Manuel Araya Osorio , secretario personal y chófer de Pablo Neruda , conocedor de la verdad sobre su muerte. Por muchos años no fue tomado en cuenta con la verdad , ahora se hará justicia.
Manuel Araya Osorio , secretario personal y chófer de Pablo Neruda , conocedor de la verdad sobre su muerte. Por muchos años no fue tomado en cuenta con la verdad , ahora se hará justicia.
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Comentarios
14 de octubre
Un testigo imprescindible de este horrendo crimen
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25 de febrero
Me resulta intolerable estar observando desde un buen tiempo a esta parte cómo personas cercanas a próceres políticos, partidos políticos, familiares y otros, pretenden lograr que se demuestre que sus “deudos” fueron asesinados por el aparato estatal de la época.Es el caso de Frei Montalva, cuyos familiares alegan que fue asesinado con gas mostaza (cuando estaba ya en sus últimos momentos) y no han cejado en reavivar el caso cada vez que un episodio electoral se lleva a efecto, logrando varias exhumaciones para detectar “el gas” en los restos mortales del occiso.Una acción sin sentido desde el punto de vista médicolegal. En el caso Bachelet, la familia, bajo la dirección de un abogado Contreras, activo militante de izquierda, alega que el General habría sido asesinado como consecuencia de torturas en la AGA y que, siendo el un cardiópata conocido, habría determinado su muerte (asesinato) cuando ya se encontraba detenido en la Cárcel Pública y mientras participaba en un partido de baby futbol (y esto consta). Ahora, en el caso Neruda, se insiste en que NO ni nunca habría presentado un cáncer de próstata extenso. Para ello basta consultar a los urólogos que en Francia y en Chile lo atendieron.Sin embargo, se alega por miembros de su partido, que manos extrañas habrían intervenido en la Clínica Santa María para matarlo (de lo que no hay ningún fundamento) y le da pábulo al Juez Carroza (muy condescendiente) para que ordene su exhumación (luego de tantos años) para dererminar la causa última de su muerte. El factor común de todas estas argucias es conseguir que el Estado de Chile se haga responsable y pague las debidas indemnizaciones que en ningún caso serían inferiores a los diez millones de dólares.Esto, por decir lo menos, lo encuentro impresentable y me ahorro insistir en mayores comentarios por respeto a las víctimas.
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