Debemos abrir la mirada hacia el aborto terapéutico como asunto de libertad humana, de justicia social y de salud pública.
¿Dónde partió el problema? Quizás partió en aquel momento donde la libertad, la fraternidad y la igualdad se declaró para los «hombres»; o quizás en la frase que existía hasta hace poco en nuestra Constitución, declarando que todos los hombres de nuestro país nacían en libertad e igualdad de condiciones. Claramente aquí hay que hacer cuestionamientos a la modernidad y sus paradigmas en torno al rol de la mujer (que no vienen al caso), pero el tema de fondo tiene que ver con lo siguiente: este modelo de sociedad ¿abre espacios para la libertad de decisión de la mujer? ¿Hasta dónde avanza el conservadurismo incluso en la definición de políticas públicas de salud?
Sin duda hay que separar dos debates planteados en aquellas preguntas. Uno guarda relación con la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos ( la mujer como sujeto de derechos), y el otro, si bien incorpora esta mirada, tiene relación con el desarrollo de políticas públicas en salud, para el bienestar físico y psicológico que entregamos como sociedad y como Estado a las mujeres de nuestro país. Y me gustaría detenerme en el último punto, muy bullado durante estos días y con alta resonancia mediática a propósito del nacimiento y muerte del bebé de una niña de 13 años violada, caso que conocimos hace meses atrás.
El programa de gobierno de la Nueva Mayoría propone legislar en materia de aborto bajo tres causales específicas: aborto en caso de violación, aborto en caso de riesgo de vida de la madre y en caso de riesgo de vida del feto. Todas estas causales determinadas bajo un estricto diagnóstico médico. Es por eso que guarda el apellido terapéutico, ya que es un proceso regido bajo el criterio sanitario, donde la implementación de la política pública será acorde a dicho elemento. Pero, sin duda que la despenalización del aborto terapéutico guarda un profundo sentido de fortalecimiento democrático, donde no se impida la decisión de una familia, de “una sujeto” o de una pareja, de decidir sobre su cuerpo. Para ello no sólo se requiere Ley, se requieren voluntades, personas y organizaciones que confluyan, con tal de dar ese paso en la profundización de la democracia.
Nuestro país requiere dar señales claras y pasos concretos hacia la discusión de esta temática. Este debate debe ser con altura de miras, con responsabilidad, en donde se expongan todos los elementos sobre la mesa. Es hora de que despejemos caricaturas nocivas como los bandos pro vida – pro muerte, los préstamos corporales y estereotipos sobre la mujer, que lo único que tienen como saldo real es a cientos de casos como el de una niña de 13 años asumiendo su destino de madre, o familias que compran el ataúd de sus pequeños aún en el vientre de la madre.
Debemos abrir la mirada hacia el aborto terapéutico como asunto de libertad humana, de justicia social y de salud pública. Necesitamos que el mundo social, esto es organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud, organizaciones feministas y de mujeres, organizaciones territoriales, de usuarios de la salud, entre otros, también se hagan parte de esta demanda, en el entendido del directo beneficio de las mujeres en calidad de vida, libertad para decidir y mejoras en atención en salud. Para ello se requiere terminar con sesgos y dar un debate país histórico, con la finalidad de terminar con una prohibición que sólo existe en 7 países del mundo.
Sin duda que abrirnos paso hacia el aborto en todas sus causales, y por motivaciones propias del sujeto, es un avance profundo que debemos dar como sociedad respecto de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Pero, sin duda, partir ese debate con la posibilidad real de despenalizar el aborto terapéutico es una gran oportunidad para recuperar derechos perdidos en dictadura. Nosotros, como parte de la ciudadanía, organizada o no, debemos ser responsables: existe un problema social que debemos resolver. No queremos a más niñas violadas que tengan que pasar por la traumática experiencia de vivir un embarazo probablemente con un feto en condiciones de inviabilidad, eso no es dignidad de vida. Eso en ningún caso son condiciones favorables para ejercer la maternidad. Si realmente queremos dar un debate responsable en esta línea, debemos mínimamente considerar los siguientes elementos: La maternidad no debe ser imposición, sino una opción consciente y madura del padre y la madre (co- responsabilidad en la crianza). Y para el bien país, acabemos con el doble estándar en torno al discurso mal llamado valórico. Si realmente estamos preocupados por la maternidad y la vida, comencemos a dignificar la vida en nuestro país.
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