Prevalece desde los ochenta la política pragmática, se recuperó la democracia y la transición legitimó la institucionalidad que estableció la Constitución vigente, cuyos pilares son aún defendidos por un sector minoritario. Cayó el muro de Berlín y han fracasado las estructuras políticas y económicas de los países comunistas; es momento para reflexionar sobre nuestra institucionalidad amasada durante la guerra fría.
Chile estaría en el último estadio de la historia, alcanzó la democracia-liberal (utilizando la tesis de Fukuyama sobre el fin de la Historia) tiene una economía de mercado basada en la libertad, un gobierno representativo y garantiza el imperio del derecho, aspectos que le permiten ser un país respetable, escuchado y aceptado por la comunidad internacional. Aún así, crece la insatisfacción social, debilidad propia de Estados autoritarios y que debiera ser trabajada rápidamente para que nuestro sistema político no caiga preso de su propia autoridad o fuerza represiva.
Sin pretensiones intelectuales, esbozaremos como probables causas dos aspectos, paradójicamente bases de la democracia-liberal, primero un conjunto de elementos político/representativo y otro de corte económico.
Se cuestiona la representatividad parlamentaria y la poca competitividad en cargos de elección popular locales y regionales, hasta el marcado presidencialismo. Sobre lo económico, la hegemonía y control del circulante por parte de la banca, un modelo orientado al endeudamiento para el consumo y, la alta concentración de la riqueza que deriva en desigualdad sin “chorreo”. En lo económico, el liberalismo se entiende como la conjunción de la libertad personal, libertad económica y una doctrina de gobierno limitado y restringido que permita a lo sumo, otorgar y garantizar a los ciudadanos libertades, seguridad y justicia.
Nuestra Constitución consagra la subsidiaridad del Estado -doctrina del liberalismo extremo o neoliberalismo; reconoce las libertades para emprender y establece una vasta burocracia legalista que asegura y materializa ambas ideas.
En lo práctico, la concentración hace inviable materializar la idea de libertad económica para la mayoría; la población sólo puede optar al trabajo remunerado, expresado con bajas tasas de retorno y sueldos matemáticamente calculados que no distribuyen la abundancia económica. Aquí está el descontento social: la masa trabajadora se endeuda para consumir y no tiene posibilidad de crear riqueza, a ellos no les llegan beneficios de esta libertad.
En la balanza de insatisfacción social, claramente los procesos político representativos serán secundarios frente a desigualdad y poca capacidad crear riqueza. Entonces la ciudadanía pide en las calles cambios profundos, estructurales, reformas al sistema económico burocrático que se encuentra amarrado desde los ochenta.
Hidroaysén, Educación, Aysén, Freirina, Pelequén. La ciudadanía ha entendido que un cambio de proporciones no se logrará con un cambio de gobierno, sino protestando contra un régimen. Chile habría llegado al fin de la historia, nuestra democracia liberal sería la constatación de aquello, pero los pilares de nuestra institucionalidad han terminado horadando la paz social y minando la gobernabilidad.
Olvidar que factores psicológicos ligados al descontento son causa profunda de movimientos revolucionarios, puede ser temerario, la política debe preocuparse de esto.
Algunos teóricos señalaron que luego del “fin de la historia”, ya no habría objetivos políticos por los que luchar, “las preocupaciones serían sólo económicas”, pero en Chile, para mejorar los problemas económicos deberemos intervenir instituciones políticas. “En la medida de lo posible” hoy no es aceptable. Si las reformas políticas son vistas como válvulas de escape y estructuradas por conservadores y neoliberales, serán mero maquillaje para no perder cuotas de poder y podrían no permitir a un futuro gobierno modificar un ápice la estructura económica.
Si las transformaciones políticas se creen necesarias para el progreso y las lideran fuerzas progresistas (en lo fundamental socialdemócratas), habrá esperanzas para que un futuro gobierno trace una reforma institucional legítima cuyo objeto sea democratizar fraternalmente el progreso, en democracia y libertad.
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Foto: Daquella manera / Licencia CC
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