La educación en Chile: entre superficies y profundidades

Puede ser un número cabalístico y no casual. 21 propuestas son las que aparecen en el resumen del documento elaborado por el Ministerio de Educación en virtud de las movilizaciones de la gran mayoría de los actores educacionales en Chile. Podríamos detenernos en el simple hecho que más del 50% de las medidas propuestas corresponden a iniciativas ya en curso o a propuestas ya señaladas en el anuncio presidencial del GANE, y que por lo tanto no constituyen novedad alguna, sin embargo nuestro enfoque será otro. En las siguientes líneas intentaremos dar una interpretación que intenta preguntarse no por las sombras proyectadas en la caverna, sino tal vez por la realidad de fondo que parece ocultarse tras las apariencias.

 

 

Cada vez que nos aproximamos a un texto de política pública, debemos intentar descubrir ¿cuál es la visión política de sociedad que se sostiene en él? En este sentido, conviene preguntarse por el tipo de fundamentos que se dan al impulso de medidas políticas concretas, que muchas veces aparecen como de buen sentido u obvias. Para ello hay que leer la periferia de lo técnico.

 

El texto “Propuestas y políticas de acción para el desarrollo de la educación en Chile” (Mineduc, agosto de 2011) reconoce positivamente que la “educación es un fin en sí mismo”, no obstante parece ser una declaración que se ve sobrepasada por la apropiación individual de este “bien social público”. Se señala insistentemente  que serán el mérito y esfuerzo individuales los que permitirán el acceso y avance en el sistema educativo, como si éstos no tuvieran nada que ver con las condiciones socio-económicas de base, donde las iniciativas de generar acotados polos de excelencia atentan contra un desafío mayor: convertir la excelencia en una aspiración del conjunto social. Es sintomático que el documento no mencione la palabra desigualdad en sus 19 páginas, y que sólo destaque la libertad –de elección, de enseñanza, y de creación y administración de escuelas- como bien a proteger.

 

El deber de este Estado, propuesto por el actual gobierno, será entonces asegurar la igualdad de oportunidades, lo cual está a la base del ascenso social. Si pensamos en un ascensor de cualquier edificio, lamentablemente éstos tienen pesos límites para soportar, una parte muy importante se quedará en el primer piso mirando el marcador electrónico de un ascensor que tal vez nunca volverá por ellos/as. Una reforma constitucional para el derecho a  una educación de calidad pierde sentido cuando se sigue pensando, por omisión, en que la educación es transable en un mercado de elecciones racionales e individuales.

 

Otrora se propagó el mascullado “en la medida de lo posible” para hacer referencia a las limitaciones del poder político para buscar soluciones de fondo, hoy una nueva versión se impone a través de este documento, se asume que la misión del gobierno “es delimitar claramente las fronteras entre lo posible y lo imposible”.

 

 

Desafectada de toda implicación, la propuesta de democratización de la gestión de nuestro sistema educativo y sus instituciones ha sido desmembrada en un par de sugerencias espurias. Se señala que se buscará la participación de los estudiantes y de los actores escolares en los consejos escolares, los cuales continuarán siendo no resolutivos. Se reduce por tanto a cada actor a un ámbito restringido de la experiencia escolar, unos proveen el servicio –profesores y directivos-, y otros consumen –padres y apoderados, y estudiantes-. La administración democrática y con poder de resolución parece ser una quimera de algún trasnochado viejo socialista, más que una buena forma de pensar los recursos y las disposiciones ciudadanas en las escuelas. Se sostiene además, que las federaciones de estudiantes secundarios serán reconocidas –es decir, siendo más precisos, se seguirán reconociendo-.

 

En las instituciones de educación superior se señala que cada una de ellas decidirá su forma de gobierno, es decir, se dejará en manos de los dueños la apertura o el bloqueo de instancias de participación y decisión. La libertad de creación y administración educacional (el emprendimiento educacional) sigue siendo la garantía más importante que el gobierno intenta proteger sobre la construcción educativa de participación ciudadana.

 

 

A estas alturas deberíamos tener un nuevo verbo: simcear, que sería algo así como reducir todo proceso educativo a las evaluaciones en el Sistema de Medición de Calidad de la Educación –SIMCE-, y en una segunda acepción más general sería algo así como la estandarización de procesos educativos complejos en variables simplificadas. Desde los gobiernos de la Concertación hasta este gobierno, que ha actuado en perfecta sintonía con la tendencia de esas administraciones anteriores, se ha tendido progresivamente a poner en el centro de los procesos educacionales una lógica conductista. Es decir, a la base de todo comportamiento habría un incentivo o recompensa, generalmente económica, la cual motivaría una acción determinada por pate de profesores/as, estudiantes, directores/as de escuela. Un “reajuste” en los incentivos permitiría una mejora sustantiva en los desempeños, los cuales serían cotejados mediante pruebas estandarizadas. Esta fuerza motriz permitiría, en la utopía conductista-neoliberal, una mejor información para quienes quieren comprar el servicio educacional. Hay que decir que los resultados científicos aún no logran avalar que esta cosmovisión sea realmente efectiva, eficiente ni que haga felices a las personas.

 

Los más de dos meses de movilizaciones prueban que claramente los actores educativos no sólo se mueven por recompensas económicas, sino que también buscan un sentido trascendente a sus conductas, tanto desde un punto de vista filosófico como político. La libertad tiene también su expresión en la búsqueda de un sentido en el ejercicio de la democracia real.

 

 

Lejos quedaron las ambiciones de reformas estructurales. En alguna gaveta oxidada de algún ministro o funcionario post dictadura tal vez quedó el rastro de un boceto de lo que tendría que haber ocurrido en el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) en el ámbito educacional. 20 años después nos quedamos comentando políticas de superficie: más subvención (sin cambiar lo lógica del voucher), más evaluaciones (sin preguntarse por el sentido de ellas, y cómo evitar castigar la pobreza), más incentivos (sin preguntarse qué educación es la que se desea promover), más libertad (pero con estándares cada vez más rígidos), más educación (sin nombrar ni hablar de educación pública), más control (olvidando el rol del Ministerio de Educación), más democratización (sin que los actores educativos puedan tomar siquiera una decisión en las instituciones escolares). Entonces nos queda una sensación amarga.

 

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Foto: peretzp / Licencia CC