Quienes, conmocionados, vieron a Donald Trump alardear de su victoria en las elecciones presidenciales bramando desde una plataforma de miedo, xenofobia y odio han tenido siempre el consuelo de que esa retórica venenosa de campaña quizá fuera una mera estrategia para ganar votos. Prevalencia de la forma sobre el fondo. Sólo palabras.
De un plumazo, el presidente ha cerrado otra vez la puerta a todas las personas procedentes de Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, incluidas las refugiadas. No sólo son todos estos países predominantemente musulmanes, sino también lugares de donde huyen de conflictos y violaciones de derechos humanos la mayoría de las personas que solicitan asilo.
Sin embargo, con alarmante presteza, el nuevo presidente ha respaldado rápidamente este discurso de odio con una serie de decisiones de aplicación de políticas concretas que representan un grave e inminente peligro para los derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos.
Una serie de represivas órdenes ejecutivas aprobadas por Trump en sus primeros dos meses de mandato tendrán consecuencias catastróficas y de muy largo alcance. No se trata de un problema sólo de Estados Unidos; ni mucho menos. Los efectos de las políticas de la Casa Blanca de Trump se harán sentir en todos los rincones del planeta y serán las personas más vulnerables quienes más los sufran.
No es de extrañar que dos de los principales blancos contra los que ha apuntado Trump desde el Despacho la Oval sean los mismos en que se fijó durante su campaña: las personas musulmanas y las personas refugiadas. Y si por casualidad eres una persona musulmana, además de refugiada, pues peor aún.
Con la orden ejecutiva dictada el 27 de enero para “proteger a la nación contra ataques terroristas de extranjeros”, Trump declaró la guerra a las personas refugiadas musulmanas de todo el mundo. Su aplicación al azar sembró de inmediato miedo y caos.
Hubo un breve aplazamiento el 3 de febrero, cuando una corte federal de primera instancia publicó una orden de nivel nacional que bloqueó la tan manifiestamente discriminatoria medida, pero no duró mucho.
El lunes, tras semanas de incertidumbre, la Casa Blanca dictó una orden ejecutiva revisada. A pesar de todos los retoques que se le han hecho, representa una afrenta apenas velada al poder judicial y, aunque con otro nombre, sigue siendo una prohibición impuesta a las personas musulmanas.
De un plumazo, el presidente ha cerrado otra vez la puerta a todas las personas procedentes de Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, incluidas las refugiadas. No sólo son todos estos países predominantemente musulmanes, sino también lugares de donde huyen de conflictos y violaciones de derechos humanos la mayoría de las personas que solicitan asilo.
Reduciendo ligeramente el ámbito de aplicación de la nueva orden ejecutiva, el gobierno de Trump quizá haya solucionado algunos de los fallos constitucionales de su predecesora, pero sigue siendo una medida manifiestamente discriminatoria y restablece muchos de los aspectos más repulsivos de la original.
Trump afirma estar impidiendo la entrada de “terroristas” que causarían daño a Estados Unidos. Pero lo cierto es que no existen datos que respalden la idea de que hay más riesgo de que cometan actos de terrorismo las personas refugiadas —musulmanas o no— que el resto de la ciudadanía.
Trump ha impuesto también un límite de 50.000 personas refugiadas al año. Como el gobierno de Barack Obama había prometido ya admitir a 110.000 en el ejercicio fiscal actual, esta orden afectará a 60.000 personas en situación de riesgo sólo en 2017.
El hecho de que suceda en medio de una situación de emergencia global, en la que hay 65 millones de personas desplazadas como consecuencia de guerras y persecución, pone de manifiesto la crueldad de la medida.
Pero en la era de las “noticias falsas” y los “hechos alternativos” inventados, es evidente que al presidente no le interesa la verdad.
Las personas refugiadas y migrantes que se enfrentan a auténticas decisiones de vida o muerte no pueden darse el lujo de simular y aparentar. Desde que entró en vigor por primera vez la prohibición de viajar, Amnistía Internacional y otras organizaciones han escuchado relatos de terrible sufrimiento como consecuencia de ello en varios países del mundo. Familias divididas, vidas en suspenso, esperanzas de un nuevo comienzo aplastadas de la noche a la mañana.
Como el hombre residente en Estados Unidos que fue a Irán al funeral de su padre y de repente se encontró con que no se le permitía regresar a casa. O la familia yemení de Nueva York que tiene a su hijita de un año a miles de kilómetros de distancia, en Malasia, porque la prohibición de viajar le impidió llevarla consigo. O el periodista sudanés perseguido, que vive en la clandestinidad en Egipto porque teme por su vida y se pregunta ahora si sería seguro solicitar asilo en los Estados Unidos de Trump.
Y están también el gran número de personas refugiadas de otros países, la gran mayoría del “Sur global”, que quizá se sientan ahora abandonadas por la comunidad internacional. ¿Tendrá la prohibición de viajar de Trump un efecto dominó en los países de acogida y hará que aumenten cada vez más las expulsiones de personas refugiadas?
La campaña Te doy la bienvenida de Amnistía Internacional ha sido una poderosa plataforma para millones de ciudadanos y ciudadanas globales que han decidido solidarizarse con las personas refugiadas. Las políticas de seguridad fronteriza de Trump, basadas en el odio y el miedo, están en conflicto directo con ese movimiento.
En las seis semanas transcurridas desde que tomó posesión de su cargo, Donald Trump ha iniciado una guerra sin cuartel contra los derechos humanos. No basta con expresar indignación para responder a ello. Ha llegado el momento de contraatacar y es responsabilidad de todas las personas que se preocupan por estos derechos hacerlo.
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