Nuevos tiempos políticos, nuevas construcciones del lenguaje. A partir de marzo somos testigos de la entronización de una nueva palabra que pretende instalarse permanentemente, desde el poder público, en el discurso de nuestra provinciana polis: eficiencia. El término nos sale hasta por las orejas, desde las excusas para disminuir el gasto público y el empleo del sector, hasta el simbolismo gubernamental de la piedra y el papelito que se pasearon por Europa en manos del Presidente Piñera hace un par de meses atrás.
El triunfo de la derecha inuaguró una nueva estación en la configuración del imaginario colectivo a través del enunciado de la eficiencia que se muestra como una de las figuras retóricas clave del actual discurso gubernamental. Ya es común ver cómo este término campea en los foros de discursión de las redes sociales 2.0 entre los apologistas de la “nueva forma de gobernar”, a la cual últimamente se le ha agregado el carro del “chilean way”.
La eficiencia carareada por el discurso de la derecha desde mediados de los noventa, tomándolo prestado de las huestes del anarcoliberalismo de Chicago, ha dejado atrás al anterior eje retórico-discursivo de las políticas públicas: la equidad pregonada en los gobiernos de Bachelet y Lagos. Aquí es donde se esconde un problema de fondo para las frágiles relaciones sociales de nuestro país, pues la dicotomía entre eficiencia y equidad dentro del campo económico-social contiene una carga axiológica contrapuesta.
Y es que la pregunta que ronda es: ¿Cómo puede comprender el ciudadano común y corriente este cambio de enfoque de la equidad a la eficiencia, cuando las élites les hablan acerca del desarrollo?
En una de las sociedad con mayores fallas estructurales en la distribución del ingreso, resulta difícil ingerir el concepto de eficiencia, sobre todo si ésta es asociado a la reducción del sistema de seguridad social del Estado y a la desregulación del mercado.
¿Pueden ser catalagados como sinónimo de eficiencia los crecientes problemas de atención y burocracia privada que deben enfrentar las personas a la hora de realizar trámites en AFPs. Isapres, Bancos y Servicios Básicos, debido a los infaltables cobros indebidos? La confusión se genera cuando este dispositivo discursivo sólo se usa para hablar del Estado y la gestión pública, omitendo sus fallas en el sector privado.
¿Acaso es negativo o poco recomendable que el concepto de eficiencia se instale con mayor fuerza en las prácticas discursivas de un país en desarrollo? Absolutamente no. De hecho, el diagnóstico de agotamiento y desgaste en las prácticas de las tecnoestructuras de la Concertación es un realidad aceptada tranasversalmente por parte de los actores públicos.
El problema de fondo, sin embargo, es que este dispositivo esconde una estrategia argumental respecto a la preminencia del mercado por sobre la incidencia del Estado en la sociedad: eficiencia es sinónimo de competitividad, de conquistar nuevas metas en la vida, algo completamente distinto a la carga hermeneútica que le asigna la derecha a la equidad, la cual es vista como la gran creadora del estancamiento de la vida económica.
La visión distorsionada de la eficiencia se puede abordar desde la obra del filósofo francés Michel Foucault “El Orden del Discurso” (1970), cuyo eje central se mueve alrededor de cómo las pràcticas discursivas producen objetos u elementos constitutivos que buscan penetrar en las relaciones culturales a través de los denominados “objetos del discurso”.
Estos últimos son aquellos elementos, ejes conceptuales, dispositivos o artificios, “de los que se habla a todas voces” en un determinado “régimen de existencia”. En el caso de Piñera, la circulación de su orden discursivo apunta al objeto de la eficiencia; cualquier ocasión –por más superficial que sea- es propicia para levantar esta bandera.
Esta intencionalidad ya había sido mencionada el año pasado por el director de Adimark y amigo del Presidente, Roberto Méndez: “La gran estrategia de Piñera es ver cómo proyecta su eficiencia”. La circulación de esta idea no debe interpretarse como una simple “irrupción en la subjetividad pura” -como afirma Foucault-, sino que debe ser entendida como un espacio de posiciones y de funcionamientos que son diferenciados por los propios sujetos. En otras palabras, unos compran el cuento, otros no.
El hecho de que casi todos los acontecimientos del gobierno se apliquen bajo esta receta debe ser visto como la aplicación de un ejercicio de poder y saber que busca intervenir en todos los niveles de prácticas empíricas o culturales. Foucault afirma que la fuerza del discurso radica en la acción que éste ejerce sobre otra acciones. En este sentido, el Estado –como una de las máximas instancias ordenadoras de las experiencias de los individuos- sería el punto donde se comienza a aplicar este ejercicio de la eficiencia hacia las demás instancias públicas.
El reciente debate legislativo sobre el presupuesto para el próximo año, reflejó la premisa de disminuir el gasto fiscal bajo la idea de la eficiencia, no importando si se recortan recursos al tratamiento del cáncer de mamas, en educación, o en programas destrinados al desarrollo de ONGs o para las mismas tareas de fiscalización de las reparticiones estatales.
Si bien hasta el momento la capitalizaciòn social de este dispositivo se ha instalado en el sentido común de un segmento de la población, es bueno saber que todo ordenamiento discursivo contiene un “principio de reinversiòn”. Aquí entran en juego las operaciones de deconstrucción expuestas por el filósofo francés Gilles Deleuze, que pueden contrarestar este tipo de dispositivos enunciativos en otros espacios de circulación de saberes, como lo son las redes sociales.
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