Luego de algunos hechos particulares, como el conflicto generado a partir del nombramiento y posterior renuncia de Claudia Peirano como Subsecretaria de Educación, desde diversos sectores se ha apuntado a la Democracia Cristiana como la “piedra de tope” para las reformas en educación. Esto ha reactivado en el debate público el rol que jugará la DC en estas reformas. Y es que Peirano representaba a ese sector de la DC que, beneficiándose del sistema, hace de la educación un negocio muy lucrativo, en total oposición a las propuestas del nuevo gobierno. Esto pareciera instalar en el escenario público a la DC como una especie de guardián del “statu quo” dentro de la Nueva Mayoría, convirtiéndola en el blanco perfecto para las críticas y acciones como la realizada por la coordinadora de las ACES.
Con el reemplazo de Peirano, personeros de la DC manifestaron su preocupación por la “poca representatividad del partido en el área de educación”, aun teniendo el partido la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Mario Venegas, en un año clave, en tanto que se deberá cumplir con las metas de los cien primeros días autoimpuestas por la Presidenta Bachelet. ¿A qué tipo de representatividad se habrán referido?
La opinión pública se pregunta, ¿la Democracia Cristiana está o no por los cambios estructurales en educación? Los voceros de la colectividad se han manifestado en todo momento que sí está por el cambio estructural, pero cada vez que se puede, se transmite la preocupación por el resguardo a la “libertad de enseñanza”, que más allá que se use discursivamente para desmarcarse del Partido Comunista, tiene una importancia conceptual e histórica.
Y es que la libertad de enseñanza en la Democracia Cristiana tiene un doble relato, uno en oposición a los cambios estructurales que anhela la ciudadanía.
El relato no oficial, pero que más visibilidad tiene, por cuanto es minoritario pero está sobre-representado en la colectividad, es entender a la libertad de enseñanza como una “libertad de emprendimiento”, que se ha traducido en la colocación de un lucrativo negocio que involucra colegios, institutos, universidades y agencias de asistencias técnicas en todo el país, cuyos dueños han sido importantes personeros del partido.
Por otra parte, la concepción demócrata cristiana oficial, a la que se le debe sumar la praxis, es entender a la libertad de enseñanza como una libertad de conciencia y política, la que permite a la familia escoger donde educar a sus hijos (no que las instituciones escojan a las familias para entregar educación), permitiéndoles seleccionar los establecimientos educativos más acorde a sus valores y fines, en contraposición a la monopolización por parte del Estado.
Esta versión oficial no es azarosa. Ha sido fruto de arduos y constructivos consensos al interior de la falange. Así, como suele citarse tras cada polémica de orden ideológico, ésta tiene su sustento a partir del último Congreso Ideológico y Programático de la DC. Se definió que en educación el lucro debe estar excluido, al igual que todo requisito de entrada en los colegios. Del Congreso Ideológico (254): “La educación privada, que recibe financiamiento estatal, debe ser administrada por personas jurídicas sin fines de lucro, este no debe estar presente en la educación subvencionada. Como humanistas cristianos entendemos que el lucro no contribuye al verdadero espíritu de la labor educativa, que no es otra que colaborar a la formación integral de las personas y comunidades, y para ello es necesario que los recursos que se destinen a la educación sean usados integralmente para ese fin”; (257) «hay que propender a eliminar las barreras que se conviertan en obstáculo familiar para matricularse y asistir a las escuelas”.
La opinión pública se pregunta, ¿la Democracia Cristiana está o no por los cambios estructurales en educación? Los voceros de la colectividad se han manifestado en todo momento que sí está por el cambio estructural, pero cada vez que se puede, se transmite la preocupación por el resguardo a la “libertad de enseñanza”.
Esta es la libertad de enseñanza que la Democracia Cristiana debe propiciar y promover. Y que tiene directa relación con el rol primordial del Estado en educación (rol que tenía antes de 1980), entendida como Patricio Aylwin lo expresó, cuando era senador, frente a la reforma constitucional de 1970: “por primordial se entiende no, que le pertenezca en primer término, sino que es una función, entre las del Estado, de alta prioridad”.
Con todo, desatendiendo la historia y los acuerdos políticos, persiste un sector al interior de la falange, grupo sobre-representado y con amplios poderes e influencias, que insisten en ver a la educación como un bien de consumo y no como un derecho.
Con todo, desatendiendo la historia y los acuerdos políticos, persiste un sector (sobre-representado) al interior de la falange, que no comprende que la educación es un derecho. A esos militantes que hacen caso omiso a los planteamientos doctrinarios: menos individualismo, más solidaridad.
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Imagen: Wikimedia Commons
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