Gas de Chile: Trabando el negociado a costa de la necesidad

A mediados de mayo, El Mercurio publicó un extenso reportaje anunciando que “cada cilindro costó $117 mil y se vendieron a $15 mil en promedio”, en referencia al plan piloto que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) implementó entre agosto y diciembre de 2022 en las comunas de San Fernando, Chiguayante y Quintero.  El testeo permitió, señala la misma nota, que unas “3.157 familias, que forman parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, accedieran a la compra de cilindros de gas licuado a un precio menor al ofrecido por empresas privadas”.

Los más pobres, durante ese período, compraron a $ 15.000 lo que el mercado les vendía a $ 23.000.

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Los datos son claros: la amenaza de competencia del Estado ha hecho que las empresas disminuyan el precio de un producto de primera necesidad, en algunos casos a montos inferiores a los que tenían hace dos años

El artículo tenía una clara intencionalidad. Usar las matemáticas -y el desconocimiento de la población- para denunciar la supuesta inviabilidad de la iniciativa del gobierno, considerando el costo que ésta significó para la energética estatal.  Sin dejar lo suficientemente claro que se trataba de un proyecto piloto que debió absorber todos los costos de su instalación en el mercado: infraestructura, generación de procedimientos de distribución, los nuevos cilindros, entre otros. Que es lo que hace cualquier empresa grande: realiza una fuerte inversión inicial con el fin de entrar en determinado mercado.

Las críticas no se hicieron esperar. Desde la bancada de diputados UDI se acusó a las autoridades de “engañar” a los chilenos y chilenas con una «falsa promesa«, porque habrían ofrecido «gas a un precio más barato que en el mercado, pero sin explicitar que al Estado le saldría diez veces más caro y que esa diferencia la pagaríamos todos los chilenos con nuestros impuestos«.  La ofensiva la lideraron los diputados Marco Antonio Sulantay, Juan Antonio Coloma, Juan Manuel Fuenzalida, Cristián Labbé y Álvaro Carter, quienes anunciaron incluso que convocarían a los ministros de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y Energía, Diego Pardow, para que explicaran “las razones detrás de los resultados del plan y si continuarán ejecutándolo este año”.

El programa del Ejecutivo no nace de un capricho de un gobierno estatista que quiere engañar a la ciudadanía y hacer quebrar empresas. Se sustenta en un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicado a fines de 2021 (durante la administración de Sebastián Piñera) que estableció que se requiere reformar el mercado del gas porque la actual situación perjudica a las y los consumidores. La conclusión fue inequívoca: “El mercado del gas no funciona adecuadamente desde una perspectiva de libre competencia. Existe una falta de intensidad competitiva en el segmento mayorista y persisten conductas comerciales que inhiben la competencia en el segmento minorista”.

Previamente, en noviembre de ese año, una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados determinó que “existen especiales condiciones del mercado que podrían dar origen a una colusión en el mercado del gas”.

Como una parte de las familias del país, en nuestra casa usamos gas como mecanismo complementario de calefacción. Lo adquirimos en Puerto Guadal, en alguno de los varios comercios establecidos. En un breve repaso de nuestras compras del último tiempo constaté lo siguiente.

En septiembre de 2021, hace casi dos años, el valor del cilindro de 5 kilos era de $ 10.600, mientras que en julio del mismo año el de 15 kilos estaba a $ 27.000.

En diciembre de 2022 el de 15 kilos costaba $ 32.900, en tanto el de 5 kilos $ 13.400. En enero de este año la recarga de gas de 15 kilos estaba a $ 33.800, valor que se mantuvo en febrero y mayo.  El de 5, también se quedó en $ 13.400.

En dos años, la constante fue un aumento sostenido del precio del gas licuado en nuestra localidad.  Algo que, en todo caso, no tiene relación con el comercio local sino con los precios que imponen los mayoristas: Lipigas, Gasco y Abastible.

Milagrosamente, tras el anuncio del gobierno de implementar la iniciativa estatal “Gas de Chile”, llegaron las buenas nuevas para el pueblo: desde el 29 de mayo Lipigas bajó los precios a $ 11.800 el cilindro de 5 kilos, a $ 25.000 el de 15 kilos. Sin querer quedarse atrás, Gasco disminuyó el valor del cilindro de 15 kilos a $ 22.600.

Los datos son claros: la amenaza de competencia del Estado ha hecho que las empresas disminuyan el precio de un producto de primera necesidad, en algunos casos a montos inferiores a los que tenían hace dos años. Disminuyendo sus utilidades, por cierto, pero con un margen que les permite seguir operando en un muy rentable mercado, a costa del confort térmico de la población.

Con esta visión en mente conversé en Coyhaique con un joven vendedor de una de estas empresas.  Señalándole la importancia de la iniciativa estatal que permitía estos nuevos valores para beneficio de la ciudadanía. Su respuesta fue contundente: “No poh, si es imposible que funcione esa idea de ENAP, están puro blufeando. Si esta rebaja estaba ya considerada, igual iban a bajar los precios”.

Con una certeza y seguridad incombustibles a la evidencia, a las informaciones, a la realidad. Defendiendo los intereses de los mayoristas, negando los indicios de colusión que han constatado múltiples instituciones.

Esa es la realidad. Una que ha sabido aprovechar muy bien la derecha, para seguir privilegiando a quienes han hecho caja y fortuna a costa de las necesidades de quienes dicen representar.

Por suerte, se ha anunciado que “Gas de Chile” seguirá en marcha.  Y ésa es la noticia que queríamos escuchar.