Por decreto presidencial el año 2003 se creó, durante mi presidencia, la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, liderada por monseñor Sergio Valech que buscaba reunir la verdad sobre las torturas y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. “No hay mañana sin ayer” dije cuando anuncié al país la creación de la Comisión.
Con el objetivo de proteger a las víctimas se aseguró mantener la reserva de los documentos y antecedentes de sus testimonios. Esto fue el resultado de cuidar a aquellos que se atrevieron a hablar, resguardando sus relatos. Tal como lo señaló la Comisión cuando me hizo entrega del informe: “Es humano querer mostrarse altivo y no humillado porque hablar es correr el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y sicológica, es algo muy difícil de hacer, incluso ante los propios cónyuges. Ese silencio comprensible fue ahondado por el daño de los sufrimientos no compartidos, de las confidencias ahogadas, de aquellos que preferimos poner en la estantería de las pesadillas y arrancar de los archivos de la historia”. Las víctimas tenían un doble temor de hablar. Por una parte, que pensaban en que los militares podían volver al poder y por otra, no quería hacer públicas experiencias que les resultaban vejatorias y humillantes.
Reivindiquemos lo que fuimos capaces de afrontar como chilenos, y valoremos los aportes significativos que durante estos 25 años se han realizado para el esclarecimiento de la verdad y la justicia.
El Informe Valech es un documento único en el mundo que buscó encontrar la verdad de lo ocurrido, conocer los recintos carcelarios, los centros de torturas y los tipos de torturas realizados durante ese período, garantizando siempre la protección de la identidad de quienes fueron víctimas.
Acá no hubo pactos de silencio; de secreto; ni impunidad, sino que hubo respeto para que las víctimas se atrevieran a contar lo ocurrido. Cada vez que alguno de ellos decía “creo conocer aquel que me torturó” se le proponía hacer la denuncia ante los tribunales, pero esa era su decisión, porque este informe buscaba conocer la verdad y no hacer justicia, ámbito competente a los Tribunales.
Hoy, nada impide que todo aquel que quiera hacer público su testimonio lo haga, al mismo tiempo que los tribunales pueden solicitar la declaración de la víctima. Pero eso es muy distinto a que todos los testimonios se abran, porque así se deja desprotegida a la víctima.
En estos días en que se vuelto abrir el debate sobre la confidencialidad de los testimonios, he recibido muchas cartas y mails de aquellos que declararon para el Informe. Entre ellos, me gustaría compartir el de una mujer: “Formar la Comisión Valech fue un gesto político y ético necesario para ir enfrentando y tratando de curar heridas, logrando que las víctimas, sobrevivientes del horror, aportaran sus vivencias señalando a los autores. Creo sin dudar que lograr que ellos confiaran y relataran lo sufrido fue una labor tremenda, llevada adelante por personas sensibles, conocedoras de lo que sucedió y que trataban a las víctimas con el respeto merecido.
Si hubo reserva de 50 años, corresponden a un momento histórico. Como toda ley, decreto, se puede revisar; nada es imposible si se aúnan criterios y voluntades. Pero acusar de pacto de silencio parece, a mi juicio, apresurado y hasta frívolo… Si estamos hablando de víctimas y de familias que aún buscamos poder un día honrar a los nuestros, acogerlos, abrazarlos y dejarlos con amor en un sitio digno.
Si hay pacto de silencio es de los criminales, son ellos que en libertad o en Punta Peuco no entregan la información”.
Reivindiquemos lo que fuimos capaces de afrontar como chilenos, y valoremos los aportes significativos que durante estos 25 años se han realizado para el esclarecimiento de la verdad y la justicia. Es cierto, siempre se puede hacer más, pero ante todo se debe respetar la decisión de las víctimas de querer hacer pública sus historias. A ellos los debemos proteger.
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