¿Ciencia para el desarrollo? Primero, desarrollo de la Ciencia

En las semanas siguientes a la designación de la comisión asesora presidencial que tendrá la tarea de impulsar una nueva política de desarrollo científico, han surgido reacciones -favorables y en contra- a la misión o composición de dicha comisión. No debió pasar inadvertido el reclamo de representantes del mundo privado, quienes se sintieron excluidos y acusaron “baja representatividad” de la comisión. Aunque planteo abordar dicho reclamo en una columna posterior, sí quisiera aprovechar la reciente e interesante columna de Claudio Pérez respecto a la relación ciencia-desarrollo, pues sin dudas es ése el camino correcto por donde se debiera encauzar el debate.

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No todos los beneficios de la ciencia son necesariamente cuantificables ni medibles de acuerdo a definiciones político-técnicas, ni menos se puede pretender que la ciencia contribuya a un relato político sin primero analizar la -falta de- condiciones (materiales y laborales) para realizar investigación científica de excelencia.

Existe la creencia de que la ciencia es una colección de temas y conocimiento que se puede “comprar”, o las tecnologías y avances que derivan de éste. Sin embargo, la ciencia es mucho más que eso: es una manera de ver y pensar el mundo, de interrogarlo, de hacer preguntas sobre éste, e intentar demostrarlas a través de un método riguroso, reproducible y susceptible a continua revisión (al menos en teoría; algunas polémicas recientes en el mundo nos han enseñado que no es siempre el caso). En este sentido, la ciencia como actividad intelectual está en condiciones de entregar sólo ciertos “productos”, ciertas respuestas, y no se le puede pedir aquello que se encuentra fuera de su ámbito.

La experiencia reciente de numerosos países muestra que la investigación científica genera una serie de externalidades positivas, influyendo de manera innegable en su progreso. Dichas “externalidades positivas” pueden materializarse siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones institucionales, políticas, culturales y sociales que se encuentran fuera del ámbito directo de acción de la comunidad científica, lo que no implica en absoluto que dicha comunidad no pueda hacerse partícipe también de aquellos procesos políticos y sociales necesarios para generar tales condiciones (ante lo cual, sin embargo, cabe preguntarse si lo hacemos en tanto ciudadanos o como “expertos”).

Dichos países han logrado generar las condiciones para que la ciencia entregue estas externalidades positivas y que éstas se materialicen en resultados visibles (independiente de que dicho camino no siempre es lineal, muchas veces es tortuoso, y toma tiempo). A su vez, estos países presentan diferencias en sus formas de protección social, poseen políticas industriales que varían en sus grados de selectividad/neutralidad, poseen indicadores variables en distintos ámbitos, etcétera, haciendo sospechar que, por ende, poseen al menos “matices” en su noción de desarrollo. No obstante, algo que sí comparten en común es que han logrado proveer condiciones para realizar investigación de excelencia, en múltiples áreas del conocimiento, otorgando financiamiento e infraestructura, y han logrado balancear grados importantes de apoyo a la investigación motivada por curiosidad y orientada por misión, con institucionalidades públicas para la ciencia visibles y políticas públicas en la materia.

El riesgo del actual debate es que se desvíe el foco de atención hacia la pregunta de cómo la ciencia chilena contribuye al desarrollo, sin detenerse primero a reflexionar en qué está la ciencia en Chile, cuáles son los desafíos y dificultades que enfrenta, y cuáles son sus debilidades y necesidades tanto en materia de inversión como de infraestructura, precariedad laboral (el nacimiento del grupo “Ciencia con Contrato”, por ejemplo, viene a visibilizar las innumerables dificultades que aún enfrenta la ciencia en Chile), descentralización, equidad y género, etc. Si bien es necesario cuestionarse qué entendemos por desarrollo y cuáles son los criterios por los que vamos a evaluar si estamos en la “senda correcta”, no se puede esperar que de esta definición dependa la actual y futura evaluación que se haga de aquellas medidas y políticas de fomento científico que la actual comisión asesora presidencial vaya a formular, de la misma manera que no se podría evaluar las políticas públicas en materia de deporte o cultura solamente respecto a su contribución a lo que se entienda por “desarrollo”.

También podría cuestionarse la idea de que Chile no ha “reflexionado” acerca de lo que entiende por desarrollo. Incluso parte importante de la política científica (o al menos la “ideología” o “escuela” que la sustenta) del país en los últimos 10 años se basa en la idea de un desarrollo impulsado por la llamada “economía del conocimiento”, buscando de la ciencia productos específicos (como mejorar la productividad de la economía, fomentar la innovación en el sector privado, diversificar nuestra matriz productiva, etc.), los que no han llegado en la medida de lo esperado, fenómeno que muchas veces se atribuye a los propios científicos, su falta de “capital social”, y un supuesto desinterés por los “problemas” del país, nuevamente reflejando la absurda (y errada) vara con que se evalúa a la comunidad científica y su trabajo.

Es en éste contexto en el que debe entenderse el trabajo de la comisión. Como bien señala Claudio Pérez en su columna, hay que preguntarse qué puede hacer la ciencia para ayudar al país a alcanzar el “desarrollo” (incluso con cierta laxitud en su definición, la ciencia sin dudas tendrá algo que aportar). Pero la direccionalidad de la pregunta no es ciencia > desarrollo. Más aún, no todos los beneficios de la ciencia son necesariamente cuantificables ni medibles de acuerdo a definiciones político-técnicas, ni menos se puede pretender que la ciencia contribuya a un relato político sin primero analizar la -falta de- condiciones (materiales y laborales) para realizar investigación científica de excelencia. En otras palabras, requerimos en primer lugar de un desarrollo de la ciencia para poder contribuir al progreso social, cultural y económico del país. Y en esto no hay que engañarse: la actual institucionalidad pública, pese a los esfuerzos realizados hasta hoy, no ha sido suficiente, y la necesidad de modernizar y crear una institucionalidad que sea adecuada al tipo de gobernanza que caracteriza a nuestro país (en donde las figuras de “consejos de alto nivel” no siempre poseen las capacidades administrativas y políticas necesarias) es un paso primordial para generar las bases para un desarrollo de la ciencia que nos permita contribuir al progreso del país.