El Cuarto B dijo basta

El 5 de mayo de 2011, ocurrió un hecho insólito en la educación chilena. Un grupo de estudiantes del cuarto medio del Liceo Indira Gandhi se tomó el establecimiento e impidió el normal desarrollo de sus actividades, en protesta contra la agresión que fueron objeto por parte de estudiantes de segundo y tercero medio. Un grupo, una pandilla que vino a tomarse revancha por una pelea ocurrida el día anterior. Llevaban martillos, palas, fierros y golpearon e hirieron a los del cuarto.

Entonces, las chicas y los muchachos del cuarto, a poco meses de terminar su educación media, dijeron "¡basta!" y se tomaron el colegio. Acudió la televisión ansiosa de noticias para los magazines de la mañana, esperando encontrar una típica protesta y se sorprendieron al escuchar a las voceras explicando con precisión los hechos y sus demandas. "Queremos hablar con el ministro", pidieron y el ministro fue y los escucho. Al conocer los hechos el ministro Joaquín Lavín declaró "Esto no es bullying, esto es delincuencia" .  Once de los alumnos agresores van a ser expulsados, y el establecimiento escolar va a recibir la aprobación de un Reglamento de Convivencia largamente tramitado, a más tardar en veinte días.

Normalmente es casi imposible expulsar a un alumno de un establecimiento escolar municipal en Chile. El dramatismo de la situación, y la decisión personal del Ministro hicieron posible lo que normalmente es imposible para los directivos de los establecimientos. En efecto, ante casos semejantes pero que no aparecen en la "tele", ni hay toma, ni viene el Ministro, los primeros que van a impugnar la medida del colegio serán las autoridades de la administración municipal ante quienes acudirá el expulsado con sus padres; y si eso no fuese suficiente, acudirán a las autoridades del Ministerio de Educación, y con toda razón incluso puede acudir a los Tribunales a fin de que se resguarde el derecho a la educación del agresor.

Las autoridades del establecimiento escolar, presionados, deben dar pie atrás y volver a recibir al agresor, con la consiguiente pérdida de su autoridad y la generación de un clima de impunidad en el que se producen toda clase de agresiones en forma cotidiana.
En este contexto,  el Ministro Joaquín Lavín ha sentado un precedente: en situaciones de violencia, en las que hay una acción de un grupo organizado o concertado como pandilla (aún cuando solamente se arme para esa ocasión) que agrede con armas, y que tiene como resultado estudiantes heridos, cabe la expulsión inmediata. Este precedente debe ser recogido y sostenido por todos los Reglamentos Escolares y los Centros de Alumnos y las organizaciones de padres deben exigir que se incluya en la Ley de Convivencia Escolar que está discutiendo, en estos momentos, en el Parlamento chileno.

Al mismo tiempo, se tiene que tener muy claro que lo ocurrido es un síntoma más de un fenómeno generalizado entre los jóvenes de hoy: su apelación a la violencia como forma de reaccionar ante cualquier situación que consideren conflictiva. En la educación chilena, que segmenta y separa entre pobres, medios y ricos por sistema, la educación municipal es la más afectada, por ser gratuita y única garante del derecho a la educación. Allí a esa apelación se unen los efectos de la "cultura de la calle" transgresora, carcelaria y violenta de las pandillas.  Hay mucho más que decir y hacer al respecto, pero si la doctrina. Lavín sobre expulsiones inmediatas ante agresiones pandilleras, se generaliza, las escuelas dispondrán de una poderosa herramienta para resguardar el derecho a la educación de la mayoría de sus estudiantes, que son pacíficos.

Pero ¿Y que hacemos con los otros? ¿Cómo se resguarda el derecho a la educación de quienes permanentemente molestan, agreden e impiden que la mayoría aprenda? Eso, estimado lector, es otra historia. Por el momento, anticipemos que el derecho a la educación es un derecho que debe ser resguardado por el Estado de forma sistémica con el conjunto de instituciones escolares y que cada establecimiento escolar debe propender a hacer lo posible a ese respecto. Lo posible, pero no lo imposible. No puede ni nunca podrá reemplazar a la familia, a la policia, a los jueces, los servicios sociales y los sistemas de salud mental o familiar.