Una ley que nace de la corrupción, no puede ser ley

“San Agustín decía que “una ley injusta, no es ley”. En consecuencia, como chilenos tenemos el deber de desobedecer una ley injusta, una ley ilegítima, como es la Ley de Pesca, o también conocida como “Ley Longueira” que nace de la corrupción, donde los empresarios compraron a algunos parlamentarios, que siguen, como si nada, en un Congreso deslegitimado por la sociedad.

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Recuperar el sentido de la política desde la óptica de los ciudadanos es la verdadera labor de quienes participamos en la actividad política, por vocación y compromiso social.

Yo, sin duda alguna, sería el primero en defender una ley justa que beneficie a los pescadores y a los más necesitados del país, pero no tengo por qué aceptar una legislación originada en la decadente crisis moral del Parlamento y, además, tengo el deber ético de oponerme y luchar por cambiarla.

Esta Ley de Pesca, por si alguien no lo sabe o, quizás, lo olvidó, es injusta por varias razones, entre ellas, por ejemplo, porque un grupo pequeño, pero económicamente poderoso, está obligando a una mayoría a acatar una ley que sólo beneficia a un grupo económico, mientras que esa gran mayoría se ve perjudicada y se transforma en víctima de una normativa pro empresarios y, sencillamente, el Estado no puede legalizar esta injusticia, no puede permitir que esta ley se siga aplicando y debe dar señales concretas que apunten a su término.

Hay políticos que defienden los intereses de quienes los financian y no de quienes los eligen. Es lo que podemos observar con los hechos político-judiciales en los que están envueltos, el senador Jaime Orpis y el ex Ministro, Pablo Longuiera. Casualmente, son las mismas personas que participaron en la aprobación de la cuestionada Ley de Pesca.

La conclusión inevitable es que sólo pueden estar representados por esta ley, aquellos que tienen cómo pagar el voto y su representación en el Congreso. Me refiero a la gran empresa: CORPESCA. Si no cambiamos la política, los parlamentarios serán elegidos por los directorios de las empresas y no por los chilenos que esperan y confían en un Chile mejor.

El ciudadano admite que exista una autoridad que lo represente bajo leyes que lo permitan, las cuales deben ir, obligatoriamente, acompañadas de normas morales a las que, voluntariamente, se someten, como dice Jean-Jacques Rousseau en el Pacto Social, por lo tanto, si la autoridad no cumple el contrato, la ciudadanía no tiene por qué cumplir con el orden social, del que hablan los políticos corruptos.

La Ley de Pesca se debe anular, fundamentalmente, porque nació de espaldas a la ciudadanía, a aquella a la que la autoridad elegida debe responder. En este caso, no podemos dejar de lado y olvidar que existen parlamentarios que vendieron los derechos ciudadanos a privados, a los que les entregaron los recursos marinos de todos los chilenos.

Es deber del Estado hacer cumplir el contrato social y, en este caso, no lo está haciendo, por lo que tiene que volver las cosas a su estado original y eso significa anular la Ley de Pesca basada en el concubinato entre políticos y empresarios, dejando presente, eso sí, que no todos los políticos son corruptos, sólo el 95%.

Que no se equivoque la derecha que cree que atacando al Gobierno cubrirá sus figuras envueltas en los casos de corrupción en la Ley de Pesca como Pablo Longueira, Jaime Orpis, Jovino Novoa, Iván Moreira y Ena Von Baer. La infame operación del empate ya fracasó, la ciudadanía sabe lo que hicieron y no cabe duda que, en temas morales y éticos, no hay empates, por lo que me niego a renunciar al lenguaje moral que es indispensable usar para darle mayor significado a nuestra política.

No buscamos empates, sí que Chile se democratice y desarrolle. Una oposición responsable no puede sólo ¡ver la paja en el ojo ajeno!, mientras no es capaz de ver la viga en el propio. El país necesita discusiones de altura.

Nosotros tenemos la tarea de mejorar la política, no seguir defendiendo y administrando el sistema corrupto e injusto que instaló a sangre y fuego la derecha y que algunos políticos de la “izquierda caviar” han, incluso, profundizado. Los más jóvenes no podemos cargar con la responsabilidad de acciones y decisiones en las que jamás participamos.

Quienes sufren en carne propia las desiguales políticas y económicas, creen que lo que pasa en la política palaciega (en La Moneda y el Congreso) no tiene nada que ver con ellos, que es un reality más que ven en los noticiarios. Recuperar el sentido de la política desde la óptica de los ciudadanos es la verdadera labor de quienes participamos en la actividad política, por vocación y compromiso social.

Es urgente impulsar una iniciativa legislativa que apunte a recuperar la sintonía de la política con las necesidades reales de Chile y su gente y, por lo mismo, la anulación de la Ley de Pesca es, sin duda, una medida imprescindible.

Hoy, hay una mayoría que se siente postergada frente a una minoría política y económica privilegiada. Debemos reconocer y hacer algo concreto. Debemos reconocer, de una vez por todas, las diferencias que hay entre la política que tenemos y la política que necesitamos y la distancia que existe entre los grandes desafíos para salir adelante y la pequeñez de las acciones de la mayoría de nuestros políticos.

Desde el mundo de donde vengo, necesitamos una nueva forma de hacer política, que sea capaz de construir sobre lo que nos une y no sobre lo que nos divide. Chile, sin duda, se merece algo mejor. Si no hay justicia para el ciudadano no puede haber paz para el político corrupto.

Diego Ancalao
Vicepresidente Izquierda Ciudadana