Trascendió el viernes que los senadores Allende, Girardi, Lagos y Navarro le quitaron el piso a Fulvio Rossi, quien introdujo junto a ellos un proyecto de ley "Sobre el contrato de matrimonio entre personas del mismo sexo" el pasado 3 de agosto. Sin anuncio previo enviaron una carta a Jorge Pizarro, Presidente del Senado, para retirar su patrocinio. En el caso de Girardi, incluso negar el hecho de su co-autoría. Esto significa dejar el proyecto desahuciado en la práctica, y con él la posibilidad de obtener reconocimiento y resguardo legal para las familias de quienes amamos otramente.
Este acomodaticio "despatrocinio" de un proyecto de ley — que fue apoyado inicialmente con bombos y platillos — es impresentable, más allá de si se está de acuerdo o no con la moción legislativa. La forma de operar de los parlamentarios, quienes actuaron sin consultar con el senador Rossi ni informar a las minorías sexuales organizadas, casi como si esperasen que el peso de la noche los protegiera, ofende al espíritu democrático y desprestigia aún más la labor legislativa.
En su carta de despatrocinio, los cuatro escriben que inicialmente apoyaron el proyecto de ley, ya que siempre han defendido los derechos de todos, "más allá de los juicios de valor" de cada cual. Y sin embargo, son precisamente esos juicios de valor los que los han hecho recapacitar. Al juntarse con anónimos representantes de Iglesias Evangélicas, se dan cuenta que no han escuchado a otros actores sociales, creando espacios "que posibilitaran una mirada jurídica y valórica más amplia."
Me parece loable el deseo expresado por estos senadores de involucrar a actores de la sociedad civil en el proceso legislativo. Sin embargo, ¿no es ésta la función del público debate parlamentario? ¿No es el Congreso precisamente el espacio ideal en el cual debatimos y consideramos las razones y visiones de todos los miembros de la sociedad civil, de manera abierta y transparente? ¿No es este foro el único que constitucionalmente garantiza el debate responsable, uno donde conocemos quiénes son nuestros interlocutores? ¿No es éste el tipo de debate maduro que caracteriza a una verdadera democracia? Chile luchó por diecisiete años para obtener la reapertura de este espacio, que es el pilar de nuestra República. Una lucha que con su inconsulta decisión, tomada a puertas cerradas y lejos de la opinión de quienes sí nos vemos afectados por ella, los senadores nos dicen que han preferido no continuar.
Por supuesto, que nadie vaya a pensar que nuestros cuatro héroes no son verdaderos "progresistas." En la carta, adhieren al Acuerdo de Vida en Común, presentado por el senador oficialista Andrés Allamand, que busca "enfrentar y resolver materias relacionadas con la vida de las parejas de hecho en aspectos patrimoniales." Finalmente apoyan entonces a ese mismo proyecto al que ellos se opusieron inicialmente. Ese mismo proyecto que no reconoce la especificidad de la experiencia de quienes no somos heterosexuales, nuestra continua discriminación en el marco político y la sociedad chilena. Ese mismo proyecto que reduce nuestras reivindicaciones, que son las garantías básicas que hacen una vida vivible, a un mero asunto patrimonial.
Me parece significativo que haya sido la presión de grupos religiosos la que haya atemorizado a tal punto a nuestros legisladores que decidieran retirar su apoyo al proyecto del senador Rossi. Quienes seguimos el debate parlamentario y la reciente aprobación del matrimonio igualitario en Argentina sabemos que el alma de este debate reside en la defensa del principio de laicidad del Estado. Son esencialmente religiosos los fundamentos de quienes se oponen a que el Estado reconozca y defienda a nuestras familias. Perdimos, entonces, la oportunidad de ver el espectáculo de esas fuerzas antirrepublicanas que renacen y se reagrupan bajo el alero de quienes también fueron discriminados alguna vez por grupos hegemónicos.
Finalmente, recogen los cuatro senadores la idea de esos anónimos grupos de presión, de someter decisiones sobre los derechos de las minorías a la voluntad de la mayoría del país, reviviendo el fantasma de lo que Alexis de Tocqueville llamaba la "Tiranía de la Mayoría." ¿Es su idea de democracia el someter a plebiscito el derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo? ¿El decidir si se debe otorgar o no reconocimiento constitucional a nuestras naciones indígenas? ¿A sabiendas de que grupos de interés expenderán incontables recursos para asegurar su rechazo y así perpetuar la hegemonía patriarcal, heterosexista, racista y clasista en la que ellos fundan su privilegio? Y son estos mismos grupos quienes aterrorizaron a estos cuatro senadores y los convencieron de abandonar el ejercicio de sus deberes parlamentarios.
Es precisamente para proteger a las minorías contra este tipo de abusos que existen hoy las instituciones de la República, entre ellos el debate parlamentario, abierto y transparente. Es por ello que las acciones de los senadores Lagos Weber, Allende, Navarro y Girardi además de impresentables, son una verdadera puñalada a nuestra aún débil democracia.
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La imagen es de Movilh
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El senador Fulvio Rossi informa a través de su cuenta de Twitter que los senadores Allende, Girardi y Lagos Weber han repuesto su apoyo al proyecto. Ejem.
Comentarios
06 de septiembre
Iñigo: No todos los que nos oponemos tenemos las mismas razones, en mi caso , no son religiosas entendidas como » es pecado, no lo pueden hacer», soy tolerante , es de «Libertad religiosa», , esta plenamente explicada en mi entrada
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06 de septiembre
Toda la razón tiene Iñigo; este mas allá de ser un tema sobre minorías y sus legítimos derechos es sobre la supuesta calidad laica del estado de Chile, entendiendo esto en cuanto tal estado garantice un marco legal de derechos y deberes para sus ciudadan@s independiente de cualquier sesgo religioso y dogmático, el q parece luego de los hinchados «200 años de vida independiente» y mas de 85 separado de la iglesia católica, no ha cambiado mucho su dinámica de dependencia.
Tema aparte es la penosa capacidad de algunos de nuestr@s honorables que deciden ni mas ni menos no debatir estos complicados temas que aparentemente ponen en jaque la unidad nacional, enfocándose en proyectos mas urgentes como legislar sobre los vasos de vidrio…
Felicidades Iñigo por tu artículo.
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07 de septiembre
Gracias por sus comentarios : )
La situación puntual tiene varias aristas – y no creo que el que se haya repuesto el patrocinio al proyecto resuelva los problemas de forma y fondo que planteo en mi entrada. No sólo intentaba ilustrar la incapacidad de debatir temas complejos de quienes dicen representarnos, sino cómo el marco político actual conspira contra la sola posibilidad de tener un debate serio sobre derechos civiles.
Nicolás – La laicidad del Estado da asidero histórico a la lucha por el matrimonio igualitario. En el caso puntual de Chile, históricamente, el matrimonio civil es ante todo, un contrato CIVIL, esto es, laico, y por lo tanto se entiende desde sus principios como una institución humana abierta a modificación y transformación. No se pide nada radical, fuera del reconocimiento de la diferencia sexual, que es algo que la ley es capaz de hacer con creces, con tan sólo neutralizar el género de lxs contrayentes. Lo que es más importante es que el debate de la laicidad del Estado se reactiva con la lucha por la igualdad de derechos — forzando además un debate más amplio sobre el marco político que nos legó la dictadura.
Sergio, conozco bien la posición de los mormones en este tema. De hecho, fue esta iglesia la que invirtió cuantiosos recursos para impulsar una campaña de deslegitimación del matrimonio igualitario en California (me refiero a la controversial Proposition 8, un «ballot initiative» que sirve de ejemplo claro de la «tiranía de la mayoría.») No voy a referirme acá a la homofobia y odio bastante claros que promueve la jerarquía de esta iglesia en contra de las minorías sexuales, en Estados Unidos y el mundo, algo ampliamente documentado, puesto que no es el objeto de mi intervención. Sí lo dejo con un par de preguntas – ¿de qué modo el matrimonio entre dos personas que se aman violenta su «libertad de culto»? ¿De qué modo el que el Estado defienda mi derecho a una vida vivible y otorgue protección a mi familia, interviene en su relación personal con Jesucristo? ¿Se basa su temor en la noción (bastante extraña) de que intentaríamos forzar a su iglesia a cambiar de opinión? Nuevamente volvemos a la cuestión de la laicidad del Estado: la separación de iglesias de la cosa pública garantiza que sus creencias no serán violentadas.
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