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Cuotas de pesca: el dilema del gobierno

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Recientemente el Gobierno anunció que el proyecto de ley de cuotas de pesca industrial que próximamente presentará al parlamento considera una asignación  de un 50% de la cuota a través de un proceso de licitación. Frente a este anuncio,  los grandes industriales, acostumbrados a recibir del Estado las cuotas de manera gratuita,  han puesto el grito en el cielo, además de ejercer todo su poder económico y político para revertir este anuncio.

No es primera vez que un Gobierno expresa la voluntad de establecer un sistema que garantice la competencia,  además de generar ingresos para las arcas públicas; sin embargo, hasta ahora el lobby de los grandes industriales ha impuesto su voluntad.

Durante años en Chile todos podían acceder a pescar libremente en los mares chilenos hasta que, por razones de sustentabilidad, la autoridad pesquera puso limitaciones a las capturas. Se definió una cuota global de pesca (un máximo de captura por especie) y luego se fijaron en el 2002 cuotas individuales (cantidad determinada que puede capturar cada nave pesquera). En ese momento la pesca se entregó a un grupo privilegiado, y más encima gratuitamente, a los que hasta ese momento participaban del negocio, el Estado les regaló las cuotas a los privados para la explotación de los recursos (de todos los chilenos) que le correspondía administrar.

Este sistema injusto de asignación generó amplio rechazo, por lo cual se estableció de modo transitorio sólo por 2 años en la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), hasta el 2002. Sin embargo, al momento de su vencimiento, y visto el interés de los grandes empresarios, se tramitó rápidamente una ley que la prorrogó por 10 años más, la cual vence a fines del 2012.

Como es de esperar, los beneficiarios de este sistema están luchando por mantener sus privilegios sobre la pesca, pagando una simple patente. Para defender su postura han ejercido todo tipo de presiones  en el Gobierno y en el parlamento; además, de pedirles a los dirigentes de los  sindicatos de sus empresas que aboguen por la mantención del injusto sistema actual, bajo la amenaza de desempleo.

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), no ha ingresado al mercado pesquero ninguna empresa nueva y distinta de aquellas a quienes les fueron asignadas gratuitamente las cuotas de pesca el año 2001, lo que ha impedido, por ejemplo, el ingreso de pequeñas plantas de procesamiento que no tienen cuotas de pesca asignadas (Pymes).  Es más, este sistema ha mantenido cautivo al sector artesanal, pues las empresas industriales han sostenido contratos en que los artesanales se comprometen a suministrarles su pesca fijándoles el precio a sus desembarques. Ello les ha impedido a los actores artesanales aprovechar su potencial. Una licitación de cuotas permitiría la entrada de nuevos y más actores permitiendo a los pescadores artesanales ganar poder negociador decidiendo a quién venden su pesca y a qué precio.

A principios de año el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) ratificó mediante un fallo que la industria se encuentra altamente concentrada. Después de las últimas fusiones, el mercado pesquero industrial está casi en su totalidad controlado por 6 grupos económicos, lo cual ha generado variados efectos perversos en distintos sectores ligados a la pesca en Chile.

Todo lo anterior nos ha llevado a la convicción de que la mejor solución para este problema pasa por diseñar una licitación que considere criterios económicos, ambientales, sociales y de sustentabilidad para la asignación de las cuotas industriales. Este sistema favorecerá el ingreso de nuevos actores a la actividad, le dará transparencia al sistema y promoverá la sustentabilidad y la justicia distributiva en el país, ya que por esa vía el Estado podrá recibir las rentas de estos bienes pudiendo usarlas en beneficio de toda la sociedad o de los pescadores artesanales en particular, legitimando con ello el modelo. El Estado chileno tiene hoy la oportunidad de recaudar como mínimo $1.733 millones de dólares (si se licita con un plazo de 10 años) o incluso hasta $2.825 millones de dólares, si las cuotas se conceden para un horizonte de 25 años .

