En Chile comienza en el siglo pasado a mediados de los 70; en Suecia a principios de los 90. La revolución conservadora neoliberal tuvo a Chile como el primer país del mundo en implementarla y, por eso, es un referente, positivo y negativo. Chile recoge las dos escuelas económicas polarizadas del siglo XX: la marxista, de Salvador Allende, y la neoliberal de la dictadura de Augusto Pinochet. Chile nunca ha tenido, como sí Suecia, la Sociedad del Bienestar, es decir, un Estado social solidario de derechos garantizados: acceso universal de calidad a la salud, educación, vivienda y pensiones, base de este tipo de estado, financiado con un sistema tributario solidario progresivo.
Fue una crisis económica la que cambia Suecia. La administró el segundo gobierno de centroderecha en 60 años de hegemonía política socialdemócrata. Ya desde la década del 70 hasta los primeros años 90, el gasto público fue creciendo descontroladamente, recalentando la presión fiscal hasta producir un colapso del crecimiento económico que afecta gravemente el empleo hasta producir una baja del PIB per cápita, mientras la deuda pública sufre de un gigantismo crónico. Esta crisis es interesante para el caso chileno teniendo en cuenta que la propuesta de las izquierdas (hasta donde se entiende) es el modelo socialdemócrata, con Suecia como ejemplo histórico. Chile estaría desprivatizando los derechos sociales esenciales como respuesta del neoliberalismo constitucionalizado, mientras Suecia aún está privatizándolos como solución a la crisis del modelo socialdemócrata ortodoxo. En este artículo me centro en la salud primaria sueca privada ―un 44% de la oferta total― que ilustra el proceso neoliberalizador sueco para compararlo al chileno.El Estado y el mercado deben tener una importancia relevante equitativa en el sistema democrático; ninguno de estas dos esferas, debe hacerse con todo el poder político-económico, como sucede bajo el neoliberalismo con el mercado.
Capio, la empresa multinacional más poderosa que gestiona la salud privada en Suecia, y que controla un total de 100 centros de salud primaria, hospitales y clínicas especializadas, pertenece desde 2018 a la multinacional australiana Ramsay Générale de Santé (52,8%). El laberíntico entramado de intereses comerciales de Capio es una agotadora superposición de muñecas rusas. Hasta donde se conoce, sus fondos de capital de riesgo o de inversión abarcan toda la producción económica, muy alejadas de la sanitaria. Se desconocen los capitalistas inversores, que pueden ser desde violadores de acuerdos ecológicos hasta la poderosísima industria armamentista. Ahora (junio-2022). Sus ganancias del año 2021 alcanzan los SEK13 mil 300 millones (CLP 117 444 8647); SEK 640 millones de éstos proceden del bolsillo de los contribuyentes en forma de subvenciones del Estado. En Chile cuando el aparato público de salud no da el ancho, el paciente es trasladado al privado pagando la cuenta el Tesoro público. En consecuencia, el dato importantes es que tanto en Chile como en Suecia parte importante del Erario, independientemente de su volumen económico, termina en los bolsillos privados que no invierten en mejorar la atención sanitaria.
A pesar de la rígida regulación política sueca del mercado de la salud, las consecuencias de este enorme cambio de su Estado socialdemócrata solidario, no están siendo del todo positivas.
En efecto, Göran Dahlgren, experto en salud pública, en su investigación, När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ (Cuando la salud pública se convierte en mercantilista: efectos y alternativas) (2018), plantea que algunas de las consecuencias es que comienzan a producirse largas colas de espera para recibir atención médica general y, peor, para la consulta con un especialista que debe ser remitido por el médico de la atención primaria; la selección de pacientes se realiza según criterios de “cedazo”, principalmente para no atender pacientes “complejos”, y, en general, se realiza una atención racionalizada para alcanzar, en primera instancia, ganancias monetarias en detrimento de la salud del individuo que, desde 1991 de “pacientes” pasaron a ser “clientes”. Las denuncias se acumulan en miles de pacientes que han muerto por no recibir la atención primaria a tiempo. Gran parte de Suecia se “arrepiente” de la privatización de la salud. Su Hacienda pública desde 2007 trabaja por una subida de la carga fiscal propia de este mercado. Se han abierto investigaciones sistemáticas que se centran en los fondos de inversión privadas que se lucran con una industria que fue del Estado sueco (Capio) para que paguen los impuestos correspondientes y se minimice la evasión y elusión fiscal.
