Cuesta poner en duda la calidad de los pergaminos que exhiben los economistas opinantes sobre la materia, incluidos el pasado y el actual ministro de hacienda: estudios en importantes universidades del país y el extranjero, doctorados, experiencia laboral y carreras profesionales brillantes. Sin embargo, tan calificada formación parece no traducirse en un dictamen común sobre el valor y los posibles efectos de la mentada reforma.
Bien podría ser la mítica “Señora Juanita” o el “ciudadano común y corriente” (o de a pie), pero los debates que se han suscitado a nivel mediático a causa de la bullada reforma tributaria que pretende implementar el gobierno, a ratos pueden dejar perplejo a cualquier espectador. La compleja maquinaria que constituye el sistema tributario de un país, la innumerable cantidad de siglas que tan en boga se han puesto y el oscuro lenguaje que utilizan los edecanes de la “ciencia” económica, pueden llegar a ser cuestiones tan incomprensibles para el cotidiano como el Bosón de Higgs, el gran colisionador de hadrones o el diagnóstico de un médico poco elocuente, y ello parece tocar tanto a quienes poseemos estudios universitarios de otras disciplinas como a quienes poseen una formación menos especializada.
Cuesta poner en duda la calidad de los pergaminos que exhiben los economistas opinantes sobre la materia, incluidos el pasado y el actual ministro de hacienda: estudios en importantes universidades del país y el extranjero, doctorados, experiencia laboral y carreras profesionales brillantes. Sin embargo, tan calificada formación parece no traducirse en un dictamen común sobre el valor y los posibles efectos de la mentada reforma.
No deja de llamar la atención que esto sea patrimonio de todos los interlocutores, al punto que las opiniones vertidas en la esfera pública bien podrían compararse con el escenario de un predecible reality show: el gobierno y sus expertos, presentando la reforma como el primer gran paso en la lucha contra la desigualdad, no afectando a los pequeños sino que a los grandes empresarios; estos, por su parte, a través de sus organizaciones gremiales en conjunto con la oposición y sus centros de estudios (o think tanks), se muestran temerosos ante los efectos de la medida, arguyendo un posible freno a la inversión, a la creación de empleos (y a ese mantra que constituye el -supuesto- millón de empleos creados por el gobierno anterior), y un golpe al bolsillo de la clase media, ese sector incierto y de moda al que todos o casi todos dicen pertenecer; por último y a modo de ejemplo, tenemos expertos como los pertenecientes a la Fundación Sol, quienes con pergaminos propios y utilizando una jerga a la altura de sus contendientes, critican la reforma, la distancia entre lo que se ha presentado como sus pretensiones y sus reales efectos y también el extenso período de tiempo que se ha fijado para su implementación total.
Llama la atención de igual manera que ingresen a la discusión distinciones como “ideología/técnica”, donde la primera, casi impronunciable hoy en día por su fuerte tufillo sesentero, se relacionaría con el terreno de los ideales y la opinología twittera; mientras que la segunda se vincularía a la razón, a los datos, a la realidad empírica, a la experiencia comparada. Así hecha la distinción, no cabe duda a los incautos que la verdad se encuentra del lado de los segundos, quienes no sólo saben, sino que además visten y hablan con elegancia. Cabe la tentación de extender esta distinción entre ideología y técnica a aquella con que durante tantos años se machacó a la ciudadanía desde puestos de poder, y que para algunos sectores aún sigue vigente: “políticos/expertos”, siendo unos hábiles manipuladores de la palabra y el descontento ciudadano en virtud de inciertos objetivos personales y partidistas, los unos; y otros, templados y meditabundos estudiosos, dedicados a la búsqueda de leyes y verdades científicas. Sin embargo, situaciones como la descrita hacen dudar sobre el carácter de estas distinciones. ¿Dónde comienzan y dónde terminan ideología y conocimiento técnico?
Con todo, el juicio de los expertos no deja de ser imprescindible y probablemente nadie dudaría en colocarlos en puestos claves de toma de decisiones a nivel político (en este sentido, economistas e ingenieros comerciales parecen ocupar un sitial aún más privilegiado en Chile), aunque no consigan ponerse de acuerdo y no se sepa dónde terminan los juicios derivados de su experticia y dónde comienzan los provenientes de su postura política, si es que es posible realizar tal distinción con claridad y sin saber, ciertamente, cómo se relacionan estas dimensiones y cuál de ellas es primera. Desde estas coordenadas, a los “ciudadanos de a pie” no nos queda más que preguntarnos en qué terreno se está definiendo la implementación de la reforma tributaria y, de igual forma, en qué terreno se definirán en el futuro otras cuestiones claves para el destino de esta tierra y su gente. No debemos sorprendernos si nos encontramos con escenarios similares cuando se debata la reforma en educación o cuando toque pasar lista a ítemes como salud, previsión o código del trabajo. Tampoco debemos sorprendernos si muchos de estos expertos cambian su a veces amistoso y pedagógico estilo, por uno teñido de arrogancia, donde enrostren en la cara de otros actores que quieran opinar su condición de legos o profanos. Haciendo memoria, fue un escenario de este tipo el que presenciamos durante las movilizaciones estudiantiles del 2011.
Es cierto, los ciudadanos tenemos la obligación de informarnos sobre los temas atingentes al país. Pero también es cierto que habitamos uno con una pésima calidad de educación y donde se están discutiendo temáticas a con un lenguaje tan tecnificado y sofisticado, que cabe preguntarse qué lugar ocupan allí los expertos, los que saben, y qué lugar ocupa la “Señora Juanita”. Más incierto aún parece ser el lugar de otro actor relevante: tal vez algunos -quizás muchos- de nuestros parlamentarios estén igual de perplejos que esta célebre mujer cuando les hablen de la reforma tributaria. Con todo, ellos y no nosotros, tendrán la posibilidad de dirimir sobre un asunto tan espinoso y con efectos tan reales sobre la vida diaria de millones de personas.
Esta vez ni Wikipedia podrá salvarnos.
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