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El “exhaustivo” EIA de HidroAysén que auditó Price Waterhouse

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Lo que casualmente no recuerda es que contaron “con una auditoría independiente inédita en estas materias, a cargo de la empresa internacional Price Waterhouse Coopers”, según consignaran en su memoria del año 2008.

Corría principios del año 2008 y la sociedad compuesta por Endesa y Colbún realizaba los últimos ajustes a su estudio de impacto ambiental (EIA) tendiente a construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, en la región de Aysén.  La idea, ingresarlo a tramitación a mediados de ese año gracias al trabajo de las consultoras chilenas Poch y EPS, y la multinacional sueco-noruega Sweco, que coordinaron la investigación de varias universidades nacionales que pusieron a disposición su técnica (y prestigio, por qué no decirlo) para la faraónica intervención de la Patagonia aysenina, embalses y torres de alta tensión incluidos.

Todo iba viento en popa.  Tres toneladas de papel se enviaron al sur por esa fecha, como muestra de la solidez del trabajo realizado. A ese momento y luego de varios años de investigación, la ingeniería y la evaluación ambiental del proyecto ya estaban prácticamente definidas.

Pero la Patagonia deparaba sorpresas.  El 7 de abril de 2008, cuatro meses antes del ingreso del EIA, el lago Cachet II vació 200 millones de metros cúbicos de agua al río Colonia, afluente del Baker, colmando y rebalsando en una amplia extensión su lecho por todo el área donde HidroAysén pretendía construir su central Baker 2, aguas abajo de la Baker 1.

Aunque en su oportunidad Hernán Salazar, quien las oficiaba a la época de gerente general de HidroAysén, aclaró que “las crecidas de los flujos de agua no afectarían nuestros embalses ni alterarían de modo alguno el buen funcionamiento de las centrales”, más de alguno dudó de tal aseveración.  Mal que mal, en las décadas cercanas previas no se había producido tal fenómeno y nadie, ni de la empresa ni de ningún centro de estudios, había alertado antes sobre la ocurrencia de glofs (nombre técnico para los vaciamientos de lagos de origen glaciar) en dicho territorio.  Al día de hoy el Cachet II se ha vaciado más de una decena de veces, generando constantes alertas y perjuicios a los pobladores que viven en las riberas del Baker aguas abajo de la confluencia con el Colonia.  No evaluar los efectos de tal fenómeno ni presentar modelaciones de riesgos de inundación (requeridos recurrentemente por los servicios) fueron parte de las reclamaciones que presentó la ciudadanía y que fueron acogidas por el Comité de Ministros.

Pero esa no fue la única ni la primera vez en que la Patagonia se defendía.  Que Gaia se comportaba como la baguala que es en este austro al fin del mundo.

El 2 de mayo de 2008 entró en erupción el volcán Chaitén luego de siglos de inactividad.  Masivas evacuaciones, millonarias pérdidas y un cambio en el sentido de la prevención frente a los fenómenos naturales fueron sus principales efectos.  Y uno colateral fue que instalar torres de alta tensión en la zona costera de Palena se convirtió en una muy mala idea.  Mal que mal, el trazado que HidroAysén proyectaba pasaba a escasos kilómetros del macizo volcánico.

Pero previamente la geología patagona había cobrado una primera víctima.  El 21 de abril de 2007 un evento sísmico de origen volcánico en las cercanías de Puerto Aysén generó pánico en la población, como punto cúlmine del enjambre sísmico que había atemorizado a la población durante varios meses. La caída de un cerro producto del remezón originó una ola gigantesca en el fiordo Aysén que cobró la vida a 10 personas.  En este escenario, el 21 de marzo fue rechazado el primer estudio de impacto ambiental de la represa río Cuervo, proyectada en esa (y en esta) época sobre la falla activa Liquiñe-Ofqui.  Digo “en esta” porque, la verdad, hay empresas que nunca aprenden.  El proyecto actualmente en tramitación tendría la misma localización. No aprenden que la Patagonia es un territorio aún desconocido y en pleno proceso de conformación y cambio hidrogeológico.  Y esto origina que sean múltiples los riesgos imposibles de considerar ante cualquier intervención a gran escala.  Y ante ello, lo lógico es aplicar el principio precautorio.

Son estos antecedentes algunos de los que hacen llamar la atención sobre la certeza con que Bernardo Larraín Matte, presidente del directorio de Colbún, habla de la alta calidad técnica del EIA de HidroAysén.  Enrostrando que el estudio habría sido elaborado por un consorcio internacional.

Lo que casualmente no recuerda es que contaron “con una auditoría independiente inédita en estas materias, a cargo de la empresa internacional Price Waterhouse Coopers”, según consignaran en su memoria del año 2008.

Sí, la misma consultora que auditó a La Polar y que hace un par de meses fue multada por su responsabilidad en el escándalo, por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (sanción ratificada por la Corte Suprema) y también por la Superintendencia de Valores y Seguros.  La agencia a la que el Vigésimo Juzgado de Letras de Santiago le congelara cuentas bancarias por más de 4 millones de dólares y la que enfrenta una querella de la AFP Provida por su participación en el hecho delictual vinculado al retail.  Esa misma consultora fue la que dio garantías de la seriedad del estudio de impacto ambiental de HidroAysén.

Pero el “respaldo serio” de Price Waterhouse Coopers no ha sido lo único que han olvidado los ejecutivos de HidroAysén.

Tampoco recuerdan que fueron los propios servicios públicos ayseninos los que en 2008 señalaron, en su mayoría, que el estudio carecía de información esencial y relevante para ser evaluado. Razón suficiente para su rechazo en tal etapa.  Solo la instrucción del ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma a su subalterno el intendente Selim Carrasco posibilitó superar tal grave impedimento.

Menos que fue gracias a presiones (fastrackers incluidos, según consignó y cuestionó Contraloría) e irregulares cambios de informes técnicos por autoridades políticas que pudo ser aprobado en mayo de 2011 en Coyhaique.  Con varias autoridades inhabilitadas por conflictos de interés, según consignó una comisión investigadora de la Cámara de Diputados cuyo informe fue aprobado por el pleno.
Y que ninguno de los fallos judiciales fue unánime.  En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el resultado fue 2 a 1, votando por acoger el recurso el propio presidente del tribunal.  Y tres a dos resolvió la Corte Suprema, donde uno de los ministros que rechazó el requerimiento ciudadano poseía unos $ 100 millones en acciones de Endesa.

Nada de eso han recordado en la defensa de la supuesta validez del estudio, su tramitación y aprobación.

Lo bueno es que los ciudadanos sí tenemos memoria.  Y más allá de la operación comunicacional de Endesa y Colbún,  recordaremos que HidroAysén fue un mal proyecto y un peor estudio de impacto ambiental.  Es cosa volver solo un poco la mirada hacia atrás.

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