Hay muchas lecturas que pueden hacerse de los poderosos y su relación con los sistemas educacionales. Ofrezco aquí mi lectura de lo que esperaría de este gobierno en materias educativas. Como las lecturas son largas, esta va en dos tandas. La primera explica el contexto general desde el que analizo el 21 de Mayo. La segunda, que publicaré mañana, cuenta un poco lo que espero que Piñera diga.
Comienzo con asumir que este gobierno, el de Piñera, es la expresión de un sector social que busca la hegemonía mediante alianzas con los antiguos ‘patrones’. Ello se traduce en un proceso histórico de dominación coercitiva y consenso social. La dominación coercitiva está claramente señalada con el Golpe de Estado contra el gobierno de Allende en 1973 y el proceso terrorista de la dictadura que se desarrolló en seguida. La dominación dada por el consenso social es lo que cristaliza con el inicio de los gobiernos de la concertación, que jugaron bajo el ‘rayado de cancha’ realizado en condiciones antidemocráticas después de la dictadura terrorista, o lo que Moulián llama la etapa constitucional de la dictadura. Definir al sector social que está representado en el gobierno no es un ejercicio obvio, pero existe un lugar común en el que actúan: el control de la economía. Lo central de esta lectura es que en un ambiente en que el consenso social es el foco que permite sostener un sistema económico, la educación o sus sistemas son claves para lograr ese consenso social. En este sentido, el consenso social no es sino la aceptación de las normas de dominación como el orden natural en el que funcionan las relaciones sociales.
Pero la educación es algo más hoy en día. La educación es central en la economía, y he allí que la retórica de la sociedad del conocimiento o la economía del conocimiento vaya a ser un formalismo usual (o al menos un objetivo) del discurso presidencial. Sin embargo, como toda expresión de arribismo como las que arrasan cuando los políticos insisten en comparar Chile con el club de los ‘desarrollados’, la sociedad del conocimiento en Chile es una quimera o una profecía autocumplida. Y es esa ilusión la que se instala como parte del argumento para reformar el sistema educativo: preparar a las futuras generaciones en lo que será la sociedad del conocimiento, para convertirse en un ‘país desarrollado’. Pero los intereses y las posibilidades son otras. La centralidad de la educación en la economía tiene menos relación con que se necesiten personas más educadas para cumplir los nuevos requerimientos de productividad, y más relación con la doble dimensión de ser un negocio y ser un mecanismo de dominación al mismo tiempo.
Un amigo ha estado realizando su investigación en la tercerización del trabajo en Chile. La tercerización es la generación de formas de trabajo cuyas funciones son los servicios básicos y productivos. Habría dos etapas en Chile al respecto, una vinculada a la expansión estatal de mediados del siglo XX, y otra vinculada a la privatización de empresas públicas desde los 80. La última implica la expansión del comercio, restaurantes y hotelería, servicios financieros, transporte y telecomunicaciones, y servicios sociales. El 87% de los nuevos empleos generados en Chile durante los 90 fue en este sector, con un impulso privado, lo que permite crear el relato del respeto a la iniciativa privada como organizadora de la economía, y donde los servicios de educación son una actividad más. Es éste el impulso que da vida al discurso de Chile como sistema económico único y más cercano a los países ‘avanzados’ que a sus vecinos Latinoamericanos.
Sin embargo, no es suficiente para instalar la idea de la sociedad del conocimiento, especialmente entre quienes viven socialmente la creación de conocimientos: los miembros de las instituciones complejas de educación superior, o la educación superior pública, que son los tienen las capacidades para hacer investigación y ser financiados para ello por el Estado. Ello sitúa, históricamente, al Estado como el gran impulsor estructural de la sociedad del conocimiento, algo que ideológicamente está fuera del alcance de este gobierno. Por ello, es de esperar que a todos los niveles se busque instalar la idea de que si la iniciativa privada logró tanto en reformular la economía, debemos confiar en ella para el ‘avance’ hacia una economía del conocimiento, al estilo de los países post-industriales o ‘desarrollados’.
El tipo de conglomerado que se ha gestado para instalar a Piñera como presidente de Chile es lo que Michael Apple llamaría una alianza hegemónica. La alianza hegemónica corresponde a quienes se han empoderado en la economía tradicional (llámese en Chile la antigua oligarquía terrateniente y su descendencia), y a quiénes lo han hecho al alero de los nuevos tiempos (llámese la burguesía especuladora y el capital financiero globalizado). Los miembros de la alianza hegemónica han establecido funciones para el Estado y funciones para los privados en todos los ámbitos de la vida, siendo la educación uno de los elementos centrales. Junto con esa distribución de funciones se apareja una distribución de recursos, lo que implica una distribución del poder económico y político.
En esa distribución, ideológica por sobre todas las cosas, se crea un conjunto de dominantes y un conjunto de subalternos, siendo una necesidad de la alianza hegemónica convencer a los subalternos de que esa distribución es moralmente correcta. Allí es donde volvemos al recurso de la ‘sociedad del conocimiento,’ ‘los países avanzados/desarrollados,’ y principalmente un modelo educacional que debe responder a las necesidades económicas del futuro (o las necesidades de los dominantes de mantener un consenso social que permita la estabilidad del sistema de dominación). El discurso de Piñera en educación estará dirigido a buscar ese consenso, particularmente con los sectores desplazados del poder económico. Asimismo, la iniciativa de Piñera probablemente le otorgue un guiño de seguridad a quienes especulan con el interés social en estudiar: principalmente instituciones educacionales privadas con fines de lucro, instituciones privadas de aseguramiento de la calidad, y el sistema financiero que otorga créditos a los estudiantes.
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