El anuncio que el miércoles hiciera Enersis en el sentido de concretar un aumento de capital por 8 mil 20 millones de dólares (hoy el valor bursátil de la compañía supera los 10 mil millones de dólares) abrió un flanco importante en la discusión sobre mercado versus Estado. Se trata del debate que escudriña las decisiones de las empresas privadas (en este caso una sociedad) que impactan no sólo en su rentabilidad económica sino a la vez en principios e intereses colectivos que están (pensamos algunos) por sobre lo bueno o malo que pueda resultar un negocio.
Veamos.
En sencillo, lo que quiere hacer la italiana Enel (que controla Endesa España y, a través de ésta, la eléctrica chilena hoy en el ojo del huracán) es decirle al mercado que Enersis vale más que antes pero sin poner ellos un solo peso nuevo, sino valorizando activos ya pertenecientes a la matriz hispana. Para lograrlo hizo una especie de mega cucha juntando diversas compañías desperdigadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, completando así su eventual aporte de 4 mil 800 millones de dólares (correspondiente al 60 % de sus acciones en Enersis) y obligando a los que tienen el 40% restante a ponerse en billetes frescos con los 3 mil 200 millones que faltarían para llegar a los 8 mil millones de palos verdes.
Según los expertos, son varios los problemas involucrados en la operación.
Primero, que una decisión de esta envergadura (de concretarse sería el aumento de capital más grande en la historia de Chile) se pretenda imponer a sus socios sin presentar un plan concreto de proyectos nuevos, es decir, sin dejar en claro para qué se quiere la plata. Y, segundo, que para llega a sus 4 mil 800 millones de dólares valorice varias empresas por sobre las señales del mercado, como son los casos de Edesur (Argentina) y Coelce (Brasil).
El problema podría quedar allí, en una disputa entre privados, si no fuera por un detalle no menor: de ese 40 % de los minoritarios más de un 13 % pertenece a los chilenos a través de sus fondos de pensiones.
La respuesta del mercado a la mega operación fue rotunda. Las acciones de Enersis cayeron un 16,6 % acumulado los días jueves y viernes. En la pasada, los minoritarios habrían perdido U$ 1.483 millones, incluido usted y yo si sus fondos están las AFP Cuprum, Planvital, Habitat, Provida, Capital y Modelo.
La posibilidad de que los trabajadores de hoy vean menguadas sus pensiones del futuro es uno de los primeros problemas que salta a la vista luego de conocer los alcances y repercusiones del anuncio. Esto, producto de que el modelo chileno de previsión opera sobre la base de uno de los puntales de sistema financiero: la especulación, quedando mi futuro y el de mi familia en las manos de quienes mejor interpreten este veleidoso (y cruel) mundo. O, si tienen mucho poder, lo hagan moverse en su beneficio particular. Algo concordante con el segundo pilar del universo de las AFP: la capitalización individual, donde cada uno mata su toro y la solidaridad brilla por su ausencia.
Que un ámbito tan esencial como el de la seguridad económica para la vejez funcione así, es materia de política pública. Una en la cual los ciudadanos, obligados por ley a cotizar, tenemos el legítimo derecho a opinar.
Y en lo que podemos también expresar nuestra visión es en qué se invierten nuestros dineros. Estoy seguro que por muy lucrativo que sea el negocio del comercio sexual (recurro a un ejemplo conservador) más de alguno de esos ejecutivos que justifican la amoralidad del mercado no estará dispuesto a que con su plata se incentive con nuevas infraestructuras y servicios el placer sexual de sus conciudadanos.
Dicho esto, no está demás saber que una parte importante de los fondos de pensiones hoy invertidos en Enersis deben provenir necesariamente del trabajo de millones de chilenos y chilenas que rechazan HidroAysén (uno de los emblemáticos proyectos de la eléctrica, a través de Endesa Chile), a la luz de los porcentajes arrojados por los principales sondeos de opinión conocidos a la fecha.
Quizás suene ingenua la propuesta, pero mientras no transformemos el sistema individualista y especulativo de pensiones en uno de corte solidario, quizás podría existir una “cláusula de conciencia” que permita al cotizante prohibir que sus fondos sean invertidos en determinadas compañías o áreas productivas.
La discusión sobre políticas públicas no puede partir desde la técnica. Su origen debe fundarse en los principios e idearios que sustentan a determinada sociedad. Y aunque éstos no son únicos (en todo grupo humano hay matices de todo orden), la idea es que por lo menos sean un reflejo de los que una mayoría busca. Una vez establecidos tales, serán los técnicos quienes los plasmen en instrumentos orientadores.
Porque aunque los gurús del neoliberalismo nos han querido convencer de la neutralidad de las inversiones, el “business are business” está bien para El Padrino, pero no para una sociedad que se precie de llamarse como tal.
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