“Decide el Gobierno que la realidad no existe”. La frase de Eduardo Galeano ilustra bien lo que se ha hecho al decretar que allí donde los niños leían “dictadura” deberá leerse, en lo sucesivo, régimen militar. En “la historia según el Mineduc”, como se ironizó largamente vía Twitter, el eufemismo prevalece sobre la veracidad y el olvido intencionado sobre la memoria. ¿Para qué?
Como es bien sabido, el lenguaje no es neutral: nombrar, y denominar, es un poder que todos ejercemos, contando con mayor o menor vocabulario. El vocabulario dictado por las nuevas bases curriculares, reemplazando a la de 2009 y que ha sido aprobada con fecha 9 de diciembre por el Consejo Nacional de Educación, es criminal. En varios aspectos .
Primero, porque la denominación que la ha hecho célebre es un atentado a la conciencia del abuso, dejando abiertas las puertas a la negación del horror de la dictadura, como hicieran hace poco el Coronel Labbé y la asesora de Piñera. Evitar llamar a la dictadura por su nombre correcto, en términos históricos y politológicos, supone relativizar tanto su concentración de poder, ejercido sin contrapeso institucional, como el ejercicio despiadado de ese poder, expresado en una muy amplia gama de violaciones a los derechos humanos que van desde la censura a la tortura y desaparición de personas.
En ese sentido, cuando el Mineduc usa su poder de denominar escogiendo la expresión “régimen militar” no sólo niega la realidad sino que la transforma, concentrando en los uniformados la responsabilidad del poder dictatorial. En realidad, los uniformados fueron solo parte de ese sistema. La parte mayoritaria, sin la cual no se habría sostenido ni se hubiera proyectado el autoritarismo hasta nuestros días, fue civil. El Consejo Nacional de Educación actual, por ejemplo, es una muestra perfecta del legado de Jaime Guzmán: una institución corporativa, creada para supervigilar “la calidad” de la educación, formada por representantes de las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema, las universidades privadas y públicas, los institutos profesionales y un arcaico Instituto de Chile (sic).
La actual base curricular, además, desnuda la ilegitimidad de la institucionalidad educacional. No sólo por su origen en un gobierno surgido de un acto de violencia contra la república y sus ciudadanos, sino que por que sus procedimientos son, por decir lo menos, oscuros. La reforma curricular elaborada por el Mineduc expresó los niveles de improvisación característicos de las gestiones de Lavín y Bulnes y, en el área de curriculum, de la ex-CEP Loreto Fontaine. Tras recibir reparos estructurales y fundados, elaborados por especialistas competentes, fue rechazada por el CNE. Que luego, súbitamente, sin atender a los reparos, la aprobó.
Por último, y lo más importante, la reforma curricular es perjudicial porque apunta a producir analfabetos funcionales, esto es, sujetos con conocimientos básicos e incapaces de conectar esos conocimientos de manera creativa. En este sentido, la reforma es coherente con el intento de reducir las horas de historia, desplegado por la misma unidad del Mineduc hace un año y frustrado gracias a la movilización social, y con la eliminación de tiempo exclusivo para la enseñanza musical. Durante los gobiernos de la Concertación esa misma perspectiva se expresó con la eliminación de filosofía e idiomas distintos al inglés. Con la mira puesta en contenidos antes que en procesos, la reforma apunta a cosechar las supuestas cifras del saber vía mediciones estandarizadas, del tipo del Simce y los también frustrados semáforos segregantes del Ministro Lavín. Una utilización y sacralización de los indicadores que ha sido fuertemente criticada, incluso, por su impulsora en Estados Unidos, Diane Ravitch . El pensamiento abstracto, el desarrollo de las potencialidades, el aprendizaje creativo y la participación activa son las grandes víctimas de esta reforma.
En suma, las bases curriculares en historia suponen un peligro para los estudiantes. Porque se busca que niños y niñas nieguen la existencia de la dictadura, llamándola por un buen nombre sin contenido. Porque les niega la capacidad de conectar el hecho de la dictadura con la continuidad de sus formas institucionales y en la mentalidad de una derecha chilena que busca darle un nuevo nombre. Porque amenaza, cuando busca enseñar a repetir, con que los estudiantes repitan como loros y olviden como seres sociales. Cuando el mundo necesita, como siempre y más que nunca, creatividad y memoria.
* Alberto Harambour es historiador y profesor de la Universidad Diego Portales
** Si crees que el Ministerio de Educación debe cambiar la decisión y hablar de "dictadura", firma esta carta. Si tienes cuenta en Twitter, usa el hashtag #FueDictadura
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Foto: DesertMonsterBell / Licencia CC
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