El ingreso de nuevos actores, como lo manifestó el Presidente Piñera, permite, además, que se  cumpla con la garantía del Artículo 19 Nº 21 y 23 de la Constitución de la República de Chile, que asegura a todos los chilenos el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y garantiza la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. De igual modo, si hay criterios procompetitivos como los máximos de acumulación de cuota, se limita la actual concentración del sistema, lo que favorecerá a la pesca artesanal por los motivos antes esgrimidos.

Desde el punto de vista económico, una subasta bien diseñada puede garantizar una asignación eficiente de los recursos. En cambio, establecer los recursos pesqueros por presencia histórica sólo garantizaría eficiencia en la medida que la historia reciente de captura haya sido eficiente. ¿Es así en el caso chileno? Dado el débil y cortoplacista esquema regulatorio imperante es difícil pensar que la pesca histórica sea reflejo de un uso eficiente de los recursos.

Licitar las cuotas industriales de pesca y no entregarlas gratuitamente a un grupo poderoso, privilegiado y minoritario generará riqueza para la sociedad toda, no sólo para los pocos beneficiados que se han enriquecido durante muchos años con su apropiación. La subasta constituye un cobro legítimo por el uso de bienes de todos los chilenos. Un mecanismo de licitación de cuotas bien diseñado asegura una asignación eficiente a quienes estén dispuestos a crear mayor valor a partir de las cuotas que compren. Además, la licitación pública de las cuotas industriales de pesca es el mejor método para acceder a recursos escasos como la pesca. Ello no sólo porque el Estado podría obtener cuantiosas ganancias económicas, sino porque es un método justo, transparente, eficiente y sustentable para administrar un bien al que todos los chilenos tenemos derecho a acceder.

Extender este privilegio por aún más años equivale a la entrega de un subsidio a un grupo de interés organizado, poderoso y multimillonario.

¿Será capaz  el Gobierno de resistir la presión ilegítima de los grandes industriales?  Próximamente lo sabremos.

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Foto: del planeta imaginario / Licencia CC
 

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Comentarios

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07 de julio

Creo que es muy injusto para los miles de trabajadores ligados a la industria pesquera que esta discusión se reduzca a argumentos tan básicos y alejados de la realidad como los que pretende expresar esta columna, particularmente en relación a que de no licitar se beneficiarían grupos poderosos.
Muchos trabajadores, veremos en riesgo nuestra fuente laboral si se realiza la subasta y aunque algunos mantengan su trabajo, nadie nos asegura que los derechos laborales se mantengan.

25 de agosto

Piensa positivo. Si hay licitación tendrás mas oportunidades de trabajo para los tripulantes industriales. ¿Quien va a licitar para no pescar? Se licitarán derechos de pesca, pero luego hay que capturar esos recursos, por lo que si ingresan nuevos actores, ellos necesitarán mano de obra calificada, y ahí entran ustedes, quienes viven de esto. Míralo como una nueva oportunidad de empleo. Lo importante de todo esto es que si se licita, sea de la fracción industrial, así los poderosos industriales ganaran unos pocos millones de dolares menos nada mas; pero si se licita de la fracción artesanal, estos últimos vivirán el comienzo del fin de la pesca artesanal, y sus efectos serán catastróficos para ellos y para sus familias.

11 de julio

Muy de acuerdo con lo planteado por el suscriptor: finalmente la falta de eficiencia del sector pesquero redunda en mayores precios que afectan a todos los consumidores. Por otro lado, tampoco es justo que el Estado haya optado por conservar las cuotas históricas sin someter a licitacion, ya que priva a los demás agentes económicos de la posibilidad de competir en igualdad de condiciones en este mercado.

En todo caso, y pese a que no comparto la actitud que han tomado los sindicatos vinculados a la industria pesquera en este tema, creo que es importante también tener presente su argumento sobre la protección que hay que darle a este sector laboral. Sería bueno que la autoridad incluya medidas tendientes a evitar una precarización del sector dado al eventual reemplazo de trabajos bien remunerados en la industria nacional por trabajos a bordo de buques factorías extranjeros de condiciones laborales “menos amables”.

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