Ni partidos políticos (también de carácter centralista), autoridades, e incluso representantes regionales en el poder legislativo, han puesto un real sentido a la demanda descentralizadora, más allá de opiniones en medios de comunicación y una que otra campaña política. En contraposición, por ejemplo en Francia el real proceso descentralizador duró alrededor de 80 años, y se vino a consolidar finalmente durante el periodo de la Quinta República.
La suma de las dos entidades que están a la cabeza de cualquier región en Chile, a saber, el Intendente y los Consejeros Regionales conforman lo que se denomina Gobierno Regional (GORE), el primero cumpliendo roles de carácter desconcentrado, siendo además presidente del Gobierno Regional y órgano ejecutor del mismo, en contraposición al segundo, el cual tiene carácter normativo, resolutivo y fiscalizador y en la mayoría de los casos quedando en segundo plano frente al poder omnímodo del intendente.
Actuando el Intendente como órgano desconcentrado cumple las funciones encomendadas por el Presidente de la República, que además, viene siendo un funcionario de la absoluta confianza del mismo pudiendo ser revocado por el Presidente en cualquier momento. A su vez, actuando como otro órgano, es decir, cumpliendo las funciones ejecutivas del Gobierno regional y de presidencia del Consejo Regional éste las realiza con la personalidad jurídica del GORE, es decir, una personalidad jurídica de derecho público, transformando a este organismo en uno administrativamente descentralizado.
Con la (no tan) revolucionaria medida de elección directa de Consejeros Regionales, el Consejo Regional será democráticamente establecido y la voluntad popular hará mucho más transparente las funciones y la labor de ellos, pero una gran piedra de tope sigue (y será) siendo el Intendente, pues este sigue siendo designado por el poder central, órgano anquilosado y claramente borbónico.
Estas características son históricas. A modo de ejemplo: En la Constitución Política de la República de 1833 ya se contemplaba un régimen de administración interior del Estado extremadamente jerarquizado y disciplinado. Así mismo, en la Constitución Política de la República de 1925 se contemplaba la existencia del Intendente a la cabeza de la provincia (máxima división interior del Estado en esa época, analogía de la región actual) en conjunto a la Asamblea Provincial (actual Consejo regional). Así, las instituciones se han mantenido con sus atribuciones en extremo centralistas -en el fondo-, pero con retoques de liberalismo y conciencia ciudadana -en la forma.
La interrogante surge ahora: el Gobierno regional, ¿realmente es Gobierno Regional?
Las funciones que cumple dicha entidad son sólo de carácter administrativo, quedando el título de “Gobierno regional” como una forma meramente decorativa e imponente, pero que en la práctica sólo es de forma errónea un gobierno, ya que quien hace y cumple la función gobierno en la región es el Intendente, designado exclusiva y excluyentemente por el Presidente de la República, además de ser un funcionario de su máxima confianza y pudiendo ser removido por éste a discreción.
Dicha pregunta se infiere a partir de que realizar gobierno se manifiesta en ostentar poder por una determinada autoridad y en determinadas ocasiones (que no son lejanas) toca gobernar con gente de un color político distinto al que detenta la máxima autoridad. Véase lo que pasa en cualquier municipalidad y la pugna de intereses que se generan entre concejales municipales de un sector político versus un alcalde de otro color.
Volviendo a la génesis, un proceso descentralizador realmente serio se hará cargo de dicha entidad, transformándola en un constante tira y afloja con el poder central, haciendo que éste realice un traspaso real de funciones de carácter marcadamente territoriales para que sean llevadas a cabo por los Gobiernos Regionales, así evitando que el Gobierno central se encargue de determinadas situaciones que fácilmente pueden ser solucionadas por autoridades elegidas democráticamente de arraigo local y regional
Un problema, incluso mucho anterior (e importante) que el de los Gobiernos Regionales es preguntarse si las autoridades, tanto legislativas como ejecutivas -históricamente centralistas, esto lo recalco-, tendrían el coraje y valentía para desprenderse del poder que ostentan y detentan, ya que toda esta lucha se traduce en una simple -y a la vez compleja- cosa: la búsqueda de poder, y este poder para democratizar.
Solo queda ver, a modo de respuesta, que ni partidos políticos (también de carácter centralista), autoridades, e incluso representantes regionales en el poder legislativo, han puesto un real sentido a la demanda descentralizadora, más allá de opiniones en medios de comunicación y una que otra campaña política. En contraposición, por ejemplo en Francia el real proceso descentralizador duró alrededor de 80 años, y se vino a consolidar finalmente durante el periodo de la Quinta República.
Sólo queda esperar que los Gobiernos Regionales puedan concretamente hacer gobierno regional, o al menos -hasta no reformar nada-, buscar otro nombre para poder denominarlos.
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Foto: Wikimedia Commons
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