Populismo penal

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La pena de muerte no reduce la criminalidad, ni la victimización. Existe la idea, de que con la pena capital los crímenes disminuyen, que el victimario lo pensará dos veces antes de poner su vida en peligro o cometer dicha acción.

Hace un par de semanas ha sido un tema recurrente en conversaciones y debates a lo largo del país. Posterior a lo ocurrido con la pequeña Sophia, se ha impulsado un movimiento ciudadano que busca la restauración de la pena de muerte en Chile, bajo el nombre de Ley Sophia ¿Pero estamos dispuestos, como sociedad y país, a retroceder en Derechos Humanos y avanzar en una propuesta visceral, populista y demagógica como la pena capital?

Comparto la indignación e impotencia que genera en la sociedad casos tan graves como el de Sophia o Emmelyn. La pérdida de la humanidad por ciertos sujetos que ven el abuso sexual contra mujeres y menores de edad como una naturalidad en nuestro país es impactante. Sin embargo, este tipo de hechos nos lleva a abrazar propuestas demagógicas e ineficaces, como la de restitución de la pena de muerte. Esgrimiendo argumentos morales y económicos que podemos compartir o rechazar respecto al rol que ha tenido el Estado en éste tipo de hechos, pero existe más de una razón por la cual las instituciones fallaron y nosotros como sociedad también.

La pena de muerte no reduce la criminalidad, ni la victimización. Existe la idea, absurda desde mi punto de vista, de que con la pena capital los crímenes disminuyen, que el victimario lo pensará dos veces antes de poner su vida en peligro o cometer dicha acción. Sin embargo, hay estudios internacionales que demuestra lo contrario, por ejemplo, en Japón el 2017 se presentó un estudio con la información de policía de aquel país, en el informe se señala que la pena de muerte no evita que se produzcan delitos graves (Muramatsu, Johnson, Yano, 2017). Lo mismo ocurre en Estados Unidos, el Death Penalty Information Center ha analizado los datos sobre la pena de muerte desde 1987 hasta el 2015 y ha concluido que no existe evidencia alguna para sostener que a mayor penalidad, menores son los casos.

Por otro lado tenemos instituciones que no entregan confianza a la ciudadanía, el Ministerio Público promedia un 3,3 (PUBLICUSS, 2017) dentro de las encuestas de confianza de las instituciones. Poniendo al tercer poder del Estado a nivel del Congreso Nacional, AFPs, Partidos Político e Isapres. No se confía en las instituciones, pero si no confiamos en los órganos correspondientes ¿estamos dispuestos a darle el poder a dicha institución para acabar con la vida de las personas? ¿Podremos poner las vidas de hasta nosotros mismos en aquellas instituciones que reprobamos? Según Amnistía Internacional , en los últimos 10 años países como Estados Unidos ha anulado 34 sentencias de muerte. Muchos de los motivos utilizados para anular una condena: falsas acusaciones, una conducta indebida por parte de las policías, falsas o confusa evidencia, una mala defensa, entre otros. Aquí es donde se inicia una de las grandes interrogantes ¿Qué podría ocurrir en Chile, con una sentencia equivocada? ¿Cómo país estamos en pos de la rehabilitación y reinserción social? ¿Como sociedad hemos hecho algo para apoyar la reinserción?

La derecha y sus medios instalan un falso clamor popular, un retroceso en el camino avanzado, que cala en la sed de más barbarie de nuestra sed, pero la derecha, esa que hace unos meses lloraban a una cuna afuera del TC. La que por un lado hacía shows mediáticos hablando de vida y por el otro defendía a torturadores y violadores de derechos humanos.

Si bien los impulsores de la Ley Sophia vociferan a favor de la condena de muerte para aquellos que hayan cometido crímenes de alta gravedad como violación, tortura y homicidio. Debemos ser cautos ante este tipo de coyunturas, los políticos tienen, ¡NO! Tenemos como ciudadanos, que ser cuidadosos y responsables con las propuestas o iniciativas que se apoyen. La Constitución, aunque está creada en dictadura, debe ser la guía de nuestro país, no las encuestas.

Para enfrentar este grave problema, debemos modificar nuestro código penal para tener sanciones más fuertes y severas, pero sin duda bajo un marco de respeto, rehabilitación y reinserción. No podemos quedarnos en la crítica al Estado, debemos prevenir y eso es trabajo de todos. No podemos pedir sanciones más rígidas una vez ocurrido el delito, es necesario plantear una discusión más profunda como sociedad y saber el por qué ocurren estos abusos, cuál es el papel del Estado y sus instituciones ante hechos como estos; qué rol cumple la sociedad y qué hacer como país para que no vuelva a ocurrir esto. No hay fórmulas perfectas ni magia que solucione todo lo que ocurre, pero “farandulizar” este problema es no entender el cambio que debemos llevar como país. Pensemos qué futuro queremos, aquel que entrega sangre a las multitudes para saciar su “sed”, cual arena romana en el Coliseo o uno en que todos tengamos oportunidades, igualdad y equidad social.