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Luego del contundente 80% de apoyo a la opción Apruebo del plebiscito del 25 de octubre y la Convención Constitucional, el paso siguiente es conseguir que el órgano constituyente logre reflejar  la diversidad existente en la sociedad y legitime en su origen la Nueva Constitución que dé inicio a la reorganización de nuestra vida en comunidad.

La pregunta que entonces surge es ¿se agota en la Convención Constituyente la participación posible de alcanzar para un proceso que se supone histórico?

Mi opinión va en el sentido de aquellos que buscan que la Nueva Constitución nazca socialmente legitimada y enraizada en el tejido social de Chile, lo máximo que ello sea posible.


La pregunta que entonces surge es ¿se agota en la Convención Constituyente la participación posible de alcanzar para un proceso que se supone histórico?

En ese sentido, un paso básico pero vital es que los próximos convencionales reflejen la diversidad social, política y cultural del país  en el sentido más amplio. Eso es lo que garantiza de mejor modo el pluralismo que deberá  expresarse en el órgano constituyente. Allí tendrán que estar representadas las mujeres, pueblos originarios, la diversidad sexual, independientes comprometidos con ciertos valores de transformación democrática de la sociedad y, por cierto, militantes de partidos; tendrán que expresarse realidades del norte, centro y sur del país, lo mismo que las distintas visiones ideológicas y políticas de país existentes.

Si bien es cierto desde un tiempo a esta parte una buena parte de las encuestas de opinión e investigaciones muestran el desprestigio de la política Institucional, expresada ésta  en partidos políticos y el Parlamento (el actual Ejecutivo se desprestigia y anula solo), un país como Chile requiere de la política de calidad y de un sistema de partidos y de representación que sean capaces  de procesar democráticamente los temas-país y darles salida a los conflictos.

Liderazgos individualistas y mesiánicos son parte del problema al igual que el caudillismo, el aparatismo,  el clientelismo y  la corrupción,  fenómenos que terminaron por disociar y dañar gravemente la relación de la política Institucional con la sociedad. Ese nexo sigue estando roto, pero su superación no pasa por la exaltación de liderazgos individualistas, generalmente sin proyectos políticos y motivados por ocultos intereses personales.

Con todo, el proceso político propiamente tal no se agota en la Convención. De hecho,  para evitar reproducir el ensimismamiento que ha afectado a otros órganos representativos y que en parte explican su desprestigio, la misma Convención o sectores de sus miembros podrán conducirlo en términos de motivar la participación de otros sectores de la sociedad.

Se trata de evitar el síndrome hegemónico de lo técnico/experto, que si bien necesario en cualquier disciplina, no puede serlo al punto en que lo hizo el tecnocratismo en el manejo de la economía, que dejó de lado variables centrales para la convivencia social como lo es la distribución justa de la riqueza o el cuidado del medio ambiente. En este caso, el síndrome experto, sería  hacer radicar el proceso deliberativo solamente en expertos jurídicos.

Ello porque la realidad del país, a partir del estallido social y la pandemia, ha demostrado ser mucho más compleja a aquella que por décadas nos dibujaron las experticias, pero particularmente  la corriente tecnocrática de la economía. En el contexto del proceso de deliberación en el que se encuentra el país, quienes poseen conocimientos específicos, respetables como cualquier otra fuente del saber, tienen la oportunidad de contribuir a facilitar los procesos de manera colaborativa,  aunque sería mucho  mejor si dicho conocimiento se presenta abierto a ser influido por el aporte de otras ciencias y disciplinas. Pero de conjunto, el país requiere mucho de pedagogía política, sencillez y apertura en el tratamiento de los temas y menos arrogancia de quienes desde un rincón del saber pontifican sabiduría en desmedro de otros.

Para superar  lo antes dicho, será necesario garantizar niveles amplios de participación ciudadana durante el proceso de deliberación, en correspondencia con el órgano constituyente, hasta converger en el plebiscito de salida al cabo de un año.

Formas de participación hay muchas: las hay aquellas presenciales, de tradición territorial histórica del pueblo chileno, tales como Juntas de Vecinos, clubes deportivos, centros de padres y apoderados, Clubes de la Tercera Edad, sindicatos etc.; otras tipo Cabildos Abiertos, ampliamente utilizados por los municipios este  último tiempo y que han ganado amplia legitimidad en las comunidades así como una diversidad amplia, heterogénea y rica en matices del mundo de la cultura, del feminismo y el medioambiente,  y otras muchas expresiones de profesionales, centros de estudio, de la academia y el mundo científico . Pero también las hay de tipo Institucional como las Cuentas Públicas, que de igual modo pueden servir al propósito de incrementar la participación ciudadana en este proceso y conectar a los convencionales con sus “electores”.

Existe por otro lado un amplio campo de participación posible por medios digitales, que puede ser promovido y normado por los futuros convencionales a través de su reglamento, lo que, en complemento con reuniones presenciales,  puede llevar el proceso deliberativo al conjunto social vía TV abierta, por streaming o la habilitación de plataformas digitales que también son idóneas para informar  respecto a la marcha del proceso y efectivas para canalizar  la toma de opinión ya sea genérica (foros) o específica, mediante comunidades temáticas.

La experiencia y los medios existen y son convergentes. Ahora faltan la amplitud y  los contenidos.

 

TAGS: #NuevaConstitución #ParticipaciónCiudadana Convención Constitucional

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25 de Noviembre

No nos equivoquemos, el triunfo del movimiento iniciado el 18-O es haber impuesto un proceso de cambio constitucional. Y a partir de ello es la Convención Constitucional, la que será el espacio natural y obligatorio de participación ciudadana. Comenzar a proponer otros espacios de participación, que por su naturaleza serán inorgánicos y no resolutivos, tiene dos riesgos a lo menos. El primero crear falsas expectativas en la ciudadanía, cuando estos espacios levanten consignas y solicitudes imposibles de cumplir dentro del espacio político institucional orgánico, y el segundo, debilitar o deslegitimar la fuerza por el cambio presente dentro de la Convención, favoreciendo a los sectores más conservadores.

29 de Noviembre

Interesantes puntos, pero yo lo veo en el sentido inverso. Las altas expectativas ya existen en la sociedad, y ello se genera , desde mi punto de vista, debido al cumulo de demandas contenidas y sin respuestas por parte del sistema político y a la creencia de que todas esas demandas podrán ser abordadas por la Constitucion, que es la linea gruesa del marco jurídico-político visto en su conjunto. Los futuros convencionales estarán en inmejorables condiciones para abordar dichas expectativas, pero no es labor solo de ellos. Corresponde que esa labor sea tambien asumida por los lideres de opinión, partidos politicos,la prensa,etc.. Por otro lado, la mayor sensatez en el marco de estas crisis ha provenido de organismos e instituciones tales como los municipios, que fueron los primeros en canalizar orgánicamente el descontento social; instituciones científicas, que ayudaron a sacar al Gobierno del modo errático en que ha venido conduciendo la pandemia. Por ultimo, es mi conviccion, que la legitimidad se gana desde la apertura, en interacción con los cuerpos vivos de la sociedad. Desde luego, la resolucion está en manos de la Convención Constituyente, recordando, eso sí, que es el Plebiscito de salida el que zanja el proceso.

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