotó a Hilary Clinton. Y no sólo eso, también creó noticias falsas tendientes al mismo objetivo. Tanto la compañía como Facebook fueron multados pecuniariamente en distintos países, aunque fundamentalmente por la filtración de datos personales.
Por lo pronto, en nuestro ordenamiento jurídico la libertad de expresión y prensa tienen ciertas limitaciones (como la sanción a la injuria y la calumnia), siendo incorrecto afirmar que estas garantías no se pueden regular. Y así es en todos los países. Sin embargo, y lo sabe muy bien quién haya sido objeto de una funa a través de redes sociales basada en falsedades, ha quedado corta la legislación ante el avance de las cada vez más potentes y desconcertantes tecnologías de la comunicación. Más aún, la generación de contenidos por sistemas de inteligencia artificial son un salto al vacío al respecto.
A pesar de todas estas evidencias, la oposición las ha emprendido en contra de la Comisión Asesora contra la Desinformación. Es posible que su leit motiv sea la ganada chica, dado que, hasta el momento y al menos en Chile, es el sector que más se ha beneficiado por esta dinámica.
Lo cierto es que no es la primera vez que desde la institucionalidad se intenta meterle mano a las fake news.
Según consignaba en 2022 el medio digital Fast Check (ganador del Premio Periodismo de Excelencia 2019 en categoría Digital-Innovación), a esa fecha ya había al menos 8 proyectos de ley en el Congreso que se hacían cargo, de alguna forma, de las noticias falsas. “La preocupación es transversal: los distintos proyectos de ley han sido presentados por parlamentarios del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente” se señalaba en la plataforma.
Ahí están el que busca “que las autoridades, como el Presidente de la República, diputados, senadores, alcaldes y concejales, cesen sus cargos en caso de difundir, promocionar o financiar noticias falsas”, el que sanciona las “fake news que pertuben el orden público” y otro que penaliza a quien “difunda noticias falsas sobre la crisis sanitaria”. También, el que regula este tipo de prácticas en la política, y en las plataformas y redes sociales, el que directamente sanciona la difusión de noticias falsas y uno específicamente dirigido a cautelar la veracidad de la información durante la campaña por el Plebiscito de septiembre de 2022, que claramente no se aprobó.
A éstos recientemente se agregó uno más, de julio de 2023, que “modifica el Código Penal, para sancionar el financiamiento de la creación, difusión o promoción de noticias falsas o desinformación, en los casos que señala”.
La preocupación es transversal y no, como ha querido instalar la oposición, un capricho más del totalitarismo bolchevique. En circunstancias que, a decir verdad, la ultraderecha en Chile sí que sabe de totalitarismos.
El 5 de julio el gobierno dio a conocer la/os nueve integrantes de la Comisión Asesora contra la Desinformación. Cinco hombres y cuatro mujeres apartados de la contingencia política, de ésa que paulatinamente se ha convertido en un fangal en el cual todo vale (incluso mentir). Experto/as cuya trayectoria se sustenta en investigaciones en el ámbito jurídico, de las comunicaciones y la tecnología, que aportarán luces sobre un tema del cual hay que hacerse cargo.
Hace unos días, tanto la Cámara de Diputados como el Senado (controlados por la oposición) aprobaron proyectos tendientes a desbancar esta comisión. Acusan que sería un medio para censurar, a pesar de que dicha instancia no tiene poder ejecutivo, resolutivo ni legislativo, sólo ser un espacio de reflexión que permita futuras políticas públicas para enfrentar un debate que, paradójicamente, quieren silenciar quienes dicen abogar por la libertad de expresión e información.
Comentarios
30 de julio
A propósito de la desinformación…¿Algún comentario sobre las fundaciones truchas y la moral del Gobierno?…..¿O eso será catalogado de noticia falsa y reprimido por parte de la flamante comisión?
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01 de agosto
pudieran dar ejemplos actuales de desinformación, que considera el Gobierno como tal.
¿Quiénes serían las personas que están cometiendo esta desinformación, según el Gobierno?
¿Son las mismas personas que aparecen en esa Lista Negra atribuida al partido comunista que circula en la red?
En esa lista aparecen personas dando una visión contraria al Gobierno y me pregunto ¿por qué el Gobierno no los invita a debatir lo que ellos exponen, de forma nacional, para desmentirlos, si es que están desinformando?…
Igualmente esos ejemplos deben ser dados a toda la comunidad nacional por parte del Gobierno, ejemplos que lo llevan a crear esta especie de Ley encerrona contra algunas personas, aparentemente.
Entonces, como existe el velo de la duda de sobre qué considera desinformación el Gobierno moralmente superior que tenemos, sería, insisto, bueno que se dieran estos ejemplo de desinformación.
¿Conocés álgúnos?
Es bueno que los comentes, si los conoces, porque de lo contrario toda la columna se transforma en una forma de justificación de lo que hace el Gobierno, y ellos, hasta aquí, siempre están necesitando justificaciones a las cosas extrañas que les circulan en sus mentes.
Digo, ¿a quién se le ocurre solicitar inversión extranjera en Chile, deseándole a Chile que sea la tumba del neoliberalismo?
¿O a quién se le ocurre sexualizar la educación en los niños en los colegios?
Falta espacio para describir lo que hacen…
¿Cuáles son esos ejemplos de desinformación, entonces?
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01 de agosto
Aprovecho de responder a ambos.
A Arturo Bechtold: Sí, hemos abordado este tema, condenándolo y poniendo en contexto sobre todos quienes le han pegado manotazos al Estado. En «Los manotazos al Estado más allá de las fundaciones» https://www.eldivisadero.cl/media/Papel_digital/arch_refid1671.pdf
Y a Seríaestupendoquese, previo a responder, sería necesario primero que se identifique, ya que parte del problema es la falta de responsabilidad a decir cualquier cosa sin hacerse cargo de los efectos de lo que se señala. Un pequeño ejemplo: decir que cada cilindro de gas costó 115 mil pesos en el programa «Gas de Chile» y no poner en contexto que es una iniciativa piloto, que lógicamente involucra inversión inicial que luego bajará, es desinformar. Pero, a propósito de tus opiniones anónimas, no sé si te agradará ese debate.
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01 de agosto
No tengo particular opinión en el tema de los costos de esos balones de gas, Patricio. No podría decir mucha cosa, a excepción de que, visto ese ejemplo, solo se me hicieron necesarios otros. Si los tuvieras, sería estupendo que los menciones, para darle un dimensión correcta al problema, porque ese ejemplo creo que no bastaría.
En cuanto a mi identificación, he sido usuario de elquintopoder hace muchos años. Mi cuenta en este momento como tal está restringida, seguramente, porque no me permite ni enviar columnas, ni hacer comentarios con mi nombre. Además, siempre es público mi sitio web (https:// podercivil .cl) y cualquiera que indague en ello podrá verificar mi nombre. Escribo ese sitio web con faltas porque tampoco la plataforma permite dejar un link en los comentarios. (Desconozco el estado al minuto de todo lo que comento respecto a la plataforma de elquintopoder, pero, es lo que he verificado en otras oportunidades)
Además, eso de no poner mi nombre lo uso para rellenar lo que pueda con nuevos caracteres relativos al comentario, porque 1.500 caracteres son a veces insuficientes según lo que cada quien pueda escribir.
Entonces, en relación a lo que tú planteas, me interesan en extremo esos ejemplos para tener una mejor concepción del contexto que envuelve a la idea. En relación a los balones de gas, no sé en qué terminó todo eso. Interpreto que no muy bien, según lo que dices, pero, si es debate lo que se necesita, no sé si quisieras añadir algo más al respecto…
01 de agosto
Sobre ejemplos, hay muchos (lamentablemente). Y no sólo de un sector político o en los medios. Las responsabilidades de desinformar, no sólo mentir, son múltiples. Por eso es interesante la Comisión, permite un primer análisis.
Había puesto los links de análisis sobre ello pero desaparecieron (supongo porque no lo permite). Porque he escrito bastante al respecto. Busca «La impunidad a la hora de difundir noticias falsas» (en esta misma plataforma) o «Recuento valórico post electoral: Estamos en la B» (en El Mostrador). Por ejemplo, como cuando desde la oposición a Piñera se trucó una imagen de un cierre de su campaña para acusarlo de falsar uno lleno total, lo cual era falso, sí había lleno total. Y eso no es baladí, generó tendencia.
Entonces, el tema es más complejo que el partisanismo al cual se quiere limitar la discusión. Porque estas prácticas afectan la democracia, claramente. Y sobre ello, espero, podrá aportar a dar luces la Comisión, que no tiene atribución legislativa, ejecutiva ni judicial alguna. Lo que se pretende con acciones de fuerza, es silenciar un debate esencial.
Sobre los cilindros de gas, esta semana publicaré acá una column sobre aquello.
Saludos.
03 de agosto
Me impresiona que la frase «Los manotazos al Estado más allá de las fundaciones» practicamente no existe en google…o sea, si se publicó, es en alguna pagina marginal. Pero en EQP, al parecer, la probidad no es un tema del autor.
01 de agosto
El «y no poner en contexto..» ha Sido vilipendiado cuando se habla del tema del 73. En suma, para ciertas cosas se pide visión más amplia para entender los fenómenos, y para otras «no existe contexto».
Cómo verá, para las «fundaciones» , hay que ver todos los que han pegado manotazos….
En suma, depende de si se está a favor o en contra, la perspectiva se amplía o se enfoca.
Saludos
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03 de agosto
¡Qué manera de hacer elucubraciones a partir de la falta de información!
En fin, busca en El Divisadero, el diario de la región en que vivo, en ediciones anteriores, fecha 4 de julio, sección columnas. Que no lo encuentres y a partir de ello señalar que » EQP, al parecer, la probidad no es un tema del autor», es pasarse varios pueblos, con el sólo fin de parecer cuestionar al voleo.
Información de calidad, eso es lo que se requiere aunque algunos intenten silenciarlo apelando a argumentos truchos. ¡Saludos!
04 de agosto
Nada de elucubraciones. Simplemente se retrata en dicha publicación que ….casi todas las corruptelas eran de derecha. Las de la izquierda…simples hurtos. Una bajada de perfil asombrosa.
Pero la realidad es que,por ejemplo ahora aparece el señor Ancalao, nuevamente, en casos de corrupción gigante. Vemos que quienes se han coludido con estos personajes , tipo Camila Polizzi, ViVEN de tratar de conseguir un Estado que les pase plata para sus «causas»…pero, finalmente, cómo dijeron proféticamente Los Prisioneros…Quieren dinero…solo eso, detrás de discursos y frases , quieren dinero.