Bono portable AUGE: Desmantelando la salud pública

El concepto de “privatización” dice relación con la creencia de que, a medida que el Estado se achica, se amplía la esfera del mercado como asignador “eficiente” de recursos.

Los Gobiernos de derecha de todo el mundo han aplicado un mismo diseño de agenda neoliberal en el ámbito de salud que incluye:

• Concesionar inversión en infraestructura y mantención

• Externalizar administración gestión clínica

• Subsidios portables

• A partir de lo anterior, erradicar organizaciones sindicales y aumentar precariedad en el empleo.

En los últimos días, el gobierno ha anunciado el bono portable AUGE, una semana después de que OMS en su Informe Mundial sobre cómo financiar la salud recomiende:

• Implementar financiamiento solidario en fondo único en base a impuestos, con aporte de más ricos a más pobres y más sanos a mas enfermos

• No promover subsidios a la demanda tipo bono o voucher portable, porque son regresivos al ser utilizados más por los que tienen más recursos e información y porque generan ineficiencia al aumentar  costos para mismas prestaciones.

Entonces, aparece como impresentable el anuncio. Los efectos que se pueden esperar significan en la práctica un proceso de privatización encubierto por las siguientes razones:

• El bono portable aumentará el gasto de bolsillo de las personas de clase media principalmente, por el  20% de copago  para grupos C y D, sin que se haya explicado cómo se regularán los precios a cobrar por los prestadores privados. ¿Serán éstos los mismos que en hospitales públicos?. ¿Qué se hará con todas las prestaciones de atención primaria por las que actualmente no se paga en establecimientos públicos para ningún grupo Fonasa y que ahora tendrán que pagar, sobre todo considerando que en Auge aproximadamente 2/3 de las prestaciones se efectúan en el nivel primario ambulatorio?

• El Fonasa licitará atenciones a privados sin regulación, por lo cual los precios que negocie serán muy probablemente más altos que los recursos para las mismas prestaciones que transfiere a los establecimientos públicos. Esto redundará en un aumento de los costos de la atención de salud para el país, que al final pagamos todos los chilenos vía impuestos. Ya este año el presupuesto de Fonasa para compra aumentó de MM$64 a $MM92 y a la fecha ya hay un sobregasto de  $MM27

• El sector privado no tiene capacidad de oferta actualmente para cubrir el aumento de demanda potencial que se puede producir. Esto tendrá tres efectos. Uno:  reclutamiento de personal desde el sector público, con desmantelamiento aun mayor de médicos y personal de salud, sobre todo en aquellas enfermedades con mayor lista de espera (porque hay pocos especialistas para que las atiendan). El incentivo entonces generara un efecto perverso en los establecimientos públicos y un debilitamiento del sector público evidentemente. Dos: traspaso de la lista de espera desde el sector público al privado a costos mayores. Tres: selección de los pacientes en establecimientos privados con atención preferente a aquellos que copagan y mayor dificultad de acceso a los con menos recursos.

• Los proveedores privados en salud se pueden transformar en el equivalente a los sostenedores en educación y los problemas que se producirán serán probablemente los mismos que vemos ahora en educación: falta de regulación de calidad en este caso de la atención, fragmentación que hará muy difícil regular y fiscalizar si la atención se está dando en base a protocolos AUGE o si se disminuirán las prestaciones ofrecidas para tratar un problema (ej menos exámenes, medicamentos mas baratos y menos efectivos etc), con el fin de tener mayores ganancias.

• El bono Auge generará aun mas dificultad para pacientes Fonasa NO AUGE, por menos personal de salud y mayores costos (y por tanto presupuesto de Salud) destinado a resolver problemas AUGE comprando al sector privado .Algunas estimaciones calculan que con el Bono AUGE se atenderá un paciente (AUGE) y se dejarán de atender 2 pacientes (NO AUGE).

• En el largo plazo, lo que ocurre es el desmantelamiento del sector público, y un Estado reducido en salud sin capacidad de regular precios ni fiscalizar cumplimiento. Al achicarse el  sector público con desarrollo de oligomonopolios privados para atención AUGE se empieza a producir lo que ya sabemos ocurre con los monopolios: la colusión de precios que afecta económicamente a las personas y al país.

• El bono portable cambia la lógica de nuestro sistema y lo hace mas inequitativo y menos solidario. Cambia la lógica desde garantizar el resolver un problema de salud (con todos los exámenes o tratamientos) a un lógica de prestaciones una a una (por ejemplo un examen o consulta).

Toda la discusión anterior hace necesario que, al menos, el Gobierno responda algunas preguntas críticas que permitan tener un poco mas de tranquilidad frente a la amenaza que se cierne sobre el sistema de Salud Chileno, reconocidamente uno de los que funcionan más eficientemente en el mundo.

• ¿Cómo se asegurará que no aumente el gasto de las personas con este cambio?

• ¿Cómo se asegurará que no se cambie la lista de espera desde el sector público al privado?

• ¿Cómo se asegurará que no haya migración masiva de profesionales en aquellas especialidades con más lista de espera, debilitando aun más a nuestro alicaído y desfinanciado sector público?

• ¿Cómo se asegurará que no haya  colusión de precios y una espiral de aumento de costos?

• ¿Cómo se regulará que se cumplan los protocolos en cuanto a número de exámenes y no se disminuyan las prestaciones para abaratar costos y maximizar ganancias? 

* Dra Jeanette Vega Morales, ex subsecretaria de Salud del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet

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Foto: marinmatamoros / Licencia CC