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Wikileaks y el nuevo desafío democrático de Chile

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La gigantesca filtración de documentos del Departamento de Estado de Wikileaks fue como una bomba de racimo que afectó tanto a Estados Unidos como al resto del mundo, incluyendo a Chile; falta por conocer casi el 99% de los cables que se refieren a nuestro país. Por ello es fácil predecir que todo el año 2011 estará marcado por noticias que sacudirán una y otra vez al sistema político chileno, tal como ahora le está pasando a España.

La batalla sobre Wikileaks es parte de un conflicto más global entre los intentos de control y los esfuerzos de acceso social a Internet. En el caso de EE.UU la respuesta ha sido dura. El Estado reforzará el secreto y por ahora tuvo éxito en disciplinar a las empresas norteamericanas para negar servicios a Wikileaks. Los computadores del Pentágono bloquean el acceso de funcionarios públicos a portales que divulguen o comenten los cables. Algunas universidades han recomendado a sus estudiantes que no accedan a estos sitios web, porque ponen en riesgo su posibilidad de ser contratados por el sector público. Sospechosos hackers activan miles de computadores “zombies” para lanzar poderosos ciberataques a la infraestructura de Wikileaks y sus asociados. Y no menos importante, los tribunales ya preparan los argumentos para procesar y extraditar a Julián Assange.

El conflicto sobre el control o el acceso a las redes digitales es el espejo de la vieja lucha histórica sobre los principios de igualdad, de libertad y de democracia. El primero se refiere a la universalización del acceso, lo que sigue siendo relevante en nuestro país, dado que solo un tercio de los chilenos tiene acceso diario a Internet. El segundo se refiere a la libertad de expresión en Internet porque solo así será superado el oligopolio de los medios de comunicación. Y el tercero se refiere a que la transparencia sea la base fundamental de una robusta democracia inclusiva y deliberativa, porque que así se neutralizará la constante presión de oligarquías nacionales y extranjeras o de corrientes autoritarias que una y otra vez renacen bajo diversas formas.

La batalla sobre el control privado/estatal versus el libre acceso a Internet se desarrolla en varios frentes. Por un lado, la concentración del poder económico se manifiesta en una creciente importancia de redes propietarias tales como iTunes y la TV-Cable, lo que también tensiona el debate sobre el futuro de la TV-Digital. Estas no solo excluyen a quienes no pagan sino que también pueden discriminar contenidos, lo que va en contra de la legislación sobre neutralidad de Internet que en Chile se aprobó el 2007. Este movimiento va acompañado por una importante presión por reforzar la propiedad intelectual digital, la que probablemente será objeto de debate público cuando se conozcan el contenido de 31 cables de la embajada norteamericana que se refieren a esta materia.

Por otro lado y como recientemente lo denunció el Washington Post, los organismos de inteligencia de EE.UU están activamente utilizando el extraordinario potencial de Internet para vigilar a sus ciudadanos y quizás a los ciudadanos de muchos países del mundo. Al mismo tiempo, las corporaciones privadas intentan conocer preferencias de consumo y hay un activo comercio negro de bases de datos, que no ha podido ser fiscalizado efectivamente. Todo esto ocurre sin el consentimiento ni el conocimiento de los ciudadanos.

En países autoritarios el control sobre Internet es simple y directo: hay censura y se prohíbe visitar ciertos sitios web ¿Lograrán las democracias superar el desafío democrático de usar Internet para promover la igualdad y la libertad? ¿O se impondrán las redes propietarias dominadas por monopolios que seleccionan contenidos, con Estados que desarrollan sofisticados métodos de vigilancia y legislaciones de propiedad intelectual excluyentes que frenarán la difusión del conocimiento y por tanto la innovación? No lo sabemos, pero es seguro que la derrota del Internet que conocemos hoy, podría convertir el sueño de sociedad de la información en una distopía orwelliana.

Evitemos males entendidos. Por de pronto, no se trata que “todo” debiera ser conocido porque ello choca con el principio de privacidad. Lo que se trata es que Internet sea una herramienta que promueva la igualdad, que garantice la libertad y que amplíe la democracia.

En el caso de Wikileaks, lo que está en juego es la transparencia del sector público que resulta fundamental para que nuestro sistema democrático no sea dominado por elites o poderes fácticos  nacionales o extranjeros, que toman decisiones que afectan la vida de millones de chilenos. No fue por eso que derrotamos a la dictadura de Pinochet. Si queremos una prensa más democrática y más diversa, si queremos una democracia inclusiva y deliberativa, es indispensable universalizar el libre acceso a Internet.

Falta mucho por hacer. La legislación sobre transparencia debe ser reforzada y ampliada a otros ámbitos como el Poder Judicial. Debe legislarse para lograr una mayor transparencia de las empresas y grupos económicos nacionales y extranjeros, especialmente en cuanto al lobby. Debe desplegarse reglas de mayor apertura, transparencia y participación deliberativa. Debe asegurarse que la TV digital no sea meramente controlada por empresas privadas sino que exista una TV pública abierta y democrática, accesible a toda a todos los sectores de la sociedad. Asimismo, debe asegurarse la legislación de propiedad intelectual equilibre adecuadamente derechos de control con derechos de acceso.

A Chile le hará bien debatir las revelaciones de los 2.500 cables que se conocerán en los próximos meses, especialmente en materia de cómo se defienden los intereses nacionales. Pero no hay que hacerse ilusiones. Esto no será un debate académico sino abiertamente político, porque es obvio que están en juego diversos proyectos gobierno y de oposición ¿Entraremos a un campeonato de acusaciones y un debate estéril de meras denuncias cruzadas o lograremos construir acuerdos que fortalezcan nuestro sistema democrático?

El desafío es superar la mera denuncia o la mera defensa y avanzar hacia propuestas programáticas para un sistema político más democrático, más transparente y deliberativo, que supone dejar atrás el resabio autoritario y elitista de la Constitución de 1980. Esta es la única defensa institucional que contrarrestará los poderes fácticos, los lobbies y las presiones y amenazas tanto de elites y grupos locales como de potencias extranjeras y empresas transnacionales. 

(*) Alvaro Díaz fue subsecretario de Economía y embajador de Chile en Brasil.

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Foto: WikiLeaks – fotoserra / Licencia CC

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