En la actualidad gran parte de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), han sido consideradas como reservas de la naturaleza salvaje, creadas bajo el principio de disyunción entre sociedad y naturaleza, considerando en muchos casos a las comunidades aledañas (en su mayoría indígenas), como una amenaza inminente y no considerándolas como aliadas en el trabajo de la conservación. Es así, que el Estado, ha desarrollado diversas acciones de contención, e incluso de represión de sus integrantes (Aylwin & Cuadra, 2011)[1]. Esta invisibilización constante del Estado, con las comunidades que habitan aledañas a las ASP, se ha transformando en una tensión permanente, en la que se han formulado interrogantes como: ¿Quien realiza la gestión de un territorio a conservar?; ¿cómo se toman las decisiones al momento de decidir qué hacer en el territorio y quien administra este mismo? y como resolver una situación del hacer, en el momento, cuando las necesidades de las personas chocan tan directamente con las necesidades de las especies o ecosistemas amenazados.
Al revisar los titulares, me he encontrado con la noticia: “En un ambicioso plan para licitar y concesionar la administración de algunos parques nacionales está trabajando el Ministerio de Bienes Nacionales, que encabeza Felipe Ward, en conjunto con la Subsecretaría de Turismo. Esto, con el objetivo de fomentar la industria turística e impulsar el desarrollo de proyectos al interior o en las cercanías de los recintos”. Al leerla, siento que se han olvidado de los procesos históricos que han conllevado a la creación de las ASP en nuestro país y se han olvidado de las grandes brechas sociales y económicas que existen entre lo rural e indígena con el empresariado.La conservación biológica en nuestro país, se ha trasformado, en un capitalismo sin fronteras, en el cual la racionalidad económica ha desterrado a la naturaleza asociándola de forma directa a la esfera de la producción.
Desde la creación del Parque Nacional Villarrica, la cual es una de las ASP destinadas para seguir en este proceso, ha existido de forma histórica, una privación a los derechos territoriales de las comunidades mapuche que habitan aledañas a este. Estas comunidades han manifestado su descontento, a través de litigios con el Estado, debido a la exclusión en la administración del Parque, a la privación al territorio y extracción de recursos naturales y a realizar manifestaciones propias de su cultura en él. En este ejemplo; el Ministro Ward, ¿se habrá olvidado de las poblaciones rurales e indígenas que viven aledañas a estas ASP? y la gran brecha que existe a nivel de manejo de tecnologías, ya que las licitaciones de las cual el habla, en su “ambicioso proyecto”, se realizan de forma electrónicas, es decir, a través de formularios en páginas web asociado a un requisito de capital económico elevado en la postulación. Es debido a esto, que la postulación a estos proyectos, la realizan en general, grandes consorcios turísticos como por ejemplo ENJOY, quien posee en la actualidad la concesión del centro de esquí. .
La conservación biológica en nuestro país, se ha trasformado como bien lo dice Geertz (2000)[2], en un capitalismo sin fronteras, en el cual la racionalidad económica ha desterrado a la naturaleza asociándola de forma directa a la esfera de la producción. Además le pregunto al Sr Ministro Ward, si existe dentro del “ambicioso plan”, procesos asociados, al incremento en la acumulación de capital en los sectores turísticos como; el aumento en la inversión el desarrollo inmobiliario de la región, turismo de navegación en los cuerpos de agua cercanos al PNV y al uso y manejo del agua. Este vital elemento, el cual es de preocupación por parte de las comunidades mapuche, se convierte también en objeto de competencia, dadas las necesidades de los complejos turístico, frente al uso doméstico de la población local o al riego de sus cultivos.
El consumo de agua del turismo tiene que ver con los usos personales de sus clientes (aseo, spas, piscinas) y el mantenimiento de jardines, entre otros, pero también con necesidades “indirectas” derivadas del funcionamiento de la industria turística. Finalmente, se desestructura también la territorialidad preexistente de las comunidades rurales, al promover el desplazamiento de los lugares de vivienda o al impedir el acceso a determinados caminos de paso y un sinfín de cosas por analizar en otros escritos.
En resumen, mi manifiesto en esta carta, es la preocupación por la forma en que se planifican las políticas públicas asociadas a la conservación biológica en este país, el cual solo busca el tan ansiado desarrollo desde el punto de vista del capitalismo imperativo. Cada una de estas nuevas formas de inversión produce notables transformaciones culturales, ecológicas y sociales, la cual generará, sin lugar a dudas, procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental que irán apareciendo como externalidades del sistema económico y que serán absorbidos principalmente por las comunidades vecinas a estas ASP. Sr Ministro, le propongo generar políticas de conservación de la naturaleza asociada a la cultural (conservación biocultural), como por ejemplo, la co-administración de las ASP con las comunidades vecinas con ayuda del Estado, con el objetivo de fomentar la asociación de las comunidades y la conservación de nuestra riqueza biocultural y no seguir enriqueciendo al que siempre saca la mejor parte de la torta, y esta vez a costa de la naturaleza.
[1] Aylwin, J & Cuadra, X. (2011). Los Desafíos de la Conservación en Territorios Indígenas en Chile. Temuco, Chile: Observatorio de los Derechos Indígenas.
[2] Geertz, C. (2000). “Available Light. Anthropological Reflections on Philosophical Topics”. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
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