De nuestra Constitución Política nadie podría decir, sin temor a ser considerado un orate, que constituye un ejemplo de Democracia, así no está de más recordar que en los primeros años de vigencia de este cuerpo legal existían artículos que proscribían las ideas del Partido Comunista , se establecía también la inamovilidad de los Comandantes en Jefe, un sistema electoral que permitiría que un 33% tuviera la misma representación que quién tiene un 65%, y fijaba una serie de enclaves autoritarios, cómo el de los Senadores designados, vitalicios, etc. Junto con todo esto se establecieron quórums altísimos, lo que evitaría a toda costa que se cambiara lo construido en Dictadura por aquellas temidas “mayorías ocasionales”.
Con el arribo de la democracia el año 90, se inició el periodo denominado la “Transición”. La Concertación gobernó con las reglas de la Constitución de Pinochet, con los años, algunos elementos de extrema vocación antidemocrática fueron eliminados, lo que morigeró en un mínimo grado lo autoritario de la carta fundamental.
Sin embargo, desde su versión Original hasta hoy día, la Constitución política le dedicó un capítulo especial al Poder Judicial, en el cual se le otorga independencia de los restantes poderes del Estado y se le concede de forma exclusiva la facultad de conocer las causas que deban ser sometidos a él. Nadie podría decir que en dictadura el Poder Judicial era “genuinamente” independiente, todos sabemos que los Ministros de las Cortes eran designados a dedo por la Dictadura, y el futuro de un recurso de amparo, presentado en favor de un detenido, era nulo.
Con la llegada de la democracia, la Judicatura gozó, con sus bemoles, de un derecho que le es inherente a su ejercicio, el de la “independencia” de otro poder del Estado.
Sin embargo lo que hemos presenciado estos últimos días es inédito, el Gobierno, a propósito de las protestas estudiantiles y los desmanes que han tenido lugar, a través de su Ministro de Justicia, señaló que “se revisarán jurisprudencias y criterios de jueces para decidir ascensos” y además manifestó también que “el Gobierno estaba cansado que los autores de desmanes quedaran libres con tanta facilidad” y que el ejecutivo no avalará el actuar de los jueces que denominó como “ultragarantistas”. Así el ejecutivo pareció olvidar de golpe el artículo 76 de la Constitución que señala “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
Esta intromisión es gravísima e inaceptable para una democracia, y los efectos que puede traer resultan aún más nocivos que el actuar de los encapuchados.
Un juez que a la hora de fallar debe someterse a los parámetros exigidos por el gobierno para ser considerado y obtener ascensos , no es un juez que fallará en base a un criterio de justicia, lo hará bajo el criterio de afecciones personales, de buscar un ascenso, lo hará por satisfacer al Gobierno. Qué decir de aquellos que son suplentes y que ni siquiera aún gozan de un cargo de titular y que dependen de la elección que haga el Ministerio de Justicia de la terna propuesta por la Corte respectiva, éstos con toda seguridad fallarán con el miedo a no obtener un trabajo que les permita subsistir. Declaraciones como las efectuadas por el Ministro atentan gravemente contra la ciudadanía, que al menos espera que ante la posibilidad de estar frente a un Juez, aquél falle en base a presupuestos de orden técnico y racionales y no de presiones políticas.
Vale la pena citar al Barón de Montesquieu que en “El Espíritu de Las Leyes” decía “Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”.
Queda claro que a la hora del té, a este Gobierno los jueces no le resultan tan dulces como los opresores.
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