A cuatro años de las movilizaciones masivas de un país que anhelaba mejores condiciones de vida, hoy corresponde recordar a quienes valientemente salieron a las calles a reclamar sus derechos y, por cierto, a quienes se convirtieron en víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros y Fuerzas Armadas.
Las víctimas y sus familias siguen presentes y siguen resistiendo aunque el olvido parece imperar por estos días. Lamentablemente como si no fuera suficiente el abuso, la brutalidad, la mutilación y la tortura que vivieron hace cuatro años atrás, hoy el Estado les sigue fallando. Las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; y el Estado tiene la obligación de responder con la debida diligencia.Las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; y el Estado tiene la obligación de responder con la debida diligencia.
Las medidas y plan de acompañamiento que existen para las víctimas siguen siendo totalmente limitados y están lejos de constituir una política de reparación integral que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. Las víctimas y sus familias siguen estando muy solas intentando reconstruir sus vidas.
En cuanto a las garantías de no repetición, la reforma estructural a Carabineros es imprescindible. La sociedad en su conjunto debe saber que hechos tan horribles perpetrados por agentes del Estado no pueden volver a ocurrir. El estallido social de 2019 demostró que la institución de Carabineros de Chile no sólo puede ser ineficiente en momentos de alta exigencia, sino también que puede constituirse a sí mismo en un factor de inseguridad para la población.
Por otra parte, tan solo el 0,2% de las víctimas han conseguido justicia y hoy la preocupación se acrecienta porque entramos en la cuenta regresiva para que la gran mayoría de los casos prescriban. Esto implica que una parte importante de los terribles casos que ocurrieron no podrán ser investigados al cumplirse cinco años desde los hechos. Este plazo, de ninguna manera, puede significar que los perpetradores eximan su responsabilidad por el gran daño ocasionado. Por cierto, en una institución tremendamente jerarquizada y militarizada ningún alto mando estratégico de Carabineros ha rendido cuentas por las violaciones de derechos humanos. Estas personas habrían tenido toda la información de lo que estaba sucediendo en las calles, tenían la capacidad de prevenir los abusos de sus subalternos, sin embargo, no lo hicieron.
La impunidad y la falta de consecuencias sólo perpetúan la violencia, y generan un clima de temor y desconfianza entre las personas.
A cuatro años de las marchas multitudinarias que enarbolaron la importancia de la dignidad, no debemos dejar espacio para olvidar o minimizar los sufrimientos que han padecido miles de personas debido a la violencia policial y militar. La falta de memoria colectiva no sólo es injusta para las víctimas y sus familias, sino que también es peligrosa para la sociedad en su conjunto.
Por Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
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