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Candidatos y partidos políticos, financiamiento con aportes ilícitos

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Existe la necesidad de llevar a cabo una reforma a la normativa de lavado de dinero en Chile, específicamente en lo que se refiere a la ley número 19.913[1] y sus modificaciones actuales, con la finalidad de incorporar a los Partidos Políticos y Candidatos en la lista de sujetos obligados[2] a reportar a la Unidad de Análisis Financiera (UAF), en la cual hoy en día ya están obligados a reportar algunos sectores susceptibles de ser utilizados para actividades delictivas, tales como: Sociedades Anónimas Deportivas, Corredores de Propiedades, Usuarios de Zonas Francas, Notarios, Conservadores, Cajas de Compensación, entre otros sectores. Y así mismo con esta modificación, se incorporaría de manera automática la figura dentro de los Partidos Políticos el “Funcionario Responsable” u “Oficial de Cumplimiento”, quienes tendrían la obligación de analizar, detectar y denunciar todas las contribuciones en dinero, o estimables en dinero, así como las donaciones o cualquier acto, destinado a financiar gastos electorales que se efectúen a un candidato o partido político; sobre todo y principalmente con los fondos asociados a las campañas políticas (Campañas Presidenciales, Parlamentarias, Primarias, Municipales entre otras), con esto, se busca resguardar y garantizar el origen legítimo de dichos aportes o fondos, y que se aplique exclusivamente al cumplimiento de los objetivos definidos por los Partidos Políticos y la gobernabilidad.


En los últimos años hemos sido testigos de cómo en el ámbito del lavado de dinero y el financiamiento a los Partidos Políticos o funcionarios de gobierno se han relacionado estrechamente.

