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Abortemos a ANA

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No tiene sentido que nazca ANA. Se necesita una nueva institucionalidad, que no resguarde solamente los intereses de las instituciones y que no sea únicamente una herramienta que sirva de información a las familias y estudiantes. ANA debe concebir un aseguramiento de la calidad no desde la perspectiva de la libertad de enseñanza, sino desde el derecho a la educación.

La Agencia Nacional de Acreditación, conocida como ANA, es una pequeña que aún no nace, y que sus padres no quieren que nazca. Fue mencionada el 21 de Mayo por el Presidente Sebastián Piñera, como uno de los compromisos de su gobierno, pero su madre adoptiva, la ministra Carolina Schmidt, no ha invertido dedicación alguna para que tenga viabilidad, más aun, cuando tiene el mandato expreso del Presidente, se va de vacaciones a las playas italianas (como cualquier ciudadano chileno) descuidando totalmente a ANA que ha estado durmiendo desde que su cuidador, el ex ministro Harald Beyer, tuvo que hacer abandono por expresa petición de los jueces.

ANA surge de una relación por violación. El gobierno jamás reconocerá que su origen es en virtud de una transgresión. Dirá que todo estaba programado, pero lo cierto es que dos hechos concretos provocaron que ANA fuera concebida: la desastrosa gestión de Eugenio Díaz, ex Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, siendo formalizado por una variedad de irregularidades; y, en segundo lugar, la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad del Mar, por el descontrolado lucro con el cual dirigían la empresa educativa, que llevó al abismo a todos sus estudiantes y trabajadores.

No se ha aprendido de la violación y de su prevención. ANA tiene la misma médula que cuenta su hermana mayor, la CNA: la defensa y sobreprotección de los proyectos institucionales. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual las instituciones de educación superior se someten a procesos de acreditación? ¿Mejorar en calidad? Actualmente, el verdadero incentivo para que las instituciones de educación superior se acrediten, es el acceso a beneficio del financiamiento estatal.

ANA permite el funcionamiento de una institución de educación superior que no cuenta con el reconocimiento de lo mínimo: su autonomía. Una institución que no cuenta con autonomía, podrá funcionar 9 años (número que es brevemente reducido en relación al actual de 11 años) generando una situación de precariedad en los estudiantes y trabajadores, en tanto que no cuentan con protección alguna en caso de pérdida del reconocimiento oficial por parte del Estado, omitiendo irresponsablemente todo lo acontecido con la Universidad del Mar. Esta situación es idéntica cuando una institución no es acreditada: ANA confunde Licenciamiento con Acreditación.

En relación a la acreditación se establece que es obligatoria con tres tipos categorías: quien cumple con todo lo exigido tendrá 6 años de acreditación; quien cumple “a medias” tendrá 3 años de acreditación, y la que no cumple, no será acreditada, perdiendo también el reconocimiento oficial (cuyas consecuencias ya fueron comentadas). Además en la actual acreditación y en la propuesta, se evalúan con los mismos parámetros los CFT, IP y Universidades, sin distinguir tampoco entre Universidades docentes, semi-complejas y complejas.

En relación a los estándares de calidad que serán evaluados, dicen relación con lo que las mismas instituciones prometen. Tal y como acontece hoy, cuando por ejemplo una institución promete un tipo de perfil de egreso, los pares evaluadores sólo constatan que eso sea cierto; en definitiva, el mínimo exigible.

Hay presente en ANA una concepción ideológicamente sesgada. ANA protege los “derechos de los consumidores” lo que cada institución promete, y que cada estudiante firma a la hora de matricularse, sea cumplido. Esa es la concepción de “aseguramiento de calidad” que el proyecto protege.

En este contexto, no tiene sentido que nazca ANA. Se necesita una nueva institucionalidad, que no resguarde solamente los intereses de las instituciones y que no sea únicamente una herramienta que sirva de información a las familias y estudiantes. ANA debe concebir un aseguramiento de la calidad no desde la perspectiva de la libertad de enseñanza, sino desde el derecho a la educación. Lo que implica el reconocimiento al rol que tiene para el desarrollo de la persona y para el país, asegurando otros valores como la comunidad educativa, la que no es sólo integrada por los gobiernos de cada institución, sino también por trabajadores y estudiantes.

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