Hoy no solo en el sector cultural se habla sobre el proyecto que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, sino también, se habla en el mundo empresarial privado, en la sociedad civil y entre ciudadanos.
Uno de los puntos de discusión que ponen al rojo el debate, es si las empresas con fines de lucro deben acogerse a la Ley de Donaciones con Fines Culturales. Recordemos que la ley actual permite acogerse solo a entidades sin fines de lucro como organizaciones, fundaciones, corporaciones entre otras.
La Ley de Donaciones con Fines Culturales podría contribuir a buscar nuevas formas de evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. Recordemos que muchas grandes empresas privadas con fines de lucro han creado en el último tiempo fundaciones de carácter filantrópico que son financiadas por estas grandes corporaciones. Fundaciones que además se acogen a la ley de donaciones para la ejecución de sus proyectos. Claramente no es discusión el aporte a la sociedad en educación, cultura, desarrollo e investigación que estas fundaciones realizan. Es importante y Chile se los agradece. El punto de discusión es si ahora las empresas con fines de lucro podrán directamente utilizar la ley.
Es imperante que la comisión discuta estos temas relevantes y analizar la forma de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos. Lo que se debe evitar a toda costa es el “bicicleteo” de recursos y la elusión de impuestos utilizando para ello franquicias tributarias.
Otro tema relevante para el mundo de la cultura es la democratización cultural. Si bien es cierto esto es atractivo para el sector, se deben fiscalizar los criterios de selección de aquellas obras o acciones culturales que generen valor, no para la institución o empresa, sino para la comunidad y sociedad en su conjunto, asegurando acceso libre a la participación y consumo cultural. Es decir, no se puede financiar proyectos acogidos a la ley de donaciones culturales para luego posteriormente restringir su acceso o directamente cobrar por su entrada. Se debe constituir una comisión que haga seguimiento esos proyectos y mida con indicadores conocidos por la sociedad, su impacto real. Porque las empresas no pueden tener políticas muy distintas a las ya publicadas políticas culturales 2011-2016, definidas por el gobierno. Debe existir una coherencia e integración entre ambas.
Ha habido una disposición como nunca a discutir sobre la referida ley, por parte de la Comisión de Hacienda y Ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke. Eso es lo que esperábamos y esperamos que así continúe.
Solo hay que recordar que finalmente la franquicia tributaria no es una cuestión relativa a recursos de las empresas solamente, sino además constituye recursos de todos los chilenos. Es un tema país que debe ser discutido con prontitud y responsabilidad.
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Foto: Benjamín Thompson / Licencia CC
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