La educación es un derecho, de este modo está contenido en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, pero su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por casi todos los países del mundo. El Pacto reconoce el derecho de toda persona a la educación. Siendo más explícito sobre educación superior dice que: “la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita».
Debe existir un reconocimiento de parte del Estado a la educación como un derecho, dejando en manifiesto en nuestra carta magna que reconocemos a la educación como la herramienta que permite la igualdad de oportunidades, en pos de movilidad social.
Sobre el financiamiento e institucionalidad de las universidades, entendemos hoy que la educación debe ser acompañada de una planificación del Estado, para que no sea el mercado quien regule, como hasta hora que ha mostrado ser ineficaz, creando carreras que no tienen campo laboral y alejado del rol social. El financiamiento tiene que ser a la oferta, es decir a sus instituciones para el fortalecimiento de las universidades con rol publico, independiente de si el dueño es el Estado o privados. Cuando hablamos de rol público que se entienda que estas universidades cumplen con:
· Impartir carreras que sean necesarias para el desarrollo cultural, tecnológico, y económico de la sociedad.
· Ser un polo de desarrollo regional.
· Practicar ninguna forma de lucro.
· Ser transparentes en la gestión administrativa y financiera.
· Tener un contacto directo con su entorno social.
· Ser colaborativas entre sí.
· Tener libre asociación y expresión efectiva de los estamentos de la institución.
· Permitir o facilitar ingreso y egreso heterogéneo.
· Ser pluralistas.
· Las instituciones deben ser de Calidad.
Deben ser fiscalizadas por el Estado a través de una Superintendencia. Las Universidades que lucran tienen dos caminos: dejan de existir o se eximen de cualquier aporte del Estado, tanto a sus estudiantes como a la institución.
Hoy se habla de la gratuidad de la educación. El sector oficialista acusa esta propuesta como ideologizada y por pate del sector más radical se demanda un cuestionamiento al capitalismo. Ambas posturas forman parte de un error tanto político como pragmático: hoy existe educación gratuita en países capitalistas. La idea de una educación de este tipo no es parte del debate de fondo o cuestionamiento al modelo; más bien el cuestionamiento al modelo es claro cuando existe un rechazo a la deuda y a quién se financia (a la oferta o la demanda), es decir al crédito con aval del Estado y las becas versus los aportes basales. Esto sí responde al modelo capitalista. Es más: está presente en todas nuestras actividades comerciales y hace que nuestra demanda tenga algo en común entre la señora Juanita que compra en la Polar y los estudiantes más vulnerables o de clase media. Estando de acuerdo con la Educación Gratuita es importante hacer esta aclaración.
La clase política debe reconocer que ha profundizado en un sistema educacional insostenible. Debe realizar una reforma conforme a las demandas planteadas en nuestros petitorios y responder a la ciudadanía, reposicionándoseen el lugar en el que debe estar. Si no, seguirá profundizandose la crisis de representatividad que tiene hoy la sociedad, con el consecuente descontento, desconfianza y la falta de liderazgos reales. Esto debe verse como una oportunidad antes que una amenaza, como parece ser hasta hoy para ellos.
* Juan Díaz Ríos, Sec. General- FEUTFSM. Estudiante de Ing. Civil Industrial. Valparaíso.
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