El pueblo de Chile exige un Estado que asegure derechos y que no continúe con la expropiación social. Las calles parecen ser el último reducto público, y se protesta en ellas, porque es el único lugar desde donde no ha sido “desalojada” la democracia – en una nueva versión de la prosa deAllamand-.
George Carlin en una memorable actuación criticó la doble moral republicana estadounidense revelando la contradicción entre la perenne oposición al aborto -arrogando la defensa natural de derechos-, pero que luego, y el abandono total una vez nacida la criatura… lo cual Carlin expresaba como si aquellos políticos le dijeran al nuevo ser simple y fuertemente: “jódete”.
Este caustico análisis del comediante estadounidense vino a mi memoria en el mismo día que miles de familias salieron a las calles de diversas ciudades de Chile a expresarse una vez más contra el (nuevo) “derecho” al lucro que defienden unos. Más de 100 mil personas marcharon en Santiago para escenificar nuevamente la tragicomedia de intentar elevar la voz para que los “representantes” del pueblo en La Moneda y en el Congreso Nacional escuchen, lo que para ellos/as parecen ser grillos en una noche de verano. La voz, los gritos y los cantos de la calle proponen educación pública, gratuita, de calidad, laica, con participación comunitaria, para todos y todas. La dictadura negó constitucionalmente la posibilidad de que emergiera un proyecto nacional de educación pública, mientras la post-dictadura – de la Concertación y la Derecha- perfeccionaron el modelo mixto público-privado… El resultado: la emergencia de una compleja de red de “sostenedores” con fuerza transversal dentro de los partidos políticos, que en base a su lobby tecnocrático han trabajado para mantener los privilegios ganados por el lucrativo negocio de la educación.
Han pasado dos años de protestas callejeras masivas contra la herencia educacional de Pinochet, y el fundamentalismo del consenso político sigue tan vigente como a principios de los 90, cuando operó la maquinaria Orwelliana de 1984 para silenciar y reescribir la historia de las políticas de la dictadura, que pese a su ilegitimidad fueron continuadas. La tecnocracia -que muy bien se describe en “Los Beyer”- deambula disfrazada de un sentido común práctico. La ex Presidenta Michelle Bachelet ya nos ha mostrado su “progresismo” al declarar que cree que en la educación gratuita, pero que al día siguiente se autocensura y focaliza la gratuidad –a mi juicio Fernando Paulsen hace una maravillosa réplica a lo que él juzga una falacia argumentativa-. La imaginación de lo posible de Bachelet se agota en la cámara de asesores venidos exclusivamente de las áreas de la economía e ingeniería industrial. Es decir, no podemos esperar más que las mismas soluciones de siempre… aumentadas y corregidas.
El pueblo de Chile exige un Estado que asegure derechos y que no continúe con la expropiación social. Las calles parecen ser el último reducto público, y se protesta en ellas, porque es el único lugar desde donde no ha sido “desalojada” la democracia – en una nueva versión de la prosa deAllamand-.
Amargamente el ex ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, se quejó ayer de la falta de valoración que los jóvenes hacen de lo “hecho” en estos dos años de gobierno de derecha. Valorar la baja en las tasas de interés bancarias y la introducción de más pruebas estandarizadas en el sistema no pueden ser leídas más que como artificios técnicos para perfeccionar la opción por entender la educación como un bien transable en el mercado. Y esto está muy lejos de lo que algunos llaman la “utopía de las calles”.
El lucro es la esencia vital del sistema político chileno, no se explicaría su supervivencia si no es por la participación masiva en las acciones comerciales de las instituciones privadas que proveen educación, salud y previsión. La ex izquierda en el oficialismo de oposición no ha hecho otra cosa que buscar soluciones dentro de los parámetros de las sociedades anónimas.
Mientras los manifestantes en las calles recurrían al ritual de protesta, vuelvo al humor de Carlin. Ayer también en algún micrófono de una radio capitalina la senadora Ena Von Baer – designada en lugar de Pablo Longueira- sostenía que el aborto no era un derecho de las mujeres. Ahí se concluye que el “niño que está por nacer” es algo así como un asunto público, es decir sujeto a la protección del Estado. Me pregunto entonces cuándo estos niños dejan de ser cuidados por el Estado, cuándo somos suficientemente maduros para ser arrojados a las fuerzas (aparentemente inocuas) del mercado. Y es que bajo la lógica argumentativa de Von Baer somos conducidos a pensar que nada mejor que dar a luz niños y niñas, para así mover las finanzas de las lucrativas empresas educacionales y de salud –las mismas que parecen ser accionistas dicho sea de los partidos políticos que nos gobiernan-.
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