Cuando hablamos de lavado de dinero en el financiamiento de Candidaturas y en los Partidos Políticos, no sólo debemos pensar en el tráfico de drogas, ya que existe una serie de delitos relacionados con el lavado de activos; y si revisamos cuál es el objetivo del lavado de dinero, este busca proporcionar una apariencia legal a los bienes o dineros obtenido de manera ilícita, permitiendo de esta forma su ingreso en la economía formal. Además, debemos considerar que el lavado de dinero puede tener su origen en delitos que provienen de actividades tales como: el soborno, el tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, delitos tributarios, delitos sobre el mercado de valores, entre otros[3].
En el caso del financiamiento de Candidatos y Partidos Políticos es necesario que, todos los esfuerzos están basados en saber “cuál es la fuente y origen de los fondos utilizados en las Campañas y por los Partidos Políticos”, ya que hoy se pueden involucrar actividades de financiamiento relacionadas con:
  • Aportes o donaciones recibidas por un Candidato, por parte de un Partido Político;
  • Aportes entregados en comodato o uso gratuito, que se debe restituir después de su uso;
  • Aportes o donaciones efectuadas por una persona a un Candidato o a un Partido Político.
Por otro lado, si se logra disfrazar el origen ilegal de los aportes involucrados en las Campañas Políticas, se podrían eventualmente solicitar el reembolso y restituciones de bienes y dineros, tales como:
  • Reembolso solicitado por un Candidato o por un Partido Político, por aquellos gastos realizados y que se encuentran pendientes de pago y por los cuales se solicita reembolso;
  • Reembolso solicitado por cesión de derecho a un Partido Político, lo que corresponde a gastos que fueron financiados por los partidos políticos (por los cuales existe una cesión de derecho).
Si revisamos lo atractivo que puede significar fragmentar grandes cantidades de dinero (de origen ilícito) en múltiples aportes, y posteriormente disfrazar dichos aportes para ingresar estos en el financiamiento de un determinado Candidato o a un Partido Político, se podría eventualmente generar un sistema para solicitar reembolsos de los aportes, que sumados pudiesen representan grandes flujos de dineros asociados a campañas políticas, tal como se puede apreciar en los volúmenes de aportes y reembolsos realizados en Chile durante el año 2017, y que se encuentran publicadas por el Servicio Electoral de Chile (SERVEL). Aquí podremos dimensionar que estos fondos o aportes realizados por personas naturales fácilmente pueden servir para levantar una candidatura con fines secundarios como los expuestos aquí, o incluso siendo la candidatura legítima, los aportes en dineros recibidos por un Candidato o por un Partido Político (los cuales no son menores), se pueden transformar en una excelente forma lavar y ocultar bienes de dudosa procedencia; dado que, se tiene la ventaja de retornar estos como reembolsos asociados a un Candidato o a un Partido Político, de los cuales se pueden apreciar en la siguiente tabla los flujo de dinero involucrados:
Fuente: Cifras obtenidas desde la página web del SERVEL[4]
Fuente: Cifras obtenidas desde la página web del SERVEL[5]
Mientras no exista en la normativa actual, la exigencia de verificar por parte de los Candidatos y de los Partidos Políticos la legalidad u origen de los fondos; y que los mismos sean los responsables ante la ley por reportar aquellas contribuciones que presenten un grado de duda razonable, los esfuerzos de transparentar dichos aportes seguirán siendo débiles, y no se tendrán un resultado positivo.
Si bien es cierto, hoy se deben rendir cuentas ante el Servicio Electoral (SERVEL), esta labor tiene una repercusión de carácter meramente administrativa, ya que revisa aspectos como: tipo de cuenta bancaria que se abrió, quienes pueden o no hacer los aportes, montos máximos de los aportes, identidad de los aportantes, elementos fiscales y reembolsos, entre otros; pero si la verificación del origen y legalidad de los aportes solamente se basa en demostrar los aportes realizados por el propio Candidato, quien debe acreditar elementos tales como, la venta sobre bienes muebles o inmuebles, créditos solicitados, giros de cuentas bancarias, enajenación de títulos y cualquiera otra alteración de su patrimonio personal destinada al financiamiento electoral, se deja abierta la opción para el caso de los aportes de terceros que trataran de ingresar a la economía los dineros mal habidos.
Por otro lado, si se incorpora a los Partidos Políticos como “Sujetos Obligados a reportar ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, esto claramente permitiría avanzar significativamente en todo lo que significa la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero; además de contrarrestar todos los casos de corrupción asociados a la política que cada día son más notorios, y que pudiesen afectar la estructura de gobernabilidad en Chile.
Ahora, si revisamos las acciones realizadas por el Servicio Electoral (SERVEL), la pregunta es, ¿son los controles actuales y el cumplimiento de estos suficientes?
  • Primero, ante la ausencia de un Funcionario Responsable (Oficial de Cumplimiento) por parte del Partido Político, es difícil identificar al encargado del autocontrol en candidaturas y partidos políticos;
  • Prohibición de aportes de personas jurídicas o empresas, en primera instancia es un buen control, sin embargo, no garantiza nada, debido a que esto no impidió que los aportes de la empresa Oderbrecht financiaran campañas y diversos políticos en latinoamérica, y en nuestro caso que dichos aportes lleguen por medio de fraccionamientos de varios aportes, realizados ya sea por personas naturales, como por aportes o donaciones de servicios profesionales en apoyo a las campañas, aportes estimados en especies como lo pueden ser mantención y colaciones para quienes trabajan en las campañas, pago de propaganda y publicidad en espacios privados, medios de comunicación digital, propaganda en radioemisoras, propaganda escrita, inclusive proporcionando gente como aporte por trabajo voluntario.
En los últimos años hemos sido testigos de cómo en el ámbito del lavado de dinero y el financiamiento a los Partidos Políticos o funcionarios de gobierno se han relacionado estrechamente; tanto es así, que si revisamos las experiencias de países de latinoamérica tenemos varios casos que, de una u otra manera, han estado vinculados a procesos judiciales que involucran el lavado de dinero, y de los cuales destacan:
  • La Exdiputada Cynthia Tarragó de Paraguay, actualmente en prisión en Estados Unidos por lavado de dinero (2019-2020);[6]
  • El Expresidente Ollanta Humala y la ex primera Dama Nadine Heredia del Perú, por presuntamente haber recibido dinero ilícito en las campañas de 2006 y 2011;
  • El Expresidente Lula Da Silva de Brasil, quien fue condenado por corrupción y lavado de dinero;
  • El Caso Lava Jato, que involucró a un sin número de políticos y funcionarios de gobierno en latinoamérica en general.
Ahora, si bien es cierto, el riesgo no es igual en Chile que en gran parte de Latinoamérica, si revisamos internamente, nos encontraremos con algún caso ocurrido en Chile, el cual puede ser tan solo la punta del iceberg, el cual nos indica que no estamos ajenos a las situaciones presentadas en otros países, pudiendo destacar por ejemplo, el caso de la Municipalidad de San Ramón, el cual desde el 2017 nos presentó presuntos nexos que involucran entre otros elementos, lavado de activos y asociación a grupos relacionados con el narcotráfico. Y si pensamos que lo sucedido en el Municipio de San Ramón es tan solo un hecho aislado, no debemos olvidar que sucedió lo mismo con el financiamiento irregular de campañas políticas por parte de las empresas privadas, en la cual se tenía el mismo pensamiento; y de los cuales comenzaron a salir escándalos que relacionaban a empresas con el financiamiento de Candidatos y Partidos Políticos, como lo es el caso Penta – SQM y Corpesca. Incluso se llegó a conocer durante el juicio del caso Corpesca, que el modo de financiamiento irregular de las campañas electorales de varios políticos y su relación con la empresa privada “era una práctica generalizada”, y si esto es así, podemos reflexionar ¿existe algún mecanismo que disminuya lo atractivo que puede significar el aprovechar los altos flujos de dineros que se pueden ingresar, disfrazar y en forma posterior solicitar como reembolsos asociados a campañas y partidos políticos?, y la respuesta es simplemente “No”, pero en la medida que se implementen controles externos y de autorregulación a través del Funcionario Responsable u Oficial de Cumplimiento, y que los mismos Candidatos y Partidos Políticos se vean en la obligación de reportar las operaciones sospechosas, estaremos un paso adelante en lo que se refiere a la lucha contra el antilavado, y con mejores práctica en transparencia y anticorrupción asociada a la política Chilena.
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Fuentes:
TAGS: #Corrupción #FinanciamientoDeCampaña Lavado de Dinero

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