Hace unos días denunciamos los graves efectos que tendría el retraso en la licitación para proveer alimentación a casi 2/3 de las niñas y niños más vulnerables del país. Se trata de 2 millones de raciones diarias que entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB. Denunciamos también las irregularidades que surgirían a partir de las nuevas bases de licitación para la entrega de este servicio.
Por Equipo Punto Central
Con fecha 10 de enero de 2011, la Secretaria General de la JUNAEB, María Teresa Ross, dictó la resolución exenta N° 229 que revoca la licitación mencionada. La razón esgrimida es la polémica que generó la nueva licitación entre las empresas interesadas las que no iban a poder cumplir con los plazos establecidos por las nuevas autoridades.
Tal como dice la propia secretaria general del organismo, “muchas de las preguntas y solicitudes de aclaración recibidas dicen relación con la imposibilidad de que los eventuales oferentes puedan instalarse en cada una de las unidades territoriales y entregar alimentación al inicio del año escolar, lo que podría poner en riesgo la continuidad de este trascendental servicio para los niños y jóvenes del país”.
Reconociendo que las nuevas bases de licitación no se pueden cumplir, la resolución agrega que “de seguirse el actual cronograma de dicho proceso licitatorio, se pone en riesgo la continuidad del servicio, dada la magnitud y los plazos de implementación del mismo”.
Frente a las incertidumbres que generaba realizar esta licitación tardíamente y a las eventuales irregularidades que se deducían de las nuevas bases técnicas, hoy se agrava la posibilidad que los niños más vulnerables del sistema educacional chileno se queden sin raciones alimenticias.
A lo anterior se agrega que la única salida posible es la asignación directa -“a dedo”- de los proveedores para cubrir tan grave situación.
Así, la señora Roos podrá asignar miles de millones de pesos de su presupuesto a las empresas que le parezca y con los criterios técnicos que estime conveniente.
Esto permitirá que no sólo se acuse a la nueva administración de alta ineficiencia en la gestión pública sino que, la creación de condiciones que permiten conductas en el límite de probidad pública.
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