Hace cuarenta años fueron traspasados los establecimientos educacionales desde el Ministerio de Educación a los municipios del país. Son pocos los docentes que aún permanecen en el sistema escolar y que vivieron dicha experiencia, pero la memoria histórica, la experiencia colectiva ha traído al presente dichos días ante el eminente nuevo traspaso de las escuelas, jardines infantiles y liceos, pero ahora de manera inversa, a los creados Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que configuran unos nuevos territorios escolares, que, para el caso de Chiloé, coincide con la provincia. Paralelamente, por estos días, hemos presenciado en los medios de comunicación la situación caótica producida en Atacama en el marco de este traspaso y que mantiene por más de sesenta días a los estudiantes sin clases.
Diversos actores locales en la provincia están preocupados por la implementación de este nuevo cambio, aunque coincidentes en necesidad de llevarlo a cabo, especialmente ante las dificultades administrativo financieras que han surgido estos últimos años en algunos municipios y que responden al modelo de financiamiento y gestión imperante. Chiloé necesita el cambio, pero espera que éste sea bien realizado, y para que aquello goce de altos estándares y baje los niveles de angustia que comienza a instalarse en algunas comunidades educativas, sugerimos algunas medidas simultáneas de mediano plazo, que se deben abordar antes, durante y los primeros años de este nuevo traspaso para generar adhesión y no desencanto, mejores compromisos y no nuevas frustraciones.No podemos repetir la experiencia pasada de traspaso inconsulta, de ambiguas atribuciones y de precario financiamiento. Hoy, al conocimiento y la experiencia pasada y reciente, debemos agregar voluntad y determinación para no repetir errores
En primer lugar, creemos que hay que construir capacidades de gestión en gobernanza multinivel. La variedad de actores involucrados exige que los nuevos directivos tengan las habilidades para coordinar territorialmente las intervenciones, injerencias y potencialidades de apoyo de la institucionalidad pública, que comprende a los municipios de origen hasta las diversas dependencias de relevancia educativa provincial y regional. Liderazgo para la coordinación de atribuciones, articulación de expectativas y modalidades de trabajo en red que doten a la nueva institucionalidad pública de legitimidad y autoridad educativa.
En segundo lugar, se debe realizar un mapeo que dé cuenta de las condiciones de la infraestructura y del equipamiento en todos los establecimientos educacionales, de modo que se establezca un programa de mejoramiento y comprometa a los municipios y al gobierno regional en esta tarea. Los establecimientos educacionales del SLEP Chiloé deben cumplir con estándares mínimos de operación, que garanticen seguridad a docentes y estudiantes, pero también espacios adecuados para la buena enseñanza y la vida comunitaria.
Tercero, depurar con trasparencia las condiciones de traspasado de profesionales docentes y de apoyo de los establecimientos educacionales, asegurando tranquilidad y estabilidad laboral, dotándoles de autoridad educativa y pedagógica, generando oportunidades de perfeccionamiento e invitándoles a ejercer su profesionalismo con eficacia y responsabilidad frente a sus comunidades. Este desafío requiere de un pacto por una educación de calidad, culturalmente pertinente, vinculada a los desafíos territoriales y acogedora de los sueños de niñas, niños y jóvenes, pero también de las esperanzas de sus familias y de las necesidades socioproductivas del territorio insular.
No podemos repetir la experiencia pasada de traspaso inconsulta, de ambiguas atribuciones y de precario financiamiento. Hoy, al conocimiento y la experiencia pasada y reciente, debemos agregar voluntad y determinación para no repetir errores; es en el sistema educacional donde mayores certezas se requieren para abordar los cambios sociales que se esperan construir.
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