En general, Suecia y su neoliberalismo muy políticamente regulado, se ha hecho más desigual, marginando del crecimiento económico a parte de la población como no se veía desde las primeras décadas de siglo XX, antes de la era socialdemócrata; y la repartición de la riqueza y del ingreso desigual ha crecido exponencialmente.
La enseñanza del caso sueco, es que parte de su sistema sanitario primario ha caído en manos privadas por una sobrerreacción a la hiper estatización del aparato económico que produjo una desaceleración del emprendimiento empresarial, baja inversión y, al mismo tiempo, una carga fiscal en políticas sociales insostenible con el aparato tributario al máximo que ya no lograba cubrir las prestaciones sociales, provocando el endeudamiento descontrolado del Estado de bienestar y, por ello, su (casi) colapso. Las políticas privadas en salud, si bien dinamizaron la economía en general superando la crisis económica, han resultado fatales para la igualdad social por la mercantilización del aparato de derechos sociales, que de garantizados pasaron a ser privados.
En el caso chileno, la privatización de todo el aparato económico, captura el Estado democrático para intereses casi sólo corporativistas en detrimento para lo que fue creado en un sistema democrático liberal: el bien común. A pesar, o por eso, del innegable crecimiento económico rápido que produce el neoliberalismo chileno en los años de administración centroizquierdista (24 años de 31 posdictadura), progresa, paralelamente, una desigualdad socioeconómica, pero dentro de un ascensor social casi generalizado.
La enseñanza política chilena más clara es que, un Estado económicamente deprimido, el clásico neoliberal, no puede responder a las demandas de derechos sociales de la ciudadanía, desacreditando y deslegitimando todas las instituciones de la democracia y, con ello, abre el escenario político a los estallidos sociales y a la polarización política, en especial, el auge ultraderechista.
La conclusión general de este (somero) análisis comparativo, es que el Estado y el mercado deben tener una importancia relevante equitativa en el sistema democrático; ninguno de estas dos esferas, bases del capitalismo democrático liberal, debe hacerse con todo el poder político-económico, como sucede bajo el neoliberalismo con el mercado. Pareciera que el Estado democrático liberal para no caer en el descrédito total, debería garantizar los derechos esenciales a la ciudadanía financiados solidariamente por toda la población a través de un sistema tributario progresivo, que es el modelo socialdemócrata ortodoxo, pero que no afecte el desarrollo económico privado, más bien que le otorgue un dinamismo institucionalizado.
Después de la crisis de los 90 en Suecia, el proceso de producción económico debiera, principalmente, quedar en manos del mercado privado, pero regulado políticamente en común acuerdo democrático entre sus principales agentes sociales ―empresarios/empleadores y empleados/asalariados― institucionalizando más que nunca el dialogo social para despolitizarlo, al margen de la corriente política de turno que esté en el poder.
No se ve, hasta ahora, otra solución a la crisis del capitalismo neoliberal ―amenazado por un colapso ecológico y desigualdades socioeconómicas obscenas que alientan, principalmente, las propuestas antidemocráticas ultraderechistas―: garantizar y universalizar los derechos esenciales para las grandes mayorías, pero paralelamente, estimular y garantizar el desarrollo del proceso económico privado y, frente a la mayor amenaza de la humanidad, el colapso medioambiental, el respeto irrestricto en el proceso económico al ecosistema como un derecho humano y, así, consolidar la paz y la cohesión social y la supervivencia de las especies, entre ellas, la humana.
Hasta aquí, no habría otra propuesta menos mala que ésta.
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