En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
La pandemia sigue afectando de manera desproporcionada a personas de menos recursos, que ven que la respuesta del gobierno a sus necesidades sigue siendo insuficiente. Estas demandas económicas y sociales han hecho surgir protestas en diferentes lugares del país. En respuesta a esto, el actuar policial ha sido desproporcionado en muchos casos, realizando acciones innecesarias para el control del orden público o fiscalizar cuarentenas o toques de queda. Entre estas acciones indebidas está el lanzar gases lacrimógenos dentro de edificios y detenciones aparentemente arbitrarias y malos tratos durante estas detenciones. Recibimos el relato de una persona que fue detenida y maltratada cuando estaba grabando una manifestación con su celular en Ñuñoa.
Hoy estamos haciendo una primera entrega de más de 8000 firmas a la Fiscalía Nacional, para insistir en la necesidad de que en el caso de Gustavo Gatica se investigue responsabilidad en toda la línea de mando. Esto, por cierto, debe ser así en todos los casos.
Sin duda, Carabineros puede usar la fuerza cuando es necesaria, pero siempre de manera proporcional. Cualquier uso excesivo de la fuerza puede y debe ser investigado, pues dejar las violaciones de derechos humanos impunes hace más probable que se sigan repitiendo. Por ello estamos dando seguimiento y, en lo posible, acompañando a casos graves de violencia policial para exigir justicia y reparación. Hoy estamos haciendo una primera entrega de más de 8000 firmas a la Fiscalía Nacional, para insistir en la necesidad de que en el caso de Gustavo Gatica se investigue responsabilidad en toda la línea de mando. Esto, por cierto, debe ser así en todos los casos.
En relación a personas migrantes, el gobierno ha persistido en exigir que las personas extranjeras que se acojan al plan de retorno a sus países de origen en el marco de la pandemia, acepten una prohibición de reingresar a Chile por un periodo de 9 años, que ya habíamos calificado de abusivo. La Corte de Apelaciones de Santiago decidió que esta exigencia es ilegal y no puede aplicarse, pero lamentablemente el gobierno anunció que recurrirá a la Corte Suprema. Esperamos que la justicia garantice los derechos de las personas migrantes y no las ponga en situación de tener que aceptar, debido a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, condiciones desproporcionadas.
Finalmente, es necesario recordar que los presos mapuche en Angol y Temuco continúan en huelga de hambre, ante las condiciones de vulnerabilidad en que están dentro de la cárcel debido a la pandemia. Urge que las autoridades pertinentes tomen responsabilidad de esto para dar una solución.
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