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Lo relevante de la discusión sobre la dieta parlamentaria

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La reacción de los aludidos ha sido variopinta, es más, aquellos que acaban de comenzar su segundo período, como el diputado Auth y varios diputados de la Alianza, han salido a defender sus altas remuneraciones aduciendo que deben mantener más de una familia y lo caro que es realizar el trabajo distrital.

Esta semana los diputados Boric y Jackson impulsaron, en conjunto con otros de sus compañeros, un proyecto de Ley que busca reducir el sueldo de los parlamentarios. La justificación que han dado en la prensa, y sobre la que se sostiene el proyecto, es que en Chile la desigualdad es abismante y el sueldo de un parlamentario es cuarenta veces mayor que el sueldo mínimo que se paga mes a mes a una gran cantidad de personas en nuestro país.

La reacción de los aludidos ha sido variopinta, es más, aquellos que  acaban de comenzar su segundo período, como el diputado Auth y varios diputados de la Alianza, han salido a defender sus altas remuneraciones aduciendo que deben mantener más de una familia y lo caro que es realizar el trabajo distrital. Acompañada a esta moción, recientemente CIPER Chile lanzó un artículo que contiene contundente información referida a las asesorías que realizan personas, fundaciones y empresas a parlamentarios, donde se advierte, además, de la carencia de fiscalización en torno a la calidad de estas mismas.

Pese a lo pobre del articulado  proyecto (como han caracterizado algunos analistas la moción presentada por los jóvenes diputados), lo relevante es que se instalan en la agenda pública temas relevantes. El primero, tiene que ver con la labor legislativa y los costos asociados a la mantención de los escaños. Para nadie es novedad que la territorialización de la representación legislativa es el peor veneno para nuestra democracia. Es más, mantener oficinas parlamentarias en distritos y circunscripciones de grandes magnitudes representa altos costos para los parlamentarios y confusiones en el electorado. El primer punto en esta discusión es el alto costo económico de una elección territorial para un legislador, que además en su labor genera leyes para el país y no solo para su territorio, por lo que la lealtad territorial está mal entendida. Debemos repensar nuestro sistema electoral binominal  y avanzar hacia sistemas proporcionales de carácter nacional, a modo de despersonalizar la política.

Segundo, existe un organismo técnico muy poco conocido públicamente, la Biblioteca del Congreso Nacional. Esta oficina que lleva pocos años de funcionamiento ha incorporado, pese a su escuálido presupuesto, profesionales de alta calidad que asesoran a los legisladores. Sin embargo, la asimetría de información existente entre el poder ejecutivo y el legislativo persiste y se profundiza en el tiempo. Es más, pareciera que existe una decisión política de exacerbar el presidencialismo, otorgándole la menor cantidad de recursos a los legisladores para cumplir su labor. En vez de entregar altas sumas de dinero en “asesorías”, debiese existir un aumento en las asignaciones para contratar asesores y mejorar el organismo técnico que asesora al Congreso Nacional en su conjunto, además de la generación de protocolos de las asesorías contratadas. Recordemos además que la Ley de Transparencia no se aplica de la misma forma al poder legislativo. Es más, se omite muchísima información que el resto de las reparticiones públicas del ejecutivo se ve en la obligación de publicar. Por tanto tampoco conocemos con exactitud lo que allí acontece.

Tercero, y lo más complejo, la necesidad de que permanezcan las altas remuneraciones -aducía el diputado Auth en una entrevista realizada por Marlene Eguiguren- se debe a que necesitamos tener a los mejores en los cargos políticos. Bueno, lamento informarle al diputado Auth que la política no es de expertos y así como tenemos parlamentarios altamente especializados, tenemos dirigentes estudiantiles y sociales en el congreso, por lo que una asesoría contundente es una necesidad para el cumplimiento de su labor. No obstante, aquí es importante considerar algo que se ha esbozado, pero de manera muy poco seria: las estrategias de lobby.

Baumgartner y Leech plantean en su texto The Importance of Groups in Politics and Political Science, que una de las estrategias de lobby recurrente es la generación de conocimiento por parte de centros de estudios especializados, y la más efectiva, que es la entrega de donativos a las campañas y a la mantención del período legislativo de los mismos. Una rebaja de las dietas parlamentarias, acompañada de una deficiente legislación que regule el lobby y una deficiente asesoría legislativa, podría ser uno de los mayores riesgos y caldo de cultivo de malas prácticas parlamentarias, puesto que si sumamos los factores anteriores, es muy probable que con un bajo salario, los parlamentarios no sean capaces de sostener los altos costos que implica la mantención de las redes que les permiten ser reelectos eternamente.

Finalmente quiero agregar lo siguiente, lo que cuestiona el proyecto es el rol que cumple el financiamiento público de la actividad política y la educación cívica de los ciudadanos. Es sabido que la despolitización de la sociedad (que por fin se ha detenido un poco en este tiempo) ha permitido avanzar a los políticos en la conquista del poder, generando «cacicazgos» en los territorios y afectando la credibilidad no solo del Congreso Nacional, sino también de los partidos políticos.

Si se desea bajar las asignaciones parlamentarias lo fundamental es tener alternativas para reducir los costos de esta mantención del poder. Es inverosímil pensar que costear una campaña al senado cueste más de cuatrocientos millones de pesos y para mantener el cargo y establecer relaciones con los electores (pagar buses, costear viajes, comprar premios para el bingo-rifa-plato único bailable, arreglar la cancha del club deportivo y comprar camisetas para ellos, entre otras cosas), lo fundamental es modificar el sistema electoral, incrementar los fondos para una asesoría técnica legislativa de calidad, educar a la ciudadanía, transparentar el lobby y los gastos que implica la función legislativa, junto con financiar públicamente la actividad política.

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Comentarios

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Fernando

12 de abril

Lo inconcebible, es que sean ellos los que se suben el sueldo con plata de todos los chilenos. No es posible que se autofiscalicen tampoco. Mientras exista el binominal con todos los vicios que el sistema permite, van a seguir robando a morir. Nadie opina que están por vocación y tenemos muy claro que los negocios laterales los vuelven millonarios. Son lejos, los más corruptos del sistema y lo digo, porque he conocido a varios.

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