Si un reconocimiento no va acompañado de medidas concretas, en términos de empoderar a la población mapuche a través de la concesión de grados de autonomía para zonas de alta concentración mapuche, la devolución de tierras usurpadas y la discusión sobre el territorio robado y las formas de resarcir a los mapuche por ello, la obtención de un reconocimiento simbólico no sería más que una victoria a lo Pirro.
¡Extrema urgencia!, ha dicho el Presidente que su gobierno le dará al proyecto de “Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas”. La filantrópica concesión política contribuirá a bajar las tensiones en el conflicto mapuche-Estado chileno (quiero creerlo), considerando que hay mapuche demandando tal favor del Estado desde el fin de la dictadura. No obstante, ¿en qué ayuda, realmente, el Reconocimiento Constitucional a los Pueblos Indígenas?
Si hacemos un poco de historia veremos que a fines de la dictadura (1989) y principios de la transición (1990), el candidato de la Concertación, Patricio Aylwin, se comprometió a lograr el “Reconocimiento Constitucional”. Sin embargo, pasaron cuatro administraciones de la Concertación, sumando veinte años entre ellas, y nada. Y en gran parte ese “nada” se debe al conglomerado de fuerzas políticas hoy en el gobierno, que se opuso más que nadie a dicha iniciativa (aunque no fueron los únicos), porque en su imaginario la asociaron a división del Estado, al término del país, al fin del relato de la “nación chilena”.
Pero, contrario a esos temores, lo que pedían los indígenas en ese momento era algo más modesto. Simplemente declarar que el Estado chileno era un Estado plurinacional o multiétnico. Esto es, un Estado compuesto por diversos grupos étnicos. Contrariando así una realidad plurinacional de hecho (porque todos hablamos de mapuche, rapanui, aymaras, etc. aunque no estén reconocidos en la constitución, que solo reconoce ciudadanos chilenos en el país), que muestra que Chile es pertenencia exclusiva de un grupo étnico o nación de carácter estatal: los chilenos, que imponen su cultura, su lengua, sus creencias, a cualquier otro grupo étnico o nación dentro de las fronteras del Estado.
Vistas así las cosas, la medida de carácter simbólico le ofrecía la posibilidad al país de decirle al mundo que este Chile transitando a la democracia, dejaba de ser etnocéntrico, para transformarse en multinacional (pluricultural, multilingüe). Era algo así como abrir la democracia para considerar la etnicidad también en ella, como elemento de participación e inclusión en una sociedad civil plurinacional. Y aunque las elites políticas chilenas nunca lograron entender el texto tras la propuesta (ni hoy está claro que lo hayan asumido), la propuesta era tan funcional al mundo indígena como al Estado chileno. En este último caso, porque le ayudaba al Estado a limpiar una imagen internacional de atormentador de indios, bien ganada durante los años Pinochet.
Pero veinte años han pasado desde entonces y mucha agua bajo los puentes. Por estos días varios articulistas han dejado de manifiesto que si bien la medida es un buen comienzo de reencuentro, un reconocimiento por sí solo no dice nada (crítica que ya hacían los mapuche que se irían convirtiendo en la fracción autonomista del movimiento mapuche). Tampoco, uno que no consulte a los pueblos indígenas, como mandata el Convenio 169-OIT que suscribió Chile en el gobierno Bachelet. Es decir, cualquier discusión del asunto debe situarse en el presente, que obliga a consultar tal proyecto a los pueblos indígenas. Pero hay un punto que no ha sido destacado por otros analistas, polémico, pero esencial, al discutir este asunto. Me refiero, al híper internalizado discurso nacionalista de elite chileno (transversal), de que se está poniendo en riesgo la unidad e identidad nacional de Chile al abrazar la diversidad.
Permítaseme ejemplificar como funciona esa ideología, para entendernos. Cuando se le pregunta a los indígenas en un censo de población y vivienda en Chile “¿si usted es chileno, con qué cultura indígena se identifica?”, el encuestador (representando al Estado) está asumiendo que hay una supra identidad por sobre la de cada nación, pueblo, o grupo étnico comprendido en el Estado (se es chileno primero y después cualquier otra cosa en términos culturales, y la unidad y fortaleza del Estado descansa en esa premisa). Y por supuesto, aunque no se diga, que esa supra identidad vale más o es más deseable que la de cualquier otro grupo. Nuestras elites políticas piensan la relación con los pueblos o naciones indígenas en los términos anteriores. Esto es, ven a los pueblos o naciones indígenas como parte integrante de la nacionalidad chilena, un elemento constitutivo de dicha nacionalidad, las “raíces” de la chilenidad, etc. (no diferentes de los aportes de colonos alemanes, suizos, castellanos, que dejémonos de cueston, al final son más cotizados), entidades que por sí solas no son nada, solo partes.
En esas condiciones difícilmente se puede acunar un Reconocimiento genuinamente sentido. Si los políticos chilenos no cambian de paradigma, para aceptarse ellos mismos como un grupo más en el concierto de varios grupos étnicos que conforman el Estado en Chile, el Reconocimiento será inútil. Es decir, sino se aceptan como lo que son, un grupo étnico más, o mejor aún, una nacionalidad o nación estatal (construida desde el Estado como postuló Góngora), que no está por sobre los demás (aunque es mayoritario, por cierto), y que por lo tanto no puede y es feo imponerle sus condiciones a los otros, pues eso en el siglo XXI es un anacronismo, difícilmente el Reconocimiento aportará a una convivencia de grupos étnicos en paz y armonía. De un auto-reconocimiento como otro grupo más depende en buena medida, la construcción de un verdadero Estado pluriétnico o multinacional. Un Estado en que los grupos se mantienen unidos y articulados por una libre asociación (un etnocontrato social pactado en libertad y no impuesto), y por el deseo de vivir juntos antes que por la violencia y sujeción practicada por uno de los grupos sobre el resto (pensar en Suiza y sus cantones, por ejemplo).
Es difícil juzgar intenciones. No tenemos como saber a ciencia cierta cuan honesta es la proposición del Presidente y su gobierno, de manera que congratularlo se impone. Pero los antecedentes respecto del rol jugado por su conglomerado (aunque no exclusivamente) en detener la promulgación del Reconocimiento Constitucional de los pueblos indígenas los pasados veinte años generan desconfianza. La letra chica que de común acompaña estos proyectos, ya explicitada por Piñera al decir “No estamos dispuestos a poner en riesgo lo que es la unidad de Chile como país o nación”, más la denuncia reciente de la consejera de CONADI, Ana LLao, en el sentido de que Piñera hizo un anuncio antes de concluir el diálogo que se desarrolla entre algunos mapuche y el gobierno (léase no los consideró), hacen dudar de tanta generosidad.
Mejor pensar un poco más la oferta y definirla en diálogo autoridades/mapuche con mayor precisión en sus contornos. Porque, a estas alturas, si un reconocimiento no va acompañado de medidas concretas, en términos de empoderar a la población mapuche a través de la concesión de grados de autonomía para zonas de alta concentración mapuche, la devolución de tierras usurpadas y la discusión sobre el territorio robado y las formas de resarcir a los mapuche por ello, la obtención de un reconocimiento simbólico no sería más que una victoria a lo Pirro. Y no ayudaría al país a transitar hacia una solución definitiva a la cuestión nacional mapuche, ni a lograr la paz. Hay mucho de cambio cultural en esto, y por tanto de un proceso lento, como para supeditarlo a la política coyuntural y eleccionaria.
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Foto: Carol Crisosto / Licencia CC
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