Se acerca el primer aniversario desde el inicio del llamado “estallido social”, en que miles y miles de personas en todo Chile salieron a las calles a exigir sus derechos, recibiendo niveles de represión militar y policial que generaron una crisis de derechos humanos que no se había visto desde la dictadura.
El INDH ha alertado acerca de la lentitud con que han avanzado la mayoría de las causas por violaciones de derechos humanos cometidos en este periodo. En algunos casos, como el de Fabiola Campillai, fue necesario esperar casi un año para que alguien fuese formalizado, pese a que los imputados estaban identificados desde el primer momento. En otros casos, como el de Manuel Rebolledo, quien murió atropellado por un vehículo de la armada, con diferentes razones, algunas vinculadas a la pandemia, se han pospuesto diligencias investigativas múltiples veces, y la investigación parece no avanzar.
La Ley de Seguridad del Estado no cumple con los estándares propios de un debido proceso (…) y abre el riesgo de una criminalización por motivos políticos», explica Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
En este sentido, en el reciente caso del adolescente de iniciales A. A. A., quien cayó al lecho del río Mapocho tras ser embestido por un carabinero durante un procedimiento policial en el marco de una protesta, valoramos la rapidez con que la PDI y la Fiscalía actuaron para formalizar al carabinero involucrado. Lo que resulta preocupante es que, a la luz de los antecedentes presentados por la Fiscalía en la audiencia de formalización, se denuncia que los carabineros en el lugar se habrían percatado de lo sucedido, retirándose sin apurarse por prestarle auxilio, y que indicaron a la Fiscalía que habían detenido al adolescente A. A. A., lo cual quedó en duda a la luz de otros antecedentes presentados en la audiencia. Es importante, en este punto, que se esclarezca, al igual que en otros casos, la responsabilidad de mando.
Es importante mencionar también que durante el estallido social hubo cientos de personas a quienes se les imputaron delitos en base a la Ley de Seguridad del Estado, muchas de las cuales siguen en prisión preventiva. La Ley de Seguridad del Estado no cumple con los estándares propios de un debido proceso, y dado que solo pueden presentar querella en virtud de esta ley autoridades del poder ejecutivo, abre el riesgo de una criminalización por motivos políticos.
Todo esto nos lleva a reiterar las recomendaciones que venimos diciendo desde noviembre del año pasado: se debe asegurar justicia para todas las víctimas, investigando la responsabilidad de mando al más alto nivel; se debe avanzar con urgencia hacia una reforma integral y estructural de Carabineros de Chile, y se debe avanzar en el proceso constituyente para garantizar que nuestra Constitución refleje el Chile actual y proteja los derechos de todas las personas por igual.
Por Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
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