El ocurrente Claudio Orrego, en abril de 2017, mientras ejercía el cargo de Intendente de la Región Metropolitana de Santiago, bautizó como guetos verticales a unas cuantas edificaciones en altura, con agrupamiento continuo, que se estaban construyendo en la comuna de Estación Central y como ello nos llamó la atención, investigamos cómo la Dirección de Obras Municipales (DOM) pudo otorgar tantos permisos de edificación con alturas de 20, 30 y hasta 40 pisos con cientos de diminutos departamentos que serían arrendados o vendidos, en un cierto porcentaje, a familias extranjeras de limitados recursos.
Es más, esa DOM, por algún motivo que habría que investigar, no dio a conocer esos permisos ni al Concejo Municipal ni a las Juntas de Vecinos, es decir, se quebrantó el mandato expreso contenido en el artículo 116º de la Ley General de Urbanismo y Constricciones (LGUC).
Después de un par de semanas llegamos a la conclusión que ese proceso de alta densificación urbana en un sector determinado de esa comuna, sin las medidas efectivas que la sustentara, era un burdo negociado originado, en la práctica, porque se decía que allí no habían normas de edificación en un Plan Regulador Comunal (PRC).No sabemos si se han levantado los 75 guetos verticales que cuentan con permisos de edificación ilegales, pero como muchos de ellos ya cuentan con recepciones finales
En todo caso, sí sabemos que en otros sectores de esa comuna se rigen por las disposiciones urbanas de los PRC de Santiago y Quinta Normal, lo cual es demostrativo del oportunismo llevado a cabo. Se cursaron los permisos, pues en ausencia de regulación en un instrumento normativo local, cada inmobiliaria podía construir lo que quisiera aunque sus efectos fueran sumamente negativos para los espacios públicos adyacentes y para las antiguas viviendas unifamiliares allí existentes. Luego, las autoridades municipales privilegiaron los intereses mercantiles de los solicitantes de permisos que, según la documentación de obra en nuestro poder, alcanzan a 75 torres habitacionales y más 30 anteproyectos, que no sabemos si se transformaron en proyectos propiamente tales.
Detectada la trampa, una de las tantas que se conocen, la fundación Defendamos la Ciudad, cuyo portavoz es este columnista, hizo las presentaciones de rigor en la Contraloría General de la República, entregándole el listado de marras y solicitó entrevistas a la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), para analizar con sus interlocutores lo que sucedería más adelante con ese tipo de corrupción que se intentó disimular.
A sus directivos les entregamos tales listados que contenían todos los datos necesarios para saber quiénes estaban detrás de cada uno de esos obscenos edificios y les propusimos que, para evitar enriquecimientos ilícitos, que pugnan tanto con el Estado Democrático de Derecho como con las sanas prácticas comerciales en los mercados, esas instituciones gremiales les plantearan a esos inversionistas que compensaran a quienes debían soportar la carga de la extrema densificación ilegal.
Pues bien, el viernes 16 de noviembre de 2018, se dio a conocer a la opinión pública el contundente dictamen Nº 27.918 del 12 de noviembre de 2018 de la Contraloría, documento que responde la presentación del 6 de abril de 2018, elaborada por el Estudio Jurídico Osorio Vargas, en representación de Defendamos la Ciudad y 3 agrupaciones ciudadanas de Estación Central, en la cual se describían ciertos hechos contrarios a derecho respecto de esos guetos verticales. Dicho dictamen, firmado por el titular de la Contraloría, está dirigido al alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, con copia al señalado Estudio Jurídico, al Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo y al suscripto.
Los contenidos más gravitantes del dictamen, que es obligatorio para todos los servicios públicos relacionados , son los siguientes :
1.- Si una zona determinada no se encuentra regida por una norma urbanística de altura máxima, en ella no es posible aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, toda vez que, por definición, este sistema requiere de aquella. A la luz de los anterior se deben paralizar las obras de los edificios todavía en construcción.
2.- En los casos de permisos de edificación con agrupamiento continuo, otorgados en base de anteproyectos cursados por la DOM con anterioridad a la circular DDU 313 del 16/05/16 de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, referida al mismo vicio, todos ellos fueron emitidos contraviniendo la normativa aplicable, por lo tanto corresponde aplicar el artículo 53º de la Ley Nº 19.880 sobre la invalidación administrativa de los actos anómalos.
3.- Dado que el Seremi de Vivienda y Urbanismo ya le había pedido a la Contraloría que se iniciara un sumario administrativo en la DOM de Estación Central, por su comportamiento rebelde, el contralor conmina al alcalde Delgado en orden a que se realice a la brevedad ese sumario, haciendo efectivas las eventuales responsabilidades funcionarias involucradas. Por lo tanto y es lo lógico, habrá un procedimiento disciplinario en contra de los funcionarios díscolos. A raíz de esto, sabemos que el arquitecto titular de la DOM fue trasladado a otra función municipal y en su lugar asumió una arquitecta que, según sabemos, es bastante competente.
No sabemos si se han levantado los 75 guetos verticales que cuentan con permisos de edificación ilegales, pero como muchos de ellos ya cuentan con recepciones finales y por lo tanto sus departamentos ya están habitados por particulares que los compraron de buena fe, más todavía al saber que en Chile no se demuelen los edificios ilegales, a pesar de que la ley así lo establece, se tendrá que buscar la fórmula idónea y justa para evitar que los millonarios lucros obtenidos por los inversionistas estén libres de contraprestaciones a favor de los perjudicados, criterio que hacíamos valer en nuestras entrevistas con la CCHC y con el CNDU.
Nuestra propuesta
En términos gruesos, si las torres tienen entre 300 y 900 departamentos cada una y las edificadas son 60, aunque podrían ser más, con precios de venta globales en el mercado ascendentes a los US$ 2.000 millones, con utilidades aproximadas de US$ 500 millones, se podría pensar que un porcentaje de esta cifra, un 30% a modo de ejemplo, es decir US$ 150 millones, sea aportada a los sin voz de esa comuna, por todos quienes han aumentado sus patrimonios a través de falsedades municipales.
Con esos US$ 150 millones a favor de la comunidad de Estación Central se deberían construir consultorios, comisarías para Carabineros y la PDI, espacios deportivos, casas de reposo de calidad, centros culturales y todo tipo de equipamientos públicos que mejoren la calidad de vida de las miles de familias que se han resistido a vender sus casas de uno y dos pisos a las voraces inmobiliarias.
Naturalmente esa suma de dinero no debería ser administrada por la municipalidad de Estación Central por ser ésta de alto riesgo, sino por una comisión pública-privada que sepa rendir cuentas, la que podría estar afincada en el gobierno regional metropolitano de Santiago o en la CNDU y cuyos integrantes deben ser personas reconocidamente probas. En todo caso para posibilitar este resarcimiento, por parte de quienes lucraron sin causa, el CDE y la Contraloría tendrán la última palabra.
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