La agenda legislativa impulsada por el gobierno para mejorar la calidad de la política, es vista hoy con recelo por algunos centros de pensamiento, institutos académicos especializados y por una parte de la sociedad civil organizada.
Esta agenda se compone de los proyectos inscripción automática y voto voluntario (ya vigente); elección directa de los Consejeros Regionales; iniciativa ciudadana de Ley; el incentivo para realizar plebiscitos comunales; y el proyecto en trámite sobre primarias, que cumplirá un año desde su ingreso al parlamento.
El proyecto de ley sobre primarias busca otorgar mayor transparencia y participación de la ciudadanía en el proceso de selección de candidatos de elección popular que presentan los partidos políticos, en síntesis, regulará los procesos de primarias para seleccionar los candidatos a presidentes de la República, congresistas –senadores y diputados- y alcaldes, eso sí, cuando los partidos políticos lo “estimen conveniente”.
Cuando un partido político apruebe realizar primarias internas o primarias abiertas para llevar un candidato único o común mediante una alianza o coalición política, deberá proceder de acuerdo a las formalidades que se establezcan (reglas del juego) que son, entre otras materias, las formalidades que no convencen, incluyendo a personeros e institutos del mismo sector político de gobierno.
Las observaciones que derivan de experiencias sobre primarias anteriores, se enfocan a grandes rasgos en el financiamiento, la paridad y cuotas de género, la potestad sancionatoria sobre el cohecho y el acarreo, cómo participarán los candidatos independientes entre otras y por cierto, de qué manera los militantes de cada partido y ciudadanos pueden “obligar” el realizar una primaria cuando exista un “retador” sobre un cargo que se encuentre en ejercicio por alguna autoridad del propio partido o pacto.
Con todo, la participación del Servicio Electoral (SERVEL) ciertamente ya garantiza la concurrencia de recursos públicos para la organización del proceso y aumentará el grado de transparencia sobre los resultados y procesos de reclamación.
En cuanto a las cuotas de género y mayores potestades sancionatorias, si bien es cierto corresponderían ser tratadas mediante la modificación de otros cuerpos legales, como la Ley de Votaciones y Escrutinios por ejemplo, su incorporación en este proyecto sería un avance notable y permitirían brindar mayores estándares de calidad política como los que tienen países desarrollados.
Sin embargo, al momento de votar sobre la idea de legislar en el Senado, se discutió mucho sobre la imperiosa necesidad de modificar el sistema electoral, que según muchos es origen del problema de representatividad política– nada se ha mencionado sobre la reforma a la ley de partidos políticos. Así, el senador Navarro (MAS) votó en contra y concurrieron las abstenciones de los senadores democristianos Frei, Rincón y Ruiz, así como del socialista Letelier.
En un esfuerzo promovido por el senador Rossi, quien preside la comisión que tramita el proyecto, junto a las fundaciones Igualdad y Chile 21, organizaron un breve seminario que contó con expositores del PNUD, UDP, la ONG Humanas, históricos negociadores y expertos electorales del PPD y el PS, así como de Libertad y Desarrollo y el propio Ministro Larroulet, encargado de la agenda legislativa.
En este seminario se explicaron las críticas y observaciones ya mencionadas, no obstante, creo que la gran debilidad del proyecto es el tema de la decisión de cuándo organizar primarias.
Supuestamente, el proyecto viene a mejorar la representatividad y participación política, es “la” cesión de poder desde los partidos políticos hacia la ciudadanía, sobre quiénes serán sus representantes a competir en las elecciones.
Como lo señalamos, de acuerdo al proyecto, los partidos políticos efectuarán primarias “cuando lo estimen necesario”, esto se traduce en que sólo ante la aprobación del Consejo General de cada partido, corresponderá accionar la burocracia electoral para realizarlas.
Sin una reforma a la ley de partidos políticos, la situación será igual que en la actualidad: la realización de primarias podrá quedar excluida cuando una autoridad desee ir a la reelección. Solo baste recordar las palabras del senador Sabag (DC) durante la discusión de la idea de legislar al referirse a candidatos de no mucha “figuración”: “¿no sería posible que los partidos pidieran la realización de una encuesta por parte del Servicio Electoral?”
No nos engañemos, el proyecto tal y como está, no mejorará la calidad de la política ni mejorará la crisis de representatividad. La encuestocracia se mantiene vigente.
Lo que persigue este proyecto, al parecer, es resolver el escenario electoral presidencial -que ya se tomó el debate de la agenda política-, y su utilidad será legitimar la selección de los candidatos presidenciables que correrán por los grandes conglomerados y pactos electorales, debiendo funcionar como herramienta de resolución de controversias frente a díscolos e independientes, lo que finalmente no es del todo malo.
Como concepto, es una muy buena iniciativa, pero el proyecto redactado por el gobierno parece que solo es “para cumplir” y denota que no presenta intencionalidad por mejorar profundamente los problemas de representatividad y participación ciudadana en la vida política de la República.
Habrá que seguir esperando conocer la redacción de los próximos proyectos que se presenten y verificar si el paquete completo sigue en la misma línea de mantención del statu quo institucional heredado de la dictadura de Pinochet.
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