La protección civil como política de Estado

¿Estábamos preparados para el mega terremoto del 27F? ¿Existe algún plan para enfrentar devastadores incendios como el de Valparaíso y  los eventos forestales de este verano? ¿Alguna vez se nos pasó por la mente una tragedia como los aluviones de hace unos días en la II y III región?  Desafortunadamente estas preguntas hacen eco en el inconsciente colectivo con gran frustración.

En un país con un PIB per capita que supera los USD $ 20.000 según el FMI, situado como el mas  alto de Latino América, la protección civil sigue siendo una deuda mayúscula que tenemos con nuestra ciudadanía. Sin dejar de lado que nuestra larga y extensa geografía nos juega en contra cuando se requiere prestar apoyo en catástrofes de diversa naturaleza y a su vez  los factores climáticos son tan difíciles de predecir, hoy no existen las herramientas que nos permitirían estar mejor preparados frente a estas situaciones. Si hacemos un diagnostico sencillo hay tres aspectos que llaman a la reflexión:

Prevenir es mejor que lamentar. Tal como un enfermo difícilmente se podrá curar sin saber cuál es su diagnostico,  carecemos de una evaluación completa de loa riesgos en cada una de las regiones y ciudades de nuestro país que nos permita conocer las principales amenazas naturales y artificiales. Esta simple herramienta preventiva puede colaborar a orientar el ordenamiento territorial y los planos reguladores evitando el desarrollo urbano y nodos que puedan afectar a la ciudadanía. Si ponemos como ejemplo que la conectividad terrestre se ve tremendamente afectada en terremotos y aluviones, hacerse las siguientes preguntas nos permite un análisis más realista: ¿Qué puertos y aeropuertos se encuentran en zonas seguras? ¿Cuentan todos con infraestructura adecuada para centralizar y distribuir ayuda humanitaria?

Independencia del poder ejecutivo. Hoy en día la protección civil depende del poder ejecutivo a través de la ONEMI y cuando este organismo se ve sobrepasado entrega el control a las Fuerzas Armadas y de orden. En esta articulación la falta de conocimiento por parte de las autoridades de turno hace la coordinación mucho más lenta, en momentos en los que claramente se requiere todo lo contrario. Y lo que es peor, propicia el uso político de las emergencias y acciones populistas que carecen de sentido práctico en una emergencia. Hoy nos podemos hacer la siguiente pregunta; ¿Cuantos litros de agua y ayuda humanitaria se podrían haber aprovechado de mejor manera si se hubieran usado los aviones y helicópteros que la autoridades de turno ocuparon solo con el fin de dar un mensaje de tranquilidad a los afectados?  Si bien no se cuestiona el  legitimo impulso de ese gesto, en catástrofes el pragmatismo y la ayuda precisa en el instante adecuado es la más reconocida autoridad.

Por otra parte si el control de la emergencia dependiera de especialistas técnicos con la única motivación de dar una rápida respuesta frente a la emergencia, se orientarían de mejor forma los recursos y se centrarían en los aspectos relevantes. Aunque parezca lógico este nuevo ordenamiento,  ¿estará dispuesto el ejecutivo a ceder esta cuota de poder?

Es difícil no emocionarse frente a tantas tragedias juntas y ver cómo miles de compatriotas sufren día a día, sin embargo el conjunto de la sociedad debe tener el corazón abierto para seguir colaborando y con esa misma bondad sacar lecciones de lo ocurrido para convertir estas tragedias en elementos que nos permitan desarrollar una política de estado que resguarde la protección civil de la comunidad.

Educación y participación ciudadana.  La carencia de estos dos pilares fundamentales en la construcción de una política  publica de protección ciudadana es sin duda hoy el más débil de todos los aspectos.  Estudios señalan que el escalamiento en las emergencia ocurre por factores logísticos y también en cierta medida por factores sociales. Una ciudadanía educada, informada y capacitada, permite una reacción más ordenada y con mayor apego a las disposiciones excepcionales que se toman en una situación de emergencia. A su vez otro error característico es que  muchos de los planes de emergencia se realizan de espaldas a las ciudadanía, por consiguiente siempre existirán imprecisiones y debilidades en su ejecución.  La participación activa de la comunidad siempre tendrá resultados positivos en la respuesta ante emergencia ya que quienes mejor conocen su barrio y/o su ciudad son sus propios habitantes. Un plan de emergencia construido por todos los habitantes y direccionado por especialistas es sin duda la mejor respuesta ante una catástrofe

Es difícil no emocionarse frente a tantas tragedias juntas y ver cómo miles de compatriotas sufren día a día, sin embargo el conjunto de la sociedad debe tener el corazón abierto para seguir colaborando y con esa misma bondad  sacar lecciones de lo ocurrido para convertir estas tragedias en elementos que nos permitan desarrollar una política de estado que resguarde la protección civil de la comunidad. Hoy más que nunca urge abordar esta misión entre todos ya que si queremos seguir creciendo como país, es sensato creer que lo anterior venga acompañado también  de estabilidad,  seguridad y bienestar para nuestro ciudadanía.