Efectivamente, en un mundo donde se releva que toda persona sea dueña de su destino, sus acciones, y la libertad como un bien esencial, cada cual puede elegir autónomamente cómo obtiene sus ingresos. Hacer empresa o trabajar remuneradamente en determinada actividad, donde lo que dicta la ley sería el único limitante a evaluar al momento de tomar una decisión de este tipo.
Sin embargo, esto solo en un mundo ficticio. Porque ese mundo no existe. Desde el momento en que el libre albedrío no es total, la autonomía personal (el yo) está condicionado por el contexto (la circunstancia). Esta realidad es la que intenta abordar la política desde la idea de igualar las oportunidades en una sociedad con economía de mercado. Y el Estado de bienestar en muchos países, principalmente europeos, donde es la sociedad en su conjunto la que resuelve las necesidades sociales y materiales básicas de sus integrantes, y estos no deben someterse a la vulneración de sus derechos fundamentales por la desesperación. Como por ejemplo, donde por la urgencia de solventar salud, vivienda, educación deben aceptar vivir en áreas convertidas en zonas de sacrificio por sus propias fuentes laborales. Puchuncaví y Quintero, Freirina, Tocopilla, Coronel, Alto Mañihuales, son casos muy claros de aquello.La minería es un sector de alto impacto ambiental y social, que en nuestra región ha dejado desperdigados diversos tranques de relave contaminantes, que es el Estado hoy el que a través de fondos públicos debe remediar
Pero el tema no se relaciona solo con los límites de nuestra voluntad al momento de elegir.
También, por los efectos que tiene mi hacer empresarial y laboral en terceras partes, sean estas el patrimonio natural, las comunidades aledañas e, incluso, quienes sí que no tienen otra opción que aceptar lo que otros deciden por ellos.
En todo esto pensaba mientras leía la crónica de Radio Santa María que informaba, la semana pasada, sobre dos casos de cáncer de tiroides infantil en Chile Chico. Una patología muy poco frecuente en niños y niñas, y generalmente asociada a herencia genética o a una constante exposición a radiación.
Y sobre ello, el toxicólogo Andrei Tchernitchin ha señalado que se podría deber a factores genéticos o ambientales. El presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico ha indicado que se puede originar en la exposición a “productos mineros, algunos compuestos radioactivos que favorezcan también el desarrollo, y también el flúor, a veces en algunos minerales o lugares volcánicos hay eliminación de flúor la cual puede pasar al agua o haber una contaminación atmosférica y todo eso cuando se junta favorece el desarrollo de cáncer”.
Y el médico hace un llamado: se deben realizar investigaciones que permitan establecer posibles causas, “ya que de existir algún factor ambiental podrían presentarse nuevos casos”. Y da una señal: “En la minería del oro hay que moler el material hasta llegar a la veta y por lo tanto hay otros minerales que tienen toxicidad. Ahora en la minería moderna del oro no se utiliza mercurio, pero curiosamente donde hay yacimientos de oro, también hay yacimientos de minerales de mercurio y esta también es una sustancia tóxica que hay que investigarla”. Lo mismo que con el vanadio, otro metal pesado que presenta complejidades en términos de salud pública y ambiental.
La minería es un sector de alto impacto ambiental y social, que en nuestra región ha dejado desperdigados diversos tranques de relave contaminantes, que es el Estado hoy el que a través de fondos públicos debe remediar. O el caso de la muerte de animales e intoxicación por metales pesados de los pobladores de Alto Mañihuales, como constatara en 2015 el propio Colegio Médico.
Por cierto, toda persona tiene el derecho a trabajar en lo que estime pertinente. Más aún en un país como Chile que gracias al modelo neoliberal que mercantiliza los bienes y servicios más básicos (no hay derechos garantizados a la salud, la educación, la vivienda, el agua, la energía) obliga a muchos y muchas a aceptar la vulneración de los derechos propios.
Pero tan o más grave aún es que derive en la destrucción del patrimonio común o incluso en la vida de niños y niñas, que no tienen injerencia alguna de las decisiones que toma los mayores, sean estos trabajadores, empresarios e incluso autoridades políticas. Por ello, como dice Tchernitchin, la gravedad de la situación requiere que se conozcan los alcances de lo ocurrido.
Esto, solo como un pequeño pero fundamental paso para avanzar en justicia socioambiental.
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