Tiempo atrás tuve oportunidad de leer un libro con el título de esta columna de un escritor británico, Tony Judt, en que visualizaba que se estaba perdiendo la brújula y que se hacía necesario restaurar un mínimo de decencia.
Lo recuerdo porque siento que algo va mal. Quizá no tan mal como otros países, pero ello no impide que mantengamos la guardia. A nivel internacional, las masivas migraciones están poniéndonos a prueba. Las imágenes del niño muerto en las costas de Turquía ilustran un drama extremadamente doloroso que muchos no alcanzan a dimensionar. No han faltado conversaciones en que me toca escuchar que la preocupación va por el lado de “que nos estamos llenando de inmigrantes”. Por desgracia, esta expresión refleja nítidamente el pensamiento de no pocos.En fin, es imprescindible retomar la fuerza original de la agenda de probidad y transparencia si queremos salir adelante sin que los poderes fácticos impongan sus condiciones.
Mientras tanto, a nivel nacional es preciso reconocer que la magnitud de los conflictos de interés, los tráficos de influencia y la corrupción, si bien existen de tiempos inmemoriales, está rebalsando los niveles a los que estamos acostumbrados, ya sea porque hemos elevado nuestros niveles de exigencia o conocimiento.
Para abordarlos Michelle decidió tomar el toro por las astas creando un Consejo Asesor Presidencial para que propusiera medidas en favor de la probidad y la transparencia. Este consejo ya hizo sus propuestas, las que en su momento fueron bien vistas por moros y cristianos. Entre ellas destacaron aquellas orientadas a dotar de mayores atribuciones al Servicio Electoral, generar un nuevo padrón de militantes, introducir más democracia en los partidos políticos, separar la política de las empresas, etc.
Más allá de los aplausos iniciales, en la práctica el grueso de las iniciativas se están entrampando mediante zancadillas de quienes se verán más afectados. A modo de ejemplo, el proyecto de ley que se ingresó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados prohibía el aporte de las empresas, sin embargo salió con que las empresas podrían aportar a los partidos políticos hasta 500 UF. Pasó piola hasta que la vergüenza hizo que el gobierno se viera obligado a rechazar la indicación.
Todos sabemos que los aportes de las empresas a los partidos y a las campañas no son por bolitas de dulce. No es necesario tener ni siquiera dos dedos de frente para darse cuenta de ello. Con esos aportes salen elegidos senadores, diputados, alcaldes, concejales. Con esos aportes las empresas ponen la música, ponen las leyes, mientras el grueso de los ciudadanos sigue pateando piedras. La prohibición es una señal que no impide que los empresarios se pongan, pero tendrán que hacerlo a título personal.
Y para controlar esto, es necesario darle las consiguientes atribuciones al Servicio Electoral, porque en caso contrario, se convierte en letra muerta como la prohibición del lucro en las universidades, pero que todos sabemos que en no pocas se lucra, en gran parte por la inexistencia de una institucionalidad con atribuciones para el cumplimiento de la ley.
En fin, es imprescindible retomar la fuerza original de la agenda de probidad y transparencia si queremos salir adelante sin que los poderes fácticos impongan sus condiciones. A nivel internacional, nuestra conducta no puede ser otra que la de abrir nuestros países a los inmigrantes, vengan de donde vengan. Es el momento de afirmar: ¡todos somos inmigrantes!
Comentarios