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En el Día Internacional de los Derechos Humanos: las deudas son más que los avances

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En marzo de este año, Amnistía Internacional envió una carta abierta al Presidente Sebastián Piñera haciendo presentes diversos aspectos en que a juicio de la organización, el Estado de Chile no está garantizando el debido respeto y protección a los derechos humanos en Chile. Hoy, en el Día de Internacional de los Derechos Humanos, resulta oportuno hacer un alto para ver si ha habido avances en los puntos de preocupación planteados en esa carta y en qué materias sigue habiendo deudas.
Lamentablemente, en ese balance las deudas son más que los avances.
Por cierto que han existido algunos avances. Chile ha adoptado una posición de protección a los derechos humanos en diversas materias internacionales, tales como la adopción de un Tratado de Comercio de Armas ante la ONU y el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Ley Antidiscriminación puede considerarse también como un paso adelante. Si bien no debemos olvidar que esta ley “quedó corta” en diversos aspectos, la entrada en vigencia de la ley N° 20.609 sí constituye un primer paso para dar protección contra la discriminación en Chile. El primer fallo en aplicación de esta ley, relativo al caso de Pamela Zapata y Carla de la Fuente que denunciaron discriminación por parte de un motel de Santiago, demostró cómo ésta puede dar protección efectiva a personas concretas, incorporando en su argumentación no sólo la normativa legal y constitucional interna, sino también la normativa internacional ratificada por Chile en materia de derechos humanos. En refuerzo de este argumento, el fallo citó la intervención de Amnistía Internacional en el Congreso durante la tramitación legislativa (considerando décimo tercero).
Los proyectos de ley sobre acuerdo de vida en pareja (AVP) y para la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos son – posiblemente – pasos adelante. Sin embargo, ambos proyectos dejan una serie de dudas y temas pendientes que hacen que nuevamente sea sólo el primer paso, más que medidas definitivas alineadas con los estándares internacionales.
Lamentablemente, a la hora de enfocarnos en las deudas o temas pendientes destacados en la mencionada carta, la lista parece ser más larga.
Los dos principales instrumentos que permiten una adecuada protección y exigibilidad a nivel internacional de los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran aún sin ratificar: a nivel internacional, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, a nivel interamericano, el llamado Protocolo de San Salvador. El primero ni siquiera ha sido enviado al Congreso para su discusión y ratificación, pese a haber sido firmado por Chile en 2009.
En materia legislativa persisten a lo menos dos grandes deudas: la derogación de la Ley de Amnistía y la modificación de las normas de competencia del Código de Justicia Militar.
Si bien el Decreto Ley 2.191, también conocido como “Ley de Amnistía”, no ha sido aplicado recientemente, el hecho que permanezca vigente es inaceptable de cara a los derechos humanos, como lo señaló incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano vs Chile en 2006.
De la misma forma, se encuentra pendiente la urgente reforma al Código de Justicia Militar, de manera de excluir de su competencia delitos comunes cometidos por las fuerzas armadas y de orden. En la práctica, esto implica que los hechos de violencia cometidos por Carabineros que terminan en muerte o lesiones graves, son llevados ante la justicia militar en lugar de la justicia ordinaria, levantando serias dudas en cuanto a la independencia e imparcialidad de las investigaciones, que usualmente terminan sin sanciones o con sanciones excesivamente bajas para la gravedad de los hechos. En esta materia el Estado de Chile está en incumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara Iribarne vs Chile el año 2005 y el proyecto de ley en tramitación para ello ha tenido escasísimos avances.
Y finalmente, las tres grandes temáticas planteadas como preocupación por Amnistía Internacional en marzo han tenido también nulos avances: la represión de la protesta social y violencia policial, la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la situación de los pueblos indígenas.
En lo relativo a las protestas sociales, éstas han continuado siendo fuertemente reprimidas y en la mayor parte de ellas termina con una gran cantidad de denuncias de violencia policial en diferentes formas, incluyendo violencia sexual contra mujeres y niñas. Ahora, sin ir más lejos tenemos casos más recientes como los vividos en Huasco y Freirina. Desde el gobierno se han emitido algunas declaraciones señalando que serán “implacables” frente a estas denuncias, pero lamentablemente estas declaraciones no se han materializado en medidas concretas, señalando que en esta materia no tienen facultades para intervenir ante el actuar de Carabineros y que éstos tienen la responsabilidad de adoptar las medidas correspondientes, dejando el asunto sin solución posible. El hecho que la Ley de Resguardo del Orden Público – más conocida como “ley Hinzpeter” – continúe en tramitación agrega a la señal que la protesta social es algo esencialmente negativo y que debe reprimirse tanto por vía del actuar policial, como por otros mecanismos legislativos, visualizándose como un elemento de control del orden público pero sin tener debidamente en cuenta la protección de los derechos humanos de todas las personas involucradas.
La situación de los derechos sexuales y reproductivos no ha tenido avance alguno. Tras el rechazo de la idea de legislar de los proyectos de ley que intentaban despenalizar el aborto terapéutico, el asunto quedó completamente detenido y el aborto sigue estando penalizado en todos los casos, incluso cuando una mujer o niña está embarazada a causa de una violación o esté en peligro su vida, lo cual se encuentra en directa contradicción con la Convención de Belem do Pará y con las recomendaciones de diversas instancias internacionales y nos deja entre los poquísimos países en el mundo que se encuentran en esta situación. Incluso recientemente el Comité contra la Tortura concluyó que la penalización de toda forma de aborto en un país constituye una medida que vulnera derechos humanos fundamentales.
Finalmente, quizá la deuda más profunda existente en Chile en materia de derechos humanos es la que existe con los pueblos originarios del país. Pese a los anuncios y las críticas, el Decreto 124 que regulaba el derecho a la consulta sigue vigente, y el proceso de consulta propuesto por el gobierno ha sido objeto de diversas críticas tanto por parte de los propios pueblos indígenas, como también por el Relator Especial de Naciones Unidas en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas. La mayor parte de las recomendaciones del propio Relator en 2004 y 2009 se mantienen incumplidas.
Por otra parte, la situación particular del pueblo mapuche no ha tenido cambios positivos. Las denuncias de violencia policial en allanamientos a comunidades y en la represión de protestas continúan repitiéndose a lo menos una vez al mes, afectando incluso a mujeres embarazadas, niñas y niños. Estas denuncias, por regla general, quedan en completa impunidad. El año 2012 termina con la decisión de la Corte Marcial de eximir de responsabilidad al carabinero que causó la muerte de Jaime Mendoza Collío y la posibilidad de que el carabinero condenado por la muerte de Matías Catrileo se reintegre al servicio activo. Las medidas adoptadas por el gobierno para la Araucanía son de carácter asistencial y de control del orden público, pero en ningún caso se hacen cargo claramente de cómo se pondrá fin a la violencia policial ni a soluciones basadas en los derechos humanos en general y los derechos de los pueblos indígenas en particular.
Queda un año de gobierno para el Presidente Piñera, en el que todavía es posible avanzar con medidas que permitan cerrar las brechas que persisten en Chile respecto de las normas de derechos humanos que el Estado de Chile ha aceptado como obligaciones. Siendo el próximo año un año eleccionario, marcado por el cumplimiento de 40 años del golpe de Estado en 1973, se abre una oportunidad única de abrir al fin el debate en materia de derechos humanos, revelar las posiciones de todos los involucrados y avanzar en la adopción de medidas que permitan que en Chile se respeten y protejan debidamente los derechos humanos en términos que dé garantías razonables de que las violaciones no se volverán a repetir y si sucedieran, serán sancionadas de acuerdo a la gravedad del acto.
* Entrada publicada originalmente en La Nación
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Comentarios

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Julieta Villegas Saldías

11 de diciembre

Estimada Sra. Piquer,

Cuando Ud. menciona “derechos sexuales y reproductivos” ¿a qué se refiere? Lo pregunto dado que ninguno de los 30 artículos de la Declaración Internacional de Derechos Humanos menciona un derecho sexual y/o uno reproductivo. Disculpe la ignorancia, pero si un derecho no ha sido reconocido como tal ¿cómo se puede demandar un avance en la protección del mismo?

Quedo atenta a sus comentarios